Lorenzo Bragado aplaude la incorporación de nuevos jueces para agilizar la Justicia canaria
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias alerta del grave déficit de jueces y reclama una mayor atención a las Islas

Jura de nuevos jueces ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias / Andrés Cruz
Benyara Machinea
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha dado la bienvenida este viernes a los nueve jueces que se incorporarán a las Islas y ha celebrado esta medida como una forma de paliar el déficit de profesionales y de agilizar las respuestas de los tribunales. "Os unís a un sistema que está sobrecargado y que os necesita urgentemente", subrayó el magistrado, que también les advirtió de que algunos van a convertirse en titulares en destinos que presentan "notables cargas de trabajo".
Los integrantes, pertenecientes a la septuagésima cuarta promoción de la Carrera Judicial, juraron sus cargos en un acto institucional celebrado en la sala de vistas del Palacio de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria. Todos ellos han terminado su formación en la escuela del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Barcelona y ya tienen asignados sus futuros destinos en las Islas.
En concreto, reforzarán el trabajo en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Güímar (Tenerife) Laura Cedrés Marrero y María José Núñez Guerrero, que se incorporarán respectivamente a las plazas número 2 y 3 de dicho órgano. Por otra parte, Juan Tellería Gómez asumirá la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía, en Gran Canaria.
"Os unís a un sistema que está sobrecargado y que os necesita urgentemente"
Completan la lista otros seis jueces en expectativa de destino, que asumirán el mando o realizarán tareas de refuerzo en otros órganos judiciales de las Islas. Los profesionales destinados a la provincia de Las Palmas son Carmen Esther Morán Sánchez, que asumirá la plaza 1 como refuerzo transversal de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria; Ana Andrés Domínguez, que asumirá la plaza 1 en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario; y Estefanía Vivero Martínez como refuerzo transversal en la plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.
También se ha acordado que se incorporen a los tribunales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Anaïs Lucía Galván García, destinada a la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 5 de la capital tinerfeña; Santiago Ramos González como refuerzo de la plaza 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de San Cristóbal de La Laguna; y María Luis Alvargonzález para reforzar la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.
Entrada en los tribunales de instancia
"Es una tarea difícil, más con la entrada de los tribunales de instancia, porque la reforma puede ser estupenda en algunos partidos y lograrse con cierto tiempo, pero en otros más pequeños resultar muy complicada", admitió Anaïs Galván García. La jueza tinerfeña, que se incorporará como sustituta en la capital, describe este último paso como el momento que "culmina todo" tras salir de la escuela en 2014 y pasar el siguiente año realizando prácticas.
Por otro lado, Laura Cedrés Marrero, tinerfeña que asumirá la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Güímar, reconoció que los últimos cuatro años preparando las oposiciones "se hicieron duros", pero ahora tiene "muchas ganas de empezar" a ejercer en su próximo destino. "Tengo experiencia en civil, en la celebración de juicios y en el dictado de resoluciones, pero ahora toca afrontar hacer guardias e instrucción, que es una parte que me gusta mucho y tengo ilusión de sacar el juzgado adelante", apuntó.
Otro de los que se incorporan es el vallisoletano Juan Tellería Gómez, que empezará a trabajar en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía. "Era el momento de hacer de hacerlo porque quería un cambio, así que decidí venir a Las Palmas, donde tengo muy buenos compañeros respaldándome", remarcó el juez, que logró sacarse las oposiciones en cinco años.
El 70% de la promoción son mujeres, con una media de cinco años en opositar
Se trata de una parte de los 121 integrantes de la promoción que se incorporarán a los tribunales de todo el país. Las mujeres representan una amplia mayoría al constituir un 70% de los nuevos jueces, como viene ocurriendo desde el año 1997. La edad promedio es de 29 años y, lo más habitual, es que tarden una media de cinco años y cuatro meses en prepararse las oposiciones y que no provengan de familias que ejerzan alguna profesión jurídica.
Además, según los datos del CGPJ, cuatro de cada diez nuevos jueces (un 38%) vienen de un entorno en el que ninguno de sus progenitores tiene estudios superiores, frente al 35% de casos en los que tanto el padre como la madre son licenciados. Canarias, en este ranking, es la sexta comunidad autónoma que más jueces ha aportado a la nueva promoción. Es el caso, destacado, de Paulino Martín, nacido en el barrio de Zárate de Las Palmas de Gran Canaria y que juró este viernes su cargo para incorporarse a su próximo destino en Tarragona tras sacarse las oposiciones a sus 64 años.
Los perfiles de la nueva promoción
Si hay un ámbito que atrae a los próximos magistrados es la jurisdicción penal, la más elegida por los integrantes de la última promoción, que se ven enjuiciando asuntos de violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria. Le sigue la jurisdicción civil, que engloba los casos de familia y mercantil, la cual fue escogida por un 33% de los encuestados. Mientras tanto, un 2,8% se decanta por el orden contencioso-administrativo y un 2,2% por el social.
El motivo por el que la mayoría decidió ingresar en la carrera judicial fue su interés por el Derecho (en un 74% de los casos), seguido por la función de los jueces como garantes de derechos fundamentales (72%), por la independencia e imparcialidad de su función (69%) y al entender que la Administración de Justicia es un servicio público al que deben contribuir (66%).
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