Los cabildos aceptan que su limite salarial lo fije una ley autonómica
Un informe encargado por la Fecai al experto constitucionalista Antonio Domínguez Vila sirve para elaborar las enmiendas a la ley

Foto de archivo de Rosa Dávila (i), Lola García, Sergio Rodríguez y Casimiro Curbelo (d). / Arturo Jiménez

Los cabildos aceptan cambiar la redacción de la polémica disposición de la futura ley de cabildos con la que pretendían liberarse de la tutela del Estado a la hora de fijar los límites de los salarios de los altos cargos de sus órganos directivos. Tal y como dijo el Consejo Consultivo en su dictamen preceptivo, al ser instituciones de la Comunidad Autónoma, "debería establecerse en la norma cuál sería su régimen retributivo que, habida cuenta de esa naturaleza, no podría ser otro que el autonómico".
Por tal motivo, esta es una de las enmiendas que la Federación Canaria de Islas (Fecai) remitió a los grupos parlamentarios tras su reunión de este lunes con el fin de que se tramiten en el Parlamento canario para solucionar los reparos del Consultivo a varios artículos de la ley, que calificó de "inconstitucionales" y "contrarios a Derecho".
Fuentes de la Fecai asumen que "lejos del ánimo de los cabildos estaba quedar liberados y aplicar un régimen contributivo ajeno a las leyes estatales o autonómicas, por lo que hay que cambiar la redacción".
Informe 'ad hoc'
Esta es una de las conclusiones del informe que el Cabildo de Tenerife encargó a Antonio Domínguez Vila, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) y director de la Cátedra Cultural de Estudios Constitucionales y Autonómicos Gumersindo Trujillo, para analizar los reparos del Consultivo y lograr que el texto legislativo sea "impecable" desde el punto de vista jurídico.
Ese informe ha servido para elaborar las enmiendas que consideran que deben presentar los grupos parlamentarios y también sustentarán los argumentos favorables a la ley que los representantes insulares defenderán en el Parlamento en la comisión que se celebrará el 18 de febrero.
El dictamen también señaló la inconstitucionalidad de pretender que los funcionarios que ocupen puestos de libre designación o cargos directivos en un cabildo queden en excedencia voluntaria con reserva de su puesto de origen durante cinco años.
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