Consejo de Gobierno
Canarias activa el proyecto de ley de Costas para blindar sus competencias ante la "cicatería" del Estado
Pablo Rodríguez remarca que la nueva norma busca poner fin a la "conflictividad permanente" con el Ejecutivo de España y dotar de más herramientas a ayuntamientos y cabildos
Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias este lunes. / LP
El Gobierno de Canarias inicia la elaboración del anteproyecto de ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias. Esta normativa, calificada como "prioritaria y fundamental" por el Ejecutivo, nace con el objetivo de ejercer de forma plena las competencias exclusivas en materia de ordenación y gestión del litoral que otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de 2018.
Invasión competencial
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó este lunes tras el Consejo de Gobierno que esta ley busca "acabar con la conflictividad permanente" con la Dirección General de Costas del Gobierno de España. Según el consejero, desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018, la relación con el Estado ha sido tensa, especialmente tras el traspaso en Costas en 2022 que calificó como "absolutamente insuficiente, cicatero e incluso contrario a la ley".
Rodríguez remarcó que el Estado se reservó competencias que deberían ser exclusivas de la Comunidad Autónoma, tratando de ir más allá del marco legal. Como ejemplos de esta "invasión", el consejero señaló la apertura de expedientes de derribo en poblaciones costeras con décadas de antigüedad y la interferencia estatal en concesiones de hoteles en Fuerteventura.
En este último caso, se trata de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica sobre la caducidad de la concesión y, por tanto, del eventual derribo del hotel Riu Oliva Beach en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura), un asunto que el consejero recalca que aún está judicializado.
Reparto con ayuntamientos y cabildos
La futura norma no solo busca seguridad jurídica, sino que se fundamenta en principios de desarrollo sostenible, gestión integrada y adaptación al cambio climático para los 1.126 kilómetros de costa del Archipiélago.
Rodríguez destacó que uno de los avances más significativos será el nuevo reparto competencial con los ayuntamientos y cabildos, permitiendo delegar funciones para lograr una gestión "más eficaz y eficiente".
El precedente de Galicia como aval
El Gobierno de Canarias encara este proceso legislativo con optimismo tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de costas de Galicia. El consejero recordó que, a pesar de que el Estatuto gallego no es tan explícito como el canario en esta materia, la justicia les dio la razón frente al recurso del Estado.
"Con ese precedente, iniciamos el camino para que el proyecto de ley entre en el Parlamento durante este año 2026 y se apruebe en esta legislatura", afirmó Rodríguez
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