La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias

La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en las administraciones llega con un retraso de ocho años a todos los empleados públicos. La aplicación de esta medida ha sido irregular desde que se abrió la puerta a la misma en 2018. De hecho es la Administración General del Estado la que se ha quedado atrás en comparación con las comunidades autónomas y una buena parte de las corporaciones locales, que han aplicado esta jornada de forma paulatina entre sus empleados desde que se abrió la posibilidad a través de las negociaciones entre los representantes de las administraciones y las juntas de personal y comités de empresa. A finales de enero, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública anunció su intención de implementar el nuevo horario antes de finalizar el primer trimestre de este año. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de empleados públicos en Canarias de las diferentes administraciones se sitúan cerca de los 160.000, lo que marca un nuevo récord de creación de empleo público en las Islas.

En el caso de Canarias tanto la Comunidad Autónoma como los cabildos y la mayoría de los ayuntamientos tienen implantada la jornada de 35 horas entre los empleados públicos. Las medidas anticrisis establecidas en los presupuestos del Estado de 2012 fijaron el horario de trabajo en el sector público en las 37,5 horas a la semana. Esta situación duró seis años hasta que en la ley de presupuestos del Estado de 2018 se introdujo la opción de establecer la jornada semanal en 35 horas siempre y cuando se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. La norma estableció que cada Administración Pública podría establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de las establecidas con carácter general.

A partir de ese momento las organizaciones sindicales y los representantes de los trabajadores comenzaron a introducir en sus reivindicaciones este tipo de jornada en las mesas de negociación de los diferentes niveles de la Administración, de tal forma que la gran mayoría de ayuntamientos canarios, así como los cabildos y la Comunidad Autónoma la han ido implantando en los últimos años. Aún quedan corporaciones municipales, sobre todo las más pequeñas, que no han terminado de consolidar este horario debido a la falta de personal o a las dificultades para ampliar la plantilla.

Horas recuperables

Los cuatro municipios más habitados de Canarias -Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde- además de los cabildos de las islas capitalinos fueron de los primeros en implantar esta jornada en el Archipiélago, de tal forma que el resto de los ayuntamientos han seguido la estela y han ido acordando el horario laboral de sus empleados reduciéndolo en dos horas y media de lunes a viernes. Para aquellos empleados que trabajan en servicios que requieren turnos -policías locales, bomberos, limpieza, etcétera- lo habitual es que se haga un cómputo anual de la jornada con las mismas horas que el resto de las plantillas y se adapten los turnos a lo largo del año ajustándolos con las libranzas.

Una de las bazas utilizadas en las negociaciones por las organizaciones sindicales para fijar la jornada de 35 horas es la figura de la bolsa de horas recuperables, de tal forma que el horario semanal en la práctica es de 35 horas y las dos horas y media restantes se van acumulando en una bolsa anual que después puede ser utilizada o no por la Administración en función de sus necesidades.

Los que se estaban quedando atrás en el sector público eran los empleados de la Administración General del Estado. Los recortes de la crisis económica iniciada en 2008, la congelación que supuso la crisis de la pandemia del covid, la falta de presupuestos y la inestabilidad política en el ámbito nacional han retrasado la implantación de la jornada, pese a la presión sindical. Los empleados públicos del Estado habían visto congelados varios derechos laborales y la maquinaria de la Administración estatal ha sido más lenta que la autonómica o municipal en estos años.

Tres años después del acuerdo marco firmado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos el Ejecutivo ya se ha abierto la puerta a aplicar la jornada de 35 horas en la Administración del Estado. Hace algunas semanas se intensificó la polémica al insinuar el Ministerio la vinculación de esta medida a la aprobación de los presupuestos estatales de 2026, una circunstancia difícil de conseguir después de los fracasos de 2024 y 2025. Hace unos días el Ministerio comunicó a las organizaciones sindicales que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), para cumplir con lo acordado en el pacto que terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2024. Distintas fuentes barajan que su implantación podría estar lista en el primer trimestre de este año, aunque resaltan que la complejidad de la medida podría condicionar estos plazos.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha indicado que propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, que reflejen el recorte del tiempo de trabajo hasta las 35 horas semanales con el fin de adaptarla a los distintos servicios y modalidades de trabajo.

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