Los inspectores de Hacienda ven «inviable» que Canarias asuma los incentivos fiscales del REF

Inviable, imprudente, inoportuno y técnicamente imposible. Con estos contundentes términos los inspectores de Hacienda del Estado se pronuncian sobre la petición del Gobierno canario de negociar con el Ejecutivo central el traspaso de las competencias de gestión de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF). En su opinión, se pone en riesgo tanto la propia existencia del fuero canario de cara a la Unión Europea (UE) como la unidad del Impuesto sobre Sociedades (IS), un tributo estatal sobre el que se basa figuras del REF como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). La petición del Ejecutivo regional parte de un dictamen aprobado por amplia mayoría en el Parlamento canario en diciembre, elaborado por la comisión de estudio creada para la revisión del régimen especial del Archipiélago.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), colectivo que representa a este cuerpo de funcionarios, muestra su preocupación por el próximo inicio de negociaciones entre los dos gobiernos para la cesión de las competencias ante los «peligros» y «riesgos» que conlleva. Como ayuda de Estado en el ámbito de la UE, el fuero canario está sometido a controles y verificaciones que realiza la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que «garantiza ese control porque lo lleva haciendo desde siempre con medios materiales y humanos experimentados y nunca ha habido problemas», señalan fuentes de la asociación de inspectores de Hacienda, que teme que ceder este control a la Agencia Tributaria Canaria (ATC) suponga «un deficiente control que puede dar lugar a la pérdida de determinados beneficios fiscales del REF por parte de la Comisión Europea».

Antecedentes

Como ejemplo el colectivo recuerda lo sucedido con la Zona Especial de Madeira, incentivo considerado también ayuda de Estado con finalidad regional como el REF canario y que fue sancionada por la Comisión Europea con la retirada de esta condición por infringir la normativa y por la falta de control suficiente sobre la actuación de las empresas acogidas a los incentivos, incluso con sospechas de evasión fiscal. Para la Asociación la falta de controles adecuados puede generar serios riesgos para la continuidad del REF y, hoy por hoy, la ATC no cuenta con la experiencia y los medios adecuados para asumir esta competencia.

Desde el punto de vista técnico los funcionarios ven «imposible» desgajar el Impuesto sobre Sociedades (IS). Según los inspectores de Hacienda «que la Comunidad Autónoma compruebe una parte de un impuesto que es del Estado provoca muchas distorsiones, no tiene lógica desde el punto de vista técnico y sería inviable porque es de una complejidad enorme». En la práctica de la gestión e inspección tributaria es difícil compatibilizar el trabajo que pueda realizar la Administración autonómica sobre los beneficios fiscales con las labores inspectoras más generales que realiza la Agencia Tributaria estatal. Los inspectores inciden en que una parte importante de los que se acogen a los incentivos fiscales son empresas con domicilio fiscal fuera de Canarias, pero que cuentan con sedes permanentes en las Islas. «El IS es un impuesto donde todo está interrelacionado y desgajarlo supondría un escollo para su control efectivo», advierten.

Gestión del IGIC

La asociación que representa a los inspectores del Estado rechaza la comparación que realiza el Ejecutivo regional sobre la gestión que realiza la Comunidad Autónoma sobre los impuestos del REF, entre ellos el IGIC, ya que éste es un impuesto cedido que gestiona y recauda el Gobierno regional, mientras que el IS es un gravamen estatal y con los incentivos del REF el Estado deja de ingresar una parte del tributo a cambio de que las empresas inviertan en la economía y el empleo de las Islas. Por ello los inspectores ven «incoherente» que una Administración gestione beneficios fiscales que minoran los ingresos de otra Administración sin asumir responsabilidad presupuestaria alguna. Por ello se preguntan qué justificación existe para reclamar esta competencia cuando la Agencia Tributaria estatal ejerce un «control adecuado» sobre el fuero canario.

Una las principales peticiones que cuestionan tanto el Gobierno canario como las empresas y los asesores fiscales es la seguridad jurídica de los incentivos cuando se realizan consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, que suelen ser lentas y con interpretaciones que pueden perjudicar las dotaciones. Aunque IHE comprende la preocupación existente, avisa que «una cosa es que haya ese problema y otra utilizarlo como argumento para ceder la competencia a la Comunidad Autónoma, lo lógico es que sea un único órgano el que interprete la norma, se pueden buscar fórmulas de colaboración que ya se han creado en etapas anteriores para mejorar los tiempos de respuesta sobre las consultas vinculantes», añaden las fuentes.

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