El presidente Clavijo avisa: "No aprobar el ‘decreto Canarias’ castiga a los más vulnerables"

Cincuenta medidas, repartidas en 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Ese es el contenido del 'decreto Canarias' que, si no se aprueba por el Consejo de Ministros y no se revalida en el Congreso de los Diputados, "a quien se castiga no es a Fernando Clavijo, a quien se castiga es a los ciudadanos más vulnerables y a los trabajadores" del Archipiélago.

Así de contundente se mostró este lunes el presidente de Canarias tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó la comunicación sobre el texto del proyecto de real decreto ley, "serio, riguroso y solvente", que enviará al Parlamento para que sea debatido, y respaldado, en la sesión plenaria prevista para los días 24 y 25 de febrero. Una sesión en la que espera que se acabe el plantón político al texto puesto en marcha a finales de enero por el PSOE y NC-Bc, fuerzas a las que hizo de nuevo un llamamiento para "lograr una posición de unidad que nos otorgue fuerza" frente a la negociación con el Gobierno central, pues si no se consigue, habrá llegado al arco parlamentario el "ambiente tóxico de los debates estériles" que se producen en el panorama nacional.

"Si lo que se quieren es buscar excusas para no cumplir con Canarias, excusas que no encontramos cuando se tiene que cumplir con otros territorios, pues será que el Gobierno de España no quiere cumplir con Canarias y que lo firmado no lo quiere llevar a cabo", insistió el jefe del Ejecutivo.

Reto a Torres

Por ello, retó al secretario general del PSOE canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a que diga "exactamente qué artículo del decreto no está en la agenda canaria, en el Estatuto de Autonomía o en el presupuesto del Estado de 2023".

Clavijo, incluso, consideró "un tanto infantil" la postura de los socialistas canarios, encabezados Torres, de pedir que se elabore un decreto propio de la Comunidad Autónoma y asegurar que el texto de decreto elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno excede lo pactado con el PSOE y el PP para proceder a investir a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en 2023.

"Todos los artículos están en la agenda canaria, en el Estatuto de Autonomía, apoyado por el PSOE y el PP, y en los presupuestos del Estado para 2023 que se aprobaron en el año 2022. Y la situación de ambos gobiernos es distinta, nosotros hemos llegado aquí con la aprobación de tres presupuestos y no tenemos la situación de extrema fragilidad del Gobierno de España en el Congreso, lo que le impide siquiera tener un borrador de presupuestos, y eso impide que pueda cumplir los compromisos suscritos con Canarias", insistió el presidente.

La polémica sigue abierta

La polémica política, no obstante, se mantiene abierta a dos semanas del debate parlamentario, pues el propio Torres aseguró ayer en la capital grancanarias que "solo hay una coincidencia, que es el 75% de subvención para la ayuda a los residentes en el transporte. El resto es distinto".

Desde que el 12 del pasado mes de noviembre Clavijo citó por primera vez a los grupos parlamentarios para hacerles entrega del borrador del decreto y pedirles sus aportaciones los socialistas y los ‘canaristas’ insistieron en el mensaje de que el decreto iba más allá del acuerdo político suscrito en 2023 entre el PSOE y CC. Una tesis que volvió a repetir Torres al afirmar que el 80 % de los asuntos que el Gobierno de Fernando Clavijo quiere incluir en la norma legal no forma parte de la agenda canaria que suscribieron Coalición Canaria y su partido.

Como ejemplo, el líder socialista puso que se incluye extender la bonificación del 60 % del IRPF para La Palma hasta 2028, cuando se estableció concluirla en 2027, y que la misma se hace extensiva a La Gomera y El Hierro, islas que no estaban en el documento suscrito para la investidura de Sánchez. A ello se suma que el Archipiélago participe en la tributación del Estado o los más de 40 millones de euros para infraestructuras educativas.

Urgente y extraordinaria necesidad

En su exposición de motivos, el texto justifica la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley exclusivo para Canarias por "la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la agenda canaria y de garantizar que las políticas públicas y los proyectos que vertebran el archipiélago no se vean interrumpidos por razones ajenas a la voluntad ni al trabajo del pueblo canario".

El objetivo es, como explicó el presidente, superar los efectos negativos que ha tenido la prórroga continuada de los presupuestos estatales de 2023, lo que "ha impedido la materialización efectiva de asignaciones económicas imprescindibles para la prestación ordinaria de servicios públicos esenciales" en el Archipiélago.

El argumento fundamental y transversal del texto que se remitirá al Ministerio de Hacienda es que, y así reza en la norma, "Canarias no pide privilegios, sino justicia. No exige concesiones, sino cumplimiento. No demanda más que lo que en derecho le corresponde y lo que la historia le ha ido reconociendo, a veces tarde, a veces a regañadientes, pero siempre con la fuerza de los hechos".

Vivienda y transporte

El primer bloque del ‘decreto Canarias’ se refiere a las medidas de recuperación social y económica e incluye todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias, para lo que se reclama al Estado que aporte 160 millones de euros anuales.

A ello se suman dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en Canarias al solicitar al Estado la cesión ya para este año de suelo para la construcción de viviendas protegidas y se reclaman 105 millones tanto en 2026 como en 2027 para la ejecución de obras de vivienda asequible

Escudo social

El segundo bloque del articulado, dedicado al apoyo a colectivos vulnerables, busca fortalecer el escudo social en las islas. En este sentido, se reclaman la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza, un plan para los jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).

Por último, propone durante dos años una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen "medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales".

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