Con Franco la vida no era un carnaval

Al régimen franquista le incomodaba profundamente todo aquello que escapara a su control. La crítica social y la cultura popular han ido históricamente de la mano, y el Carnaval era un terreno fértil para ambas. Por eso, la dictadura de Franco trató de erradicar cualquier manifestación colectiva que facilitara la libre expresión y el debate en el espacio público.

El Carnaval, por su propia naturaleza, suponía una amenaza, por ser una fiesta que invertía el orden social a través del disfraz, que recurría a la sátira para cuestionar a la política y a la religión y que promovía una desinhibición colectiva alimentada por la música y el alcohol. En un contexto de censura y moral estricta, aquella explosión de libertad resultaba incompatible con los valores del régimen, que optó por prohibirla y relegarla a la clandestinidad.

Sin embargo, la suspensión del Carnaval fue incluso anterior a la consolidación de la dictadura. En plena Guerra Civil, el nuevo poder militar decretó la cancelación de las fiestas en todo el país. Así lo recogía el Boletín Oficial del Estado del 5 de febrero de 1937, donde se hacía explícita la prohibición: «Este Gobierno General ha resuelto suspender en absoluto las fiestas de Carnaval».

La medida, de carácter estatal, marcó el inicio de una larga etapa de censura y control sobre una de las expresiones culturales más populares y críticas de la sociedad española.

A pesar del veto oficial, la ciudadanía encontró la forma de mantener viva la tradición. Bajo una estricta vigilancia, los vecinos se agrupaban para cantar y celebrar, siempre que se evitara cualquier referencia explícita al término Carnaval. La fiesta sobrevivió camuflada bajo otras denominaciones impuestas por el régimen. En Cádiz pasó a llamarse Fiestas Típicas Gaditanas y en Canarias, Fiestas de Invierno.

La represión no logró erradicar por completo la celebración del Carnaval, que en algunas zonas de las Islas consiguió sobrevivir de forma clandestina. En Tenerife, estas celebraciones ocultas llegaron incluso a contar con la tolerancia, y en ocasiones la protección, del capitán general de Canarias.

En Agaete, el alcalde Martín del Rosario Expósito permitió la celebración del Carnaval en 1960, pese a las quejas de la Iglesia. Una década más tarde, y en un contexto de mayor relajación del control franquista, las festividades vinculadas al Carnaval comenzaron a extenderse progresivamente a otros municipios del archipiélago.

El barrio palmero de El Retamar vivió el pasado 27 de enero una importante jornada para la memoria de los represaliados del franquismo. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane restituyó la memoria de las familias que fueron sancionadas el 15 de febrero de 1961 por desafiar las leyes del régimen, al sacar a pasear el pelele del «pirata Galvao» durante el carnaval, a pesar de la prohibición expresa y de los avisos de la Iglesia.

Aquel año, un grupo de alrededor de cien personas salió a la calle para celebrar este particular entierro de la sardina. Diez personas fueron sancionadas con multas que oscilaban entre 50 y 100 pesetas, lo que equivaldría a unos 7.189 € actuales. Muchas de aquellas familias humildes tardaron meses en poder afrontar el pago.

María Victoria Hernández, cronista oficial de Los Llanos de Aridane y ponente de la Ley de Memoria Histórica, ha propuesto iniciar un expediente municipal para aplicar la Ley de Memoria Democrática y devolver el dinero de los vecinos que fueron sancionados económicamente.

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