Los cabildos suben más los sueldos de sus altos cargos que el gasto global

Los cabildos quieren liberarse de las ataduras impuestas por el Estado para establecer las retribuciones de sus órganos de gobierno y cargos directivos sin depender de los límites estipulados en los Presupuestos del Estado y en la Ley de Bases del Régimen Local. En la nueva ley de cabildos que impulsó la Federación Canaria de Islas (Fecai) y que tomaron en consideración todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, se incorporó una disposición adicional cuarta para quedar liberados de esas ‘cadenas’. Una pretensión que el Consejo Consultivo dictaminó que "no se ajusta a Derecho" y es "inconstitucional" y que será objeto de debate en la próxima Comisión de Cabildos prevista para el 18 de febrero con el fin, precisamente, de abordar este informe preceptivo y comprobar si los cabildos y los grupos aceptan enmendar el texto.

Pese a esta pretensión de los cabildos de zafarse de la tutela salarial impuesta por el Estado, la realidad demuestra que no necesitan tal ‘independencia’.

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda confirman que desde el año 2019 –antes de la pandemia– hasta 2024, correspondientes a la liquidación final, el gasto en personal creció un 47% mientras que el desembolso total en gastos de bienes y servicios, transferencias de capital e inversiones solo se incrementó un 39%, ocho puntos menos.

Este desfase es aún más escandaloso si cabe si se computa lo que los propios cabildos calcularon que iban a gastarse el pasado 2025 y que aún no han liquidado. En este caso el incremento es casi el doble: de 2019 a 2025 los sueldos de los altos cargos subieron un 71% frente al 36% de los gastos totales.

Más sueldo que Clavijo

Este aumento salarial se percibe aún más si se pone la lupa en los presidentes. Rosa Dávila, titular del Cabildo de Tenerife, cobra 91.426 euros brutos al año –más del doble que los 44.994 euros que fueron sus emolumentos en el segundo semestre de 2023, cuando accedió al cargo– y su homólogo de Gran Canaria, Antonio Morales, percibe 77.081 euros, más que lo cobrado en 2023. Ambos ganan más que el presidente del Gobierno regional, la máxima autoridad estatutaria de la Comunidad Autónoma, pues el sueldo de Fernando Clavijo es de 76.824 euros brutos al año y lo tiene congelado desde que fue investido hace dos años.

Son los últimos datos oficiales, referidos a 2024, publicados por el Sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) dependiente del Ministerio de la Función Pública que pilota Óscar López.

Este gran incremento de los sueldos de los presidentes cabildicios no se circunscribe solo a los de las dos islas capitalinas, es transversal a todas las Presidencias, salvo en el caso del herreño Alpidio Armas, que cobra unos 13.000 euros como maestro jubilado, y Casimiro Curbelo, que percibe el salario de diputado en el Parlamento regional. Así, el de Lanzarote percibe 76.167 euros brutos –antes de la pandemia el sueldo era de 54.000 euros –el de La Palma -60.769 euros– o la presidenta de la Fecai y de la corporación insular de Fuerteventura, Lola García, que si bien no actualizó sus datos en el ISPA de 2023 y 2024 en el portal de transparencia de la corporación insular certifica cobrar 64.380 euros brutos al año, 3.000 euros más que sus antecesores antes de la pandemia.

Doble condición estatutaria

La idea que late en la pretensión de los cabildos que se les reconozca su doble condición estatutaria de ser, a la vez, instituciones de la Comunidad Autónoma y órganos de gobierno de la entidad jurídica llamada isla, por lo que no deben estar constreñidos a normas que les equiparen con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

No obstante, el Consultivo también avisa que esa "inaplicación de los límites retributivos de miembros de corporaciones locales en los cabildos insulares" no sería total, pues si son considerados "instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, debería establecerse en la norma cuál sería su régimen retributivo que, habida cuenta de esa naturaleza, no podría ser otro que el autonómico". Es decir, el límite lo establecerían las normas canarias.

No solo la parte relativa a los emolumentos de los órganos de gobierno y altos cargos cabildicios recibió un correctivo por parte del Consultivo, que también rechazó la regulación de la situación de empleados públicos de los cabildos insulares que ocupen puestos directivos en otra Administración pública, estableciendo servicios especiales o excedencia especial.

Al respecto, el informe emitido considera que esta regulación "es inconstitucional", ya que "invade competencias" del Gobierno central, "dado que las situaciones administrativas de los empleados públicos están reguladas de forma básica por la legislación estatal".

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