Tirón de orejas del Parlamento de Canarias al Consejo Consultivo por su visión estatalista contra los cabildos

"La doble condición de los cabildos como gobiernos insulares e instituciones de la Comunidad Autónoma no puede ser un adorno retórico" en el texto del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, aseguró este miércoles en el Parlamento la presidenta de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, para defender la reforma de la ley de las corporaciones insulares que se tramita en la Cámara regional y, a la vez, criticar los reparos que a la misma elaboró el Consejo Consultivo: "Su análisis se sustenta en una visión que ha sido superada por el Estatuto".

Una tesis que fue respaldada por la totalidad de los grupos parlamentarios –salvo a Vox, que afirmó que "no suena bien" el intento de zafarse del límite salarial estatal para los equipos directivos cabildicios ni a que los funcionarios con habilitación nacional se les aplique la normativa autonómica– y que fue resumida por el portavoz de NC, Luis Campos: "La visión del Consejo Consultivo es extemporánea y no tiene en cuenta el Estatuto".

Por tanto, los portavoces trasladaron a los representantes de las corporaciones insulares que comparecieron en la Comisión de Cabildos que, en palabras de la socialista Nayra Alemán, serán sus "aliados" y trabajarán "de la mano" para presentar enmiendas que mejoren la redacción de los artículos y disposiciones conflictivas con el fin de no dejar ninguna duda sobre la constitucionalidad de una reforma legislativa que busca desarrollar el Estatuto de 2018 y reforzar su doble condición.

Lola García defiende que la doble condición de los cabildos "no puede ser un adorno retórico en un papel"

No dar un paso atrás

"Esta ley no va contra nadie y lo único que hace es reforzar el carácter bifronte de unas corporaciones que en un 70% ejercen funciones en competencias de titularidad autonómica ya transferidas. El propósito, por tanto, es que las leyes de este Parlamento se apliquen a los cabildos cuando actúen como institución autonómica. Lo contrario sería dar un paso atrás", aseguró el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Administración y Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano.

Tal y como consagra el artículo 70.2 del vigente Estatuto los cabildos insulares, como instituciones de la Comunidad Autónoma, ejercen funciones ejecutivas de carácter insular en un total de 22 competencias: demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación oficial de los municipios; ordenación del territorio; carreteras –salvo las que se declaren de interés autonómico–; transporte por carretera, por cable y ferrocarril; gestión de puertos de refugio y deportivos –salvo que se declaren de interés autonómico–; turismo; ferias y mercados insulares; defensa del consumidor; asistencia social y servicios sociales; conservación del parque público de viviendas; funciones de la Agencia de Extensión Agraria– infraestructuras rurales de carácter insular y granjas experimentales–; campañas de saneamiento zoosanitario; servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente; acuicultura y cultivos marinos; artesanía; cultura, deportes, ocio y esparcimiento; caza; residencias de estudiantes en la isla; espectáculos; actividades clasificadas y políticas para defender la igualdad de género.

Más allá

"Gestionamos políticas que van más allá de una diputación provincial o un ayuntamiento", insistió la presidenta de Fuerteventura.

El líder de NC, Luis Campos, afirma que los reparos puestos a la ley en el informe previo del Consejo Consultivo son "extemporáneos"

Esta realidad estatutaria llevó a la consejera de Presidencia del Gobierno regional, Nieves Lady Barreto, a apoyar una modificación que «no es una reforma menor, sino una actualización necesaria y estratégica para modernizar la gestión, fortalecer el autogobierno insular y adaptarlo plenamente al vigente Estatuto». "Se trata de consolidar los cabildos como instituciones claves en la vertebración de Canarias", culminó.

Y en ese camino, los representantes designados por los cabildos mantendrán contacto directo con los ponentes parlamentarios para que no exista ni la más mínima duda sobre la constitucionalidad de la nueva ley: "Quedamos a su disposición", afirmó el ‘canarista’ Luis Campos.

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