Canarias admite los obstáculos para asumir el control de tributos nacionales

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) del Gobierno de Canarias, José Ramón Barrera, admite que pueden existir dificultades de tipo técnico para la delegación de los incentivos del fuero canario que recaen sobre los tributos estatales, como es el caso del Impuesto sobre Sociedades (IS). La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido que este impuesto no se puede desgajar, por su complejidad, y que es «inviable» y «técnicamente imposible» que la Comunidad Autónoma controle un incentivo que actúa sobre un impuesto que es del Estado y que deja de recaudar para que las empresas inviertan en la actividad económica y la creación de empleo en las Islas. El principal incentivo del REF, la Reserva para Inversiones (RIC), entra de lleno en el IS, ya que son los empresas las que no pagan el tributo a cambio de dotar la Reserva.

Barrera garantiza que con la petición de Canarias de gestionar los incentivos del REF no se vulnera la seguridad jurídica ni la continuidad del fuero ante la Comisión Europea. Barrera insiste en que el respeto a la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado es «esencial e incuestionable» y recuerda que los actuales mecanismos de evaluación que ya se desarrollan con el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios Fiscales podrían mantenerse en cualquier escenario de gestión compartida. «Cualquier avance en la gestión del REF debe mantener intactas las garantías de control, transparencia y coherencia con el derecho europeo. Ese es un principio compartido», subraya.

No obstante, Barrera sí rebate la afirmación del colectivo de inspectores sobre la falta de experiencia de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) para asumir una competencia de estas características. El comisionado defiende que la ATC «tiene experiencia y conocimiento suficientes», como ya ha demostrado con la gestión del IGIC y del Impuesto del Patrimonio, y niega que se pretenda sustituir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria: «La iniciativa canaria no altera la unidad del sistema tributario ni busca restar ingresos al Estado», añade.

El comisionado del REF garantiza que la petición del Archipiélago no vulnera la evaluación que exige la Unión Europea

El Ejecutivo regional enmarca esta petición en el ámbito de la «cooperación» y «colaboración» entre las dos administraciones tributarias, con el fin de dotar al fuero canario de una mayor rapidez y conocimiento de la realidad insular y que sea más útil al Archipiélago. En opinión de Barrera, se trata de abrir «un proceso técnico y ordenado» para estudiar mecanismos de cooperación y un «marco de colaboración» que no pretende sustituir al Estado.

Lo que sí cuestiona el comisionado son las dificultades que se encuentran debido a la «gestión centralizada» de los incentivos: los retrasos en la atención a las consultas de los contribuyentes, la excesiva demora para la devolución de los incentivos del cine, que desalienta a las productoras internacionales, o la aplicación de un criterio muy estricto que ha derivado en la negativa a considerar a las agrupaciones de interés económico como productoras, lo que ha supuesto el traslado de numerosos proyectos a otras regiones. «Canarias podría ofrecer mayor rapidez y una gestión ajustada a las necesidades del Archipiélago», recalca. Asimismo, el comisionado puso el acento en la importancia de reforzar la evaluación objetiva del impacto del régimen en la economía local y reiteró el profundo malestar que ha generado la encuesta que la Administración estatal ha puesto en marcha en las Islas tocante al REF.

En la actualidad, el acceso a determinados datos de las empresas que aplican incentivos del REF no es posible por las limitaciones que impone la Agencia Tributaria. Barrera señaló que avanzar en fórmulas que permitan el tratamiento estadístico anonimizado de esa información, con pleno respeto a la legalidad vigente, contribuiría a mejorar el análisis técnico del fuero. «Si el objetivo común es reforzar la seguridad jurídica y garantizar la correcta aplicación del REF, debemos apostar por más datos, más coordinación institucional y un diálogo técnico constructivo», concluyó en referencia a las impresiones de los inspectores.

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