El auge de las compraventas triplica en tres años la recaudación en plusvalía

El fuerte repunte de las compraventas inmobiliarias en Canarias en los últimos tres años ha tenido un reflejo directo en la recaudación de la plusvalía municipal, uno de los principales impuestos ligados al mercado de la vivienda. Los ingresos por este tributo prácticamente se han triplicado desde 2022, según las cifras oficiales, en un contexto de intensa actividad inmobiliaria y con un marco fiscal que, por ahora, se mantiene sin cambios tras la caída del decreto ómnibus del Gobierno.

En 2022, los ayuntamientos canarios ingresaron alrededor de 20 millones de euros por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía. Un año después, la recaudación se duplicó con creces hasta los 42 millones y en 2024 alcanzó los 54,9 millones. El último ejercicio cerrado, 2025, se saldó con 57,6 millones, lo que supone casi tres veces más que hace solo tres años, una evolución estrechamente ligada al auge de las transmisiones de vivienda y suelo urbano en el Archipiélago.

En el aire

Este crecimiento coincide con la decisión del Ejecutivo central de mantener sin cambios los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del impuesto. La revisión prevista quedó en el aire después de que decayera el real decreto ómnibus que incluía esa modificación y que no fue recuperada en los decretos aprobados esta semana. La actualización planteada contemplaba un ajuste de los coeficientes que habría elevado la carga fiscal en las transmisiones realizadas pocos años después de la compra del inmueble, una medida orientada a desincentivar la rotación rápida de viviendas y las operaciones de carácter especulativo.

Con la caída del decreto, los ayuntamientos seguirán aplicando los parámetros actuales para el cálculo del impuesto. En la práctica, esto supone que continúan vigentes los coeficientes aprobados en 2024, ya que los previstos para 2025 también fueron rechazados en el Congreso y los correspondientes a 2026 ni siquiera han llegado a entrar en vigor. La ausencia de una actualización mantiene sin cambios la carga fiscal en las transmisiones inmobiliarias y aporta estabilidad normativa a corto plazo, tanto para las corporaciones locales como para los contribuyentes.

Pese a la recuperación de los ingresos, la plusvalía aún no ha regresado a los niveles previos a la pandemia y al vuelco legal provocado por los tribunales. En 2020, antes del estallido de la crisis sanitaria, los municipios canarios recaudaron 81,4 millones de euros por este impuesto. En 2021, la cifra se mantuvo prácticamente igual, en 81,2 millones, pero ese fue el último ejercicio antes del desplome.

El punto de inflexión llegó a finales de 2021, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el método de cálculo que venían utilizando las corporaciones locales, obligando a reformar el impuesto. El fallo supuso un duro golpe para la financiación municipal y se tradujo en un hundimiento inmediato de la recaudación. En 2022, los ingresos cayeron a mínimos históricos, con apenas 20 millones en el conjunto del Archipiélago, frente a los más de 80 millones de los años anteriores.

Por provincias, el impacto también fue evidente. En 2021, los ayuntamientos de Las Palmas ingresaron cerca de 39,5 millones y los de Santa Cruz de Tenerife, 41,6 millones. Un año después, esas cifras se redujeron de forma drástica hasta unos 13 millones y 6,9 millones, respectivamente, reflejo del parón administrativo y de la adaptación a las nuevas reglas del juego.

La plusvalía grava el incremento de valor de los terrenos urbanos cuando se produce una transmisión, ya sea por venta, herencia o donación, y ha sido durante años una de las figuras fiscales más controvertidas del ámbito local. Aunque la recaudación vuelve a crecer al calor del mercado inmobiliario, los ingresos municipales siguen lejos de los niveles previos a la reforma de 2021.

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