Madrid adjudica al fin la renovación de los sistemas para evitar apagones en Canarias

La renovación del sistema eléctrico de Canarias da un paso decisivo tras la resolución definitiva, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de la adjudicación a cuatro operadores de más de mil megavatios (MW) para incrementar la potencia de generación eléctrica y evitar los apagones por la obsolescencia de los equipos. Los adjudicatarios de este concurso en las Islas son Unelco (filial de Endesa), Sampol, Disa y la sociedad Canary Carreteras, del grupo Satocan, que suman 62 grupos de generación, de los que 34 son nuevas instalaciones -un total de 25 son nuevas en sentido estricto y nueve son inversiones adicionales en grupos ya existentes-. El Ministerio asegura que en todos los subsistemas eléctricos que se van a renovar hay potencia suficiente para cubrir las necesidades y garantizar el suministro con una cobertura hasta 2029. Es más, incluso se superan los MW de la convocatoria.

El Gobierno canario ha reaccionado con satisfacción a la resolución del concurso pero no sin recordar la necesidad de realizar un esfuerzo extra en islas que aún adolecen del riesgo de apagones e incidencias por sus debilidades estructurales, como es el caso de La Palma, que requiere de soluciones de emergencia y un concurso de almacenamiento energético lo más pronto posible. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, aseguró ayer que la decisión del Ministerio es «un paso al frente importante en la seguridad del suministro en la mayoría de las Islas» y valoró el diálogo existente entre los dos Gobiernos en esta materia para cubrir las deficiencias que arrastran desde hace años los subsistemas eléctricos insulares.

Aunque La Gomera y El Hierro solo han logrado que se extienda la vida útil de sus instalaciones hasta 2031, porque el operador del sistema -Endesa- no ha presentado nuevos proyectos de renovación, Hernández Zapata coincide con el Ministerio de Transición Ecológica en que la isla del meridiano dispone de una importante cobertura energética con Gorona del Viento, mientras que la isla colombina cuenta con una mayor garantía en el suministro eléctrico con el nuevo cable submarino que la conecta con Tenerife y que se inauguró ayer en un acto oficial en San Sebastián. Según el departamento ministerial, tras la retirada de algunas de las ofertas provisionales se han sustituido por otras soluciones que permiten cubrir las necesidades de suministro. No obstante, el Ministerio advierte que ya se ha solicitado un informe al operador del sistema, en un plazo de 15 días, para que evalúe las necesidades de cobertura a 2031 con el fin de activar los próximos concursos, entre ellos el de La Palma que reclama el Ejecutivo regional.

Las demandas del Gobierno canario también se han visto recogidas en la resolución del Ministerio con cuestiones como el cierre de las centrales de El Charco, en Fuerteventura, y de Candelaria, en Tenerife, además de la negativa al proyecto de la central de gas y generación eléctrica que presentó la empresa Totisa en el Puerto de La Luz, que fue desechado por su impacto medioambiental.

La resolución de este concurso llega después de 13 años desde que las centrales y los equipos de generación debían de haberse sustituido, lo que ha provocado una prolongación de la vida de la infraestructura eléctrica que ha desembocado en un deterioro de la misma y en los apagones que han sufrido varias islas en los últimos años. Para el consejero de Transición Ecológica, el resultado de este proceso marca un punto de inflexión en la planificación energética del Archipiélago, «por la que llevábamos esperando más de doce años», pero insistió en que «no podemos conformarnos: «El objetivo es construir un sistema moderno, resiliente y preparado para acelerar la transición energética en todas las islas».

El Ministerio garantiza la financiación de las medidas extraordinarias en las que trabaja el Gobierno regional con unos 400 millones de euros en tres años para instalar cerca de 250 MW para que estén operativos antes del 31 de diciembre de 2028. Asimismo, desde 2018 se ha duplicado la potencia instalada de origen renovable y el Archipiélago ha recibido más de 750 millones en ayudas de diferentes programas de los fondos europeos para acelerar la transición energética. Desde el punto de vista normativo también se pretende cambiar aspectos técnicos y legislativos para facilitar una mayor integración de renovables y almacenamiento.

Los grupos nuevos que se instalen tendrán derecho al régimen retributivo adicional por un periodo de 20 años. En el caso de los que ya existen pero necesitan una inversión para actualizarlos, este se reduce, dependiendo de que esta sea mayor o menor, a entre cinco y diez años. Por último, aquellos que estén hoy en día en perfecto uso gozarán de cinco años más de este régimen. El coste económico en función del estado de las máquinas ha estado presente a la hora de la valoración, según se recoge en la resolución realizada por Transición Ecológica.

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