Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones

La vida dentro de las prisiones de Tenerife II y Juan Grande (Las Palmas II) no se parece, en nada, a las películas. Lejos de la imagen del funcionario ‘maltratador’ que suele proyectar el cine y que, según denuncian los trabajadores, parece creerse el propio Gobierno de España, la realidad es la de un colectivo que se siente el «patito feo» del Ministerio del Interior. Nacho Fernández y Jacobo López, delegados del sindicato mayoritario de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) en ambas provincias, ponen voz al día a día marcado por insultos, puñetazos, mordiscos, amenazas, patadas, junto a las agresiones sexuales constantes que sufren las mujeres funcionarias, mientras luchan contra el abandono del Estado.

Sus históricas reivindicaciones llegan mañana al Parlamento canario a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada Vidina Espino, y que también ha trasladado al Congreso la parlamentaria Cristina Valido, aunque la vía política, hasta ahora, les ha fallado. Hasta 41 veces han llevado sus demandas al Congreso y, por rifirrafes entre el PP y el PSOE, no se han aprobado, denuncian los funcionarios.

La cuestión principal para su seguridad es ser reconocidos como agentes de la autoridad y como profesión de riesgo, de forma que su palabra tenga «presunción de veracidad», como la de un policía o un guardia civil, porque ahora mismo vale «menos que la de un reo», se quejan. Si lo fueran, explican, golpear, amenazar o agredir a un funcionario conllevaría penas de entre uno y cuatro años de prisión, pero ahora les sale gratis. «Son solo cambios en la legislación estatal que no cuestan dinero», sostienen.

De hecho, el Parlamento de Cataluña, que tiene las competencias en prisiones, acaba de convertir a los funcionarios en agentes de la autoridad, traspasos, dicho sea de paso, que Canarias puede pedir porque está contemplado en el artículo 146 del Estatuto de Autonomía. Con ese reconocimiento como agentes podrían, además, pedir indemnizaciones en caso de agresiones, que son diarias: 515 en 2025 en España, lo que supone una agresión cada 14 o 15 horas, datos extrapolables a Canarias, señalan.

Una situación de violencia normalizada

Los funcionarios de prisiones de Canarias aseguran vivir en una situación de violencia normalizada, invisibilizada y, en muchos casos, jurídicamente inexistente. Muchas agresiones no se denuncian y, si lo hacen, no llegan a nada porque no interesa desde el Estado «crear alarma» en las cárceles ,y se «maquillan los datos», aseveran. Algunas ni siquiera están tipificadas, como las de agresión sexual a las funcionarias.

En centros como Juan Grande, en Gran Canaria, un solo funcionario puede vigilar a más de un centenar de presos repartidos en varios espacios, explica Jacobo López. «Es inviable. Solo tenemos dos ojos», remarca. «Entramos al patio con un walkie y un boli», añade Nacho Fernández, de la prisión de Tenerife II, sin chalecos ni defensas, frente a internos que pueden actuar en grupo o portar armas caseras.

La masificación es una constante. Tenerife II fue diseñada para unos 700 internos –hoy reducida a 600 plazas tras el cierre de un módulo– y ahora conviven alrededor de 1.000 reclusos. Además, indica Nacho Fernández, esta prisión, de más de 40 años, tiene humedades, goteras y radiadores con dos décadas de antigüedad, que se rompen a cada rato y provocan caídas del sistema eléctrico desconectando la videovigilancia y las alarmas. En Juan Grande, abierta en 2011 para 600 personas, la población ronda las 900. Las plantillas, sin embargo, no han crecido. Al contrario: arrastran vacantes sin cubrir, por lo que otra de sus exigencias es que se refuerce el personal penitenciario (RPT).

La precariedad

A esa precariedad se suma la compensación por insularidad, congelada desde hace 18 años, que no cubre el sobrecoste real de vivir en Canarias y empuja a muchos trabajadores a pedir traslado a la Península en cuanto pueden. Según los sindicatos, actualizarla costaría apenas unos cinco millones de euros al Estado, ya que cerca del 80% se financia con fondos europeos.

A la presión del hacinamiento se añade un problema que los funcionarios consideran ya estructural: el aumento de internos con patologías psiquiátricas graves. Calculan que entre el 70% y el 80% de la población reclusa presenta algún tipo de trastorno mental. En toda España solo existen dos centros psiquiátricos penitenciarios. El resto convive en módulos ordinarios. En Tenerife II no hay psiquiatra y «nosotros no sabemos controlar la medicación», denuncia Nacho Fernández. «Y cuando no están medicados, agreden sin mediar palabra, a quien sea», explica.

Son los funcionarios los que tienen que resolver lo que ocurre dentro de los muros: apagar incendios provocados en celdas y entrar en espacios llenos de humo negro donde pueden encontrarse a presos con pinchos esperándolos; mediar en conflictos familiares; explicar procedimientos judiciales; contener crisis psicológicas... «Hacemos de psicólogos, trabajadores sociales, juristas y bomberos», exponen. Además, «la formación oficial en defensa personal es mínima. El resto nos lo pagamos nosotros fuera». remarcan.

En el caso de las mujeres, la violencia adopta formas especialmente silenciadas. Desde la unificación de escalas, cada vez hay más funcionarias en cárceles de hombres. Muchas trabajan en módulos con internos condenados por delitos sexuales. «Durante los recuentos se masturban delante de ellas, en los patios las acorralan y tocan sus partes íntimas...», denuncian ambos. Y no existe ningún protocolo específico para estas agresiones sexuales. Dentro de prisión, esas conductas no se consideran delito. «En la calle lo serían, allí no pasa nada», critican.

En Juan Grande, la situación sanitaria es crítica: no hay médicos presenciales. El único facultativo atiende por telemedicina desde su casa tras una enfermedad, lo que implica que aumente el número de salidas de presos. Cualquier dolencia obliga a sacar al interno al hospital, pero no existe un sistema estable de conducciones, que depende de la disponibilidad de efectivos de la Guardia Civil. Esta carencia está provocando la suspensión reiterada de traslados médicos y judiciales, por lo que otra de sus peticiones es una dotación específica dedicada exclusivamente al traslado de internos, además de personal sanitario básico en ambos centros penitenciarios. «No queremos ser los malos; queremos hacer nuestro trabajo y volver vivos a casa», subrayan.

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