El fiscal pide limitar la libertad de Inmaculada Medina por una de las piezas del 'caso Valka'

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, solicitará nuevas medidas cautelares para la exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, los anteriores responsables del área municipal de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, y el empresario Felipe Guerra por presunta corrupción en una de las piezas del caso Valka. El magistrado Rafael Passaro Cabrera deberá decidir en marzo, después de tomar declaración a los cuatro imputados, si adopta la prisión provisional o alguna restricción menos gravosa a la movilidad, como la retirada de pasaporte o la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días.

La primera ronda de citaciones está prevista, tras dos aplazamientos previos por cuestiones de agenda, para el día cuatro. El juez tomará declaración como testigos en esa jornada a los nuevos responsables de la concejalía, la edil Gemma Martínez Soliño y los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez.

Los primeros investigados que comparecerán en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria serán Padrón y Guerra, hacia quienes se ha acordado el decomiso de sus saldos bancarios hasta un máximo de un millón de euros. Ambos, que ya figuraban en este procedimiento desde el principio, están citados para el 17 de marzo.

La exedila está citada a declarar el próximo 20 de marzo y después se decidirá sobre su situación personal

El día 20 será el turno de las otras dos personas, Inmaculada Medina y Sergio González Cubas, investigadas tras la ampliación de la querella acordada a finales del año pasado. La exedila es la primera responsable política imputada por su relación con la presunta trama corrupta, lo que provocó su dimisión el pasado mes de noviembre y su posterior baja del PSOE.

En concreto, el magistrado llevará a cabo una comparecencia para tomar declaración a los investigados, aunque en todas las practicadas hasta la fecha en las distintas piezas separadas los implicados han optado por guardar silencio.

Comparecen tras dos aplazamientos

Acto seguido, practicará la comparecencia prevista en el artículo 505.2 de la Ley de Enjuiciamiento Penal, más conocida como la comparecencia de prisión provisional, si bien es necesario practicarla para poder adoptar otras medidas cautelares menos gravosas. Lo más habitual es solicitar esta audiencia tras la toma de declaración a los investigados, pero la petición se ha producido en este caso después de sucesivos aplazamientos y de forma previa.

En esta ocasión, en la que Medina y González Cubas continúan en libertad, puede conllevar que se adopten medidas privativas de libertad o bien restricciones a la movilidad. Durante la audiencia, las partes podrán realizar alegaciones o proponer medios de prueba.

Ródenas ve indicios de la comisión de delitos de malversación de caudales públicos agravado por un perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

El magistrado acuerda el decomiso de los saldos bancarios de Guerra y Padrón hasta un millón de euros

Esta pieza investiga un posible fraude de favor al empresario Felipe Guerra debido a los vínculos societarios que mantenía con Padrón. Los dos imputados mantuvieron negocios juntos en la empresa Esvertical entre 2014 y 2021, un periodo que también abarca cuando Padrón fue jefe del servicio municipal de Parques y Jardines.

En el foco se encuentran cuatro contratos suscritos entre el Ayuntamiento y la empresa Guerra Patrimonial FGG relacionados con el suministro de agua en los parques y jardines municipales del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya entre 2015 y 2024. En estos expedientes habrían intervenido los dos jefes del área y la exconcejala de Aguas, que firmó las facturas.

Facturas infladas

El juez averigua si confeccionaron facturas con datos de consumo inventados o inflados sin leer los contadores. La facturación del servicio cayó drásticamente a partir de diciembre de 2022 y los volúmenes de agua se situaron muy por debajo del mínimo, coincidiendo con la entrada como responsables del servicio de la concejala Gemma Martínez Soliño y los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez.

Además, la Fiscalía sostiene que el contrastista financió, con parte de los beneficios obtenidos, un préstamos personal a favor de Padrón por valor de 430.000 euros, lo cual presuntamente supuso un "retorno encubierto" para la desviación de caudales.

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