Canarias cambia la ley para evitar que los rescatados por negligencias se vayan de rositas

El Gobierno de Canarias prepara un cambio legal para evitar que los isleños sigan pagando el alto coste de los rescates por negligencias con el dinero que aportan a las arcas públicas. La nueva Ley de Protección Civil, con la que el Ejecutivo regional quiere modernizar la gestión de las emergencias, incluirá un régimen sancionador para aquellos operativos que desarrollen sus equipos de socorrismo como consecuencia de una imprudencia o temeridad de los afectados. 

La Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, ya trabaja en fijar las cuantías de las multas, según su responsable, Fernando Figuereo. Las sanciones serán proporcionales al elevado coste de estos dispositivos, que en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias realizan de forma mayoritaria los equipos del Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias (GES). El anuncio llega justo cuando se conmemora hoy el Día Europeo del Teléfono Único de Urgencias 112 con actos en las Islas.  

La tasa que nunca se cobró

La Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de Canarias, que entró en vigor en 2012, contempla una tasa por la prestación de los servicios de búsqueda, rescate y salvamento. El fin es que aquella persona que cometa una negligencia y precise una asistencia urgente asuma su responsabilidad y corra con los gastos.

Incluye los siguientes precios: 36 euros por hora y cada integrante del GES movilizado, 2.000 euros por cada hora de helicóptero, 40 euros la hora por cada vehículo, 300 euros la hora por la movilización del vehículo de puesto de mando avanzado y 300 euros la hora por cada embarcación.

La tasa nunca se ha cobrado, además de haber quedado desfasada. Lo admite el director general de Emergencias de Canarias. La complejidad de demostrar que se ha cometido una negligencia, el hecho de que los equipos de rescate carezcan de competencias para pedir datos personales o abrir un procedimiento administrativo –su misión se centra en el socorrismo– y la dificultad de exigir las cantidades en el caso de que el afectado sea extranjero son las tres principales razones de que en 14 años el Gobierno canario no haya aplicado este canon.

Consciente de la necesidad de que los rescatados negligentes no se vayan de rositas, la Dirección General de Emergencias apuesta por incorporar el régimen sancionador. La gestión de las multas correrá a cargo de la Policía Canaria. Según explica Fernando Figuereo, los agentes del cuerpo de seguridad autonómico «podrán asumir esta tarea porque tienen competencias para investigar cada caso y abrir el correspondiente expediente administrativo». «Ya de hecho están participando en diferentes operativos relacionados con la vigilancia de los espacios protegidos del Archipiélago», detalla.

Las impudencias, a la orden del día

La decisión se adopta en un momento en el que se han sucedido en Canarias operaciones muy arriesgadas y costosas de salvamento como consecuencia de incumplimientos de los visitantes en diferentes espacios naturales. Los dos más relevantes se produjeron en las costas de Tenerife y Lanzarote. El 7 de diciembre, cuatro turistas perdían la vida y otro resultaba herido al ser arrastrados por el fuerte oleaje en la piscina natural de Isla Cangrejo, en Santiago del Teide, al sur de Tenerife. Todos se habían saltado el precinto que prohibía el paso a esta zona de baño pues había alerta por mala mar.

Otro suceso similar ocurría el 25 de enero. Un turista estadounidense fallecía y dos amigos resultaban heridos por otro golpe de mar en Los Charcones, Lanzarote. Ese día también había alerta y varios carteles advertían de la peligrosidad de esa parte de la costa conejera, donde han muerto otras dos personas en los últimos cinco meses.

No solo ocurre en el mar. Solo la pasada semana se desplegaron diez operativos para auxiliar a 11 senderistas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. En la mayoría de los casos eran turistas de más de 60 años –la de mayor edad tenía 75– que se extraviaron o sufrieron accidentes por la falta de previsión.

El coste de cada despliegue es muy elevado. La cuantía total depende de múltiples factores, como la duración, el personal o los medios. Si se toma en cuenta la tasa que nunca se ha aplicado y se actualizan sus precios, un rescate de una duración de dos horas del GES, teniendo en cuenta que los equipos de sus helicópteros están compuestos por cuatro profesionales, superaría los 6.000 euros.

El número de rescates que coordina el Gobierno de Canarias es, además, elevado. En 2025 fueron un total de 216 por tierra, mar y aire. Tenerife lideró el ranking con mucha diferencia sobre el resto de islas, con 96 dispositivos de socorrismo. Le siguieron Gran Canaria (41), La Palma (24), Lanzarote (16), La Gomera (16), Fuerteventura (15) y El Hierro (6).

La imprudencia se paga

«Quien comete una imprudencia debe pagarlo», resume el director general de Emergencias sobre la filosofía de este régimen sancionador que prepara su departamento. Pero esta medida coercitiva no es la única en la que trabaja Emergencias para concienciar a locales y visitantes sobre la necesidad de respetar las banderas rojas, los cierres de zonas naturales o las alertas por mal tiempo.

«Estamos trabajando sobre todo con el sector turístico, pues muchas de las personas que protagonizan estas conductas dolosas, sea por desconocimiento, temeridad o negligencia, son visitantes», remarca Fernando Figuereo, que concluye que la intención es que «las alertas y los consejos lleguen a la mayor cantidad de turistas posible».

Suscríbete para seguir leyendo