El Tesoro bloquea el 2% de los pagos a nueve corporaciones locales canarias que no rinden cuentas

Cuatro meses de retraso y, pese a los requerimientos de la Audiencia de Cuentas –órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma– cuatro cabildos y seis ayuntamientos, a los que se suman seis mancomunidades, no han remitido la documentación relativa a sus cuentas generales del año 2024, que debían estar en poder de los auditores autonómicos el pasado 15 de noviembre. Concretamente, son las corporaciones insulares de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro y los municipios grancanarios de Moya, Santa María de Guía y Vega de San Mateo; los tinerfeños de Icod de los Vinos y El Tanque y, en La Palma, El Paso.

A todos ellos, tras el aviso dado por la Audiencia de Cuentas, la Dirección General del Tesoro de la Comunidad Autónoma ha procedido a adoptar medidas coercitivas contra estas corporaciones sobre la base del artículo 14.3 de la propia ley del órgano fiscalizador: una "retención del 2% de los pagos que hayan de recibir las entidades incumplidoras".

Este bloqueo no será permanente, pero se mantendrá, como dictamina la ley de la Audiencia de Cuentas, hasta que sea "cumplida la obligación legal de colaborar". En ese momento, "se levantará la retención de pagos".

Las incumplidoras mancomunidades

Como se desprende de los datos que maneja la Audiencia de Cuentas, el "sector más incumplidor ha sido siempre las mancomunidades" y, en el ejercicio de 2024 , seis de las nueve han sido objeto de retención: Centro-Sur Fuerteventura, Servicios Garachico-El Tanque, Isla de Lanzarote (Rensuital), Municipios de Las Medianías de Gran Canaria, Municipios de Montaña no Costeros de Canarias y San Juan de la Rambla-La Guancha.

No es la primera vez que la Audiencia de Cuentas saca los colores a las mancomunidades. En un demoledor informe del año 2023 el organismo auditor alertaba de que eran ineficaces, poco transparentes y la mayoría de ellas deberían ser extinguidas por el Gobierno de Canarias, además de que "se produce un alto incumplimiento en los plazos de remisión de la información relativa al control interno".

Oídos sordos

Los datos que obran en poder de la Audiencia de Cuentas para llevar a cabo su informe, demuestran que llueve sobre mojado, pues esta situación es prácticamente calcada a la que en abril denunció en el Parlamento en abril de 2025 el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, respecto a la rendición de cuentas de las corporaciones locales del año 2023. Los equipos de gobierno locales hacen oídos sordos no solo a los requerimientos de la Audiencia, sino que tampoco obedecen las resoluciones que aprueban los grupos parlamentarios para que solventen estas reiteradas negligencias.

La Cuenta General es el documento obligatorio que cabildos y ayuntamientos deben elaborar anualmente para reflejar su situación patrimonial, financiera y presupuestaria, y en la misma se incluye el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria, mostrando la gestión de ingresos y gastos.

El organismo fiscalizador, antes de poner sobre aviso a la Dirección General del Tesoro, lleva a cabo reiteradas llamadas y requerimientos a los responsables insulares y municipales, que caen en saco roto a la vista de los resultados. Además, ha trasladado a la Cámara regional un total de tres informes sobre esta irregularidad –el primero respecto al ejercicio de 2018, el segundo sobre los años 2019 y 2020 y el último respecto los años 2021 y 2022–que han desembocado en resoluciones parlamentarias instando a la rendición en plazo de las cuentas generales locales.

Deber democrático esencial

En este sentido, desde la Audiencia se recuerda que «la rendición de cuentas por parte de las entidades del sector público constituye no solo una obligación legal, sino también un deber democrático esencial que incumbe a todos los responsables de la gestión para posibilitar la participación política y ciudadana, además de aumentar la confianza en las administraciones». Por no hablar de lo fundamental que resulta en aras de las prácticas de buena gobernanza y transparencia.

Sin embargo, de los 88 ayuntamientos, 42 municipios no rindieron en plazo, representando el 48% del total y, por lo que respecta a los los cabildos insulares, solo el de La Gomera había remitido la documentación el 15 de noviembre, como estipula la ley. No obstante, tras los esfuerzos de los auditores autonómicos las cifras se han rebajado y solo hay tres cabildos díscolos –con retraso, y tras ser apercibidos, Tenerife, La Palma y Lanzarote mandaron los documentos fuera de plazo– y seis municipios, que son a los que se les aplican las medidas legales coercitivas.

Para corregir esos incumplimientos, en una de sus recomendaciones, la Audiencia de Cuentas instó al Parlamento a llevar a cabo reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a las entidades locales a que cumplan con la legislación y rindan sus respectivas cuentas generales en el tiempo legal establecido.

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