Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones Estado-Comunidad Autónoma

Torres remite una carta a Clavijo sin fecha para abordar los traspasos

La respuesta del ministro a la petición para negociar el trasvase del REF y los aeropuertos es una declaración de intenciones sin día para reunirse

Fernando Clavijo se inclina hacia Ángel Víctor Torres para escucharlo durante un acto público.

Fernando Clavijo se inclina hacia Ángel Víctor Torres para escucharlo durante un acto público. / Carsten W. Lauritsen

Sin fecha para reunirse. Ni siquiera aproximada. La carta que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le remitió el 19 de enero al presidente Fernando Clavijo en respuesta a la solicitud de convocar una comisión bilateral donde abordar el traspaso a la Comunidad Autónoma de competencias en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y la gestión aeroportuaria es una mera declaración de intenciones sin concreción de una fecha, o de un abanico de posibles fechas, para abordar la cuestión.

En la misiva se explica de forma somera que la solicitud del Gobierno regional de iniciar las negociaciones para asumir competencias en aeropuertos e incentivos del REF no solo tiene que ser valorada por los ministerios de Hacienda y de Transportes, sino que el Estado tiene que elaborar una propuesta sobre la viabilidad jurídica y legal de los traspasos para ser remitida a la Comunidad Autónoma. Será entonces cuando se convocarán reuniones técnicas para concretar los detalles de las transferencias. Fuera de esto no hay en la carta referencia a ningún encuentro o reunión previa entre representantes del Estado y la autonomía.

En todo caso serán Hacienda -en el caso del REF- y Transportes -en la cogestión de los aeropuertos- los que tendrán la última palabra a la hora de decidir si lo que demanda Canarias es factible o no y hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno central. Torres se muestra dispuesto a valorar la solicitud «con el Ministerio de Hacienda, competente por razón de la materia», en el caso de la asunción de funciones de naturaleza gestora, interpretativa y de control asociadas a los incentivos fiscales del REF. Todo ello, cabe insistir, sin fechas ni plazos concretos.

La valoración del Estado consiste en analizar la viabilidad, base jurídica y contenido de la petición. Cuando finalice este análisis se elaborará una propuesta que será remitida a la Comunidad Autónoma y será entonces cuando se iniciará la negociación bilateral. La propuesta estatal podrá ser objeto de una reunión técnica entre las dos partes para terminar de perfilarla antes de la comisión bilateral, que tiene un contenido más político.

Un escenario similar es el de la reivindicación, más antigua que la del REF pero que no se había solicitado formalmente, sobre la cogestión de los aeropuertos canarios. Pero los dos ministerios implicados en estas competencias cuentan con dos ministros con incierto futuro.

En el caso de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, seguirá en el Gobierno hasta que se convoquen las elecciones autonómicas de Andalucía, en las que será la candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE. En el caso de Transportes, su titular, Óscar Puente, se encuentra en la diana de la oposición por los recientes accidentes ferroviarios, por lo que existe una fuerte presión política sobre su gestión.

Costas

Junto con estas dos demandas de competencias, el pacto CC-PP también incluye otras en el ‘decreto Canarias’. En la pasada legislatura se negociaron las transferencias en materia de costas, proceso con el que difiere el actual Gobierno, y por eso se reclama que el Estado traspase a la Comunidad Autónoma las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre.

La entrada del Ejecutivo autonómico en la gestión de los aeropuertos es una prioridad para el pacto, por lo que también en el texto que se ha elaborado para el decreto ley se incide en esta materia, de tal forma que no solo se demanda participar en la gestión, sino también tener representación en los órganos de dirección de Enaire y Aena e intervenir en la planificación plurianual de las inversiones, sobre todo las que hacen referencia a los aeropuertos de las islas no capitalinas. La intención es que no se tomen medidas que vayan en contra de la movilidad de los canarios.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents