Aluvión de consultas en los consulados de Canarias por la regularización extraordinaria de personas migrantes

Aluvión de solicitudes en los consulados de Canarias. La regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España ha provocado un notable incremento de las consultas en las oficinas consulares del Archipiélago. Con la nueva medida, hasta 30.000 personas podrían regularizar su situación administrativa en Canarias, uno de los territorios más expuestos a los flujos migratorios. Esta cifra representa el 5,2% del total nacional. A nivel estatal se estima que cerca de medio millón de personas migrantes podrían acceder a la legalización de su situación administrativa.

El aumento de la demanda en las Islas se ha dejado sentir con especial intensidad en consulados como el de Marruecos. Tras el anuncio del Ejecutivo central, la institución ha confirmado un repunte en las consultas realizadas por ciudadanos marroquíes. Una situación similar se registra en el caso de Venezuela, uno de los principales países de origen de la migración en Canarias. En las Islas, según los registros oficiales, residen alrededor de 83.000 venezolanos una comunidad que ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década y que ya representa el 3,7% del total de la población empadronada.

En este contexto, el Consulado de Venezuela estima que la afluencia de usuarios ha aumentado entre un 5% y un 10%, aunque reconoce que el incremento se está produciendo de forma paulatina. Las principales demandas de los ciudadanos se centran en la actualización de pasaportes, si bien –en todos los consulados– la consulta más recurrente es la relacionada con los antecedentes penales. El escenario responde a los requisitos necesarios para acogerse al plan de regularización: una de las exigencias es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. No obstante, advierte el secretario general del cuerpo consular de Las Palmas y cónsul de Perú, René Zevallos, las prisas por obtener este documento pueden resultar contraproducentes, especialmente si se tiene en cuenta que su vigencia es de solo tres meses. En este sentido, considera que muchos ciudadanos se están adelantando de manera innecesaria a los plazos.

¿Qué se sabe del plan?

La previsión es que el periodo para acogerse a la regularización se active a comienzos de abril y permanezca abierto hasta el 30 de junio. A partir de ese momento, la Administración contará con un máximo de tres meses para emitir una resolución. Con todo, desde el instante en que la solicitud sea admitida a trámite –un procedimiento que no debería superar las dos semanas–, las personas interesadas podrán acceder a un empleo de manera inmediata.

En este sentido, la iniciativa contempla dos perfiles de beneficiarios. En primer lugar, incluye a quienes hayan solicitado protección internacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2025, con independencia de que el expediente haya sido resuelto de manera favorable o desfavorable. En segundo término, la medida alcanza a los considerdos migrantes económicos, siempre que puedan acreditar su residencia en España desde, al menos, el 31 de julio de 2025, lo que implica justificar una estancia continuada mínima de cinco meses en territorio nacional antes de que concluya el año.

Los expedientes

En el caso concreto de Venezuela, el consulado prevé poder absorber sin dificultades el volumen de solicitudes que puedan presentarse. Unas expectativas marcadas por la realidad de la población venezolana en Canarias: la mayoría de los ciudadanos ya no se encuentra en situación irregular, por lo que una parte significativa cuenta actualmente con estatus administrativo regular. Aun así, estiman que su capacidad de atención alcanza entre 200 y 300 expedientes diarios. No obstante, no existen cifras exactas sobre cuántos venezolanos podrían acogerse a la medida, ya que los datos relativos a personas en situación irregular son competencia de los cuerpos policiales.

A pesar del fuerte repunte de peticiones, que Zevallos califica de «increíble», el representante consular recuerda que el Ejecutivo aún no ha concretado los parámetros que se utilizarán para decidir la concesión o denegación de los expedientes. En aquellos casos en los que una persona haya iniciado con anterioridad un procedimiento de regularización –por ejemplo, a través del arraigo–, esa solicitud quedaría previsiblemente sin efecto al acogerse al nuevo proceso extraordinario. No obstante, aún existe incertidumbre sobre qué ocurriría si la Administración emite una resolución desfavorable en este nuevo trámite: no está claro si el interesado debería iniciar el procedimiento desde cero o si podría retomar el expediente anterior.

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