Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos

Algo se mueve entre los funcionarios de carrera autonómicos. El reciente acuerdo alcanzado entre la Dirección General de Función Pública y los sindicatos para mejorar las condiciones laborales del personal laboral con nuevos derechos ha sido la espoleta que ha incrementado el malestar y la irritación que existe entre los funcionarios, que denuncian la paralización desde hace años de sus derechos, entre ellos los concursos de traslados, que acumulan un retraso de dos años, o la jubilación parcial, congelada desde hace años sin que aún se haya desbloqueado. Empleados públicos descontentos con la actuación de los sindicatos se están movilizando a través de colectivos y asociaciones para recoger firmas y convocar posibles asambleas ante una situación que consideran de «maltrato» hacia este cuerpo formado por unos 4.000 trabajadores en el ámbito de la Administración General.

Por los diferentes centros directivos de la Administración autonómica, grupos de chats, redes sociales y en el boca a boca la situación está cada vez más enrarecida. De hecho ya están circulando escritos donde se recogen las reivindicaciones de los funcionarios y advierten con demandas y responsabilidades patrimoniales si Función Pública no mueve ficha. Recientemente se han producido dos juicios por recursos contencioso administrativos ante la dilación de la movilidad de los funcionarios, una circunstancia que también han denunciado varios sindicatos ante los tribunales.

El concurso de traslados, también llamado de méritos, es un derecho que tienen los empleados públicos para solicitar la movilidad de sus puestos de trabajo a otros departamentos de la Administración autonómica. Junto a la promoción interna se trata de un derecho legal que el Gobierno regional incumplió durante 14 años hasta que en 2021 se convocó los traslados a los que se acogieron unos 2.000 funcionarios de carrera, una medida que se resolvió en septiembre de 2022. La ley recoge y el Ejecutivo se comprometió a una convocatoria cada dos años para la movilidad de su plantilla, pero cerca de dos años después todavía no se ha convocado. El pasado año hubo un intento por parte de Función Pública de pactar las bases del nuevo concurso pero las organizaciones sindicales las rechazaron.

Plan del personal laboral

Los empleados afectados exigen «igualdad de trato» tras el acuerdo para el plan de ordenación del personal laboral, en el que este colectivo –formado por unos 7.000 trabajadores– consiguen equipararse en derechos con los funcionarios de carrera en cuestiones como la movilidad, la promoción interna, la carrera profesional, la jubilación parcial o la funcionarización de categorías. En este sentido advierten que no cuestionan que el personal laboral logre mejoras, sino que Función Pública acelere las negociaciones con los sindicatos en esta materia porque, mientras tanto, los funcionarios de carrera se ven imposibilitados de promocionar, de moverse de sus destinos o de ocupar plazas vacantes en otros departamentos. De hecho denuncian que la Administración sigue adjudicando plazas a personal interino o de nuevo ingreso sin ofrecerlas antes a los funcionarios de carrera que no pueden solicitarlas porque el Ejecutivo no convoca el concurso, lo que supone un incumplimiento flagrante de la normativa.

Entre las exigencias que se demandan a Función Pública figura la convocatoria inmediata del concurso de traslados con bases legales correctas, el compromiso por escrito del Ejecutivo de que la movilidad se hará cada dos años, el fin de las adjudicaciones a los nuevos ingresos sin oferta previa al personal de carrera y la igualdad de trato con la opción de la jubilación parcial también para los funcionarios. Sin embargo, esta última reivindicación no solo depende de la Comunidad Autónoma sino también del Gobierno central que tiene bloqueado este derecho de los empleados públicos, pese a la presión de las organizaciones sindicales en el ámbito estatal.

Estabilización

Los promotores de la movilización funcionarial también demandan que el Ejecutivo finalice el proceso de estabilización de los interinos, que debió terminarse en diciembre de 2024 y que aún no ha culminado del todo en las categorías más numerosas, entre ellas los auxiliares administrativos y el personal de servicios complementarios. También reclaman más transparencia en todos los procesos de provisión de puestos.

«Mientras los funcionarios de carrera permanecen bloqueados la Administración sigue nombrando interinos, realizando acumulación de funciones y adjudicando plazas estructurales a personal de nuevo ingreso sin ofrecérselas antes a quienes ya pertenecen al cuerpo o escala correspondiente», cuestionan. Desde el colectivo se anima a los empleados afectados que presenten más demandas en los juzgados y que presionen a los sindicatos, que han reclamado en repetidas ocasiones a Función Pública para que convoque el concurso de méritos y cumpla la legislación. También critican que estos incumplimientos les están ocasionando un perjuicio económico para las futuras pensiones.

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