Canarias lanza un ultimátum a las comunidades que se niegan a acoger menores: "Haremos que se cumpla la ley"

Un nuevo ultimátum. El Estado y Canarias unen fuerzas para enviar un mensaje conjunto a las comunidades autónomas que se niegan a acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes del Archipiélago. "Si siguen sin colaborar, nosotros haremos que se cumpla la ley. No nos temblará la mano en este sentido", afirmó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras reunirse este martes en el Senado con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El encuentro, centrado en analizar los inconvenientes que ha encontrado el proceso de traslados de menores mediante el mecanismo ordinario establecido en el real decreto, dejó claro que los jóvenes saldrán de Canarias pese a las dificultades. "Si tenemos que activar a la Fiscalía, lo haremos", añadió Clavijo.

Una postura compartida por Rego. La ministra afirmó que el Gobierno central garantizará el cumplimiento de la ley, en respuesta a la orden de la alcaldesa socialista de Cartes, en Cantabria, Lorena Cueto, de paralizar la actividad de un centro de menores migrantes en el municipio: "Lógicamente, vamos a hacer que se cumpla la ley". Mientras tanto el tiempo no se detiene. Según lo establecido en el real decreto que regula la redistribución de los menores, antes del 18 de marzo Canarias debería acoger a alrededor de 2.000 jóvenes. La cifra busca aliviar la presión migratoria que soportan las Islas -declarados en situación de contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida - desde hace años.

Pero la situación dista de ser alentadora. Con la aprobación del decreto se estableció la capacidad de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, y casi seis meses después de su entrada en vigor, Canarias sigue muy por encima de esa cifra. Actualmente, la Comunidad acoge a 4.047 menores y hay 657 que deberían ser derivados en un mes y medio, antes del 18 de marzo. Aunque todo indica que los plazos previstos están lejos de cumplirse, desde el Ministerio de Infancia se mantienen optimistas. "Hay viabilidad de cumplir con las expectativas", afirmó Rego, pese a reconocer la existencia de ciertas "asimetrías" en el ritmo de reubicaciones. Las diferencias, explicó la ministra, se deben a "escollos administrativos" que pueden subsanarse "con bastante facilidad".

Las comunidades

La mayoría de problemas para llevar a cabo las reubicaciones, aseguró el presidente canario, lo encuentran con comunidades como Madrid, La Rioja o Castilla - La Mancha. Mientras que muchas de las regiones alegan falta de plazas y recursos, Clavijo mantuvo que las Islas asumen una situación similar: "Entonces, ¿nosotros qué tenemos que decir cuando llegan a La Restinga en El Hierro, que no tenemos plazas y no tenemos recursos? Pero al menor hay que atenderlo".

La pelota queda ahora en el tejado del Ministerio Público, que puede ordenar al consejero autonómico correspondiente que atienda al menor: "Y si no, estamos hablando de desacato y de que el consejero o la consejera de turno entraría en el ámbito de la vía penal, ellos sabrán". Las expectativas respecto a las demás regiones son bajas: "El modelo de solidaridad fracasó y por eso se modificó la ley", criticó Clavijo, quien además respondió a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que subrayó que cerca de un millar de menores han sido reubicados "sin problemas de convivencia": "Lo que tiene que hacer Torres es hablar del esfuerzo que debe realizar su ministerio, no el de las comunidades autónomas en las que él no gobierna".

Con respecto a los jóvenes que han llegado a las Islas después de la declaración de contingencia, para quienes la ley establece un plazo de 15 días para ser trasladados, Clavijo reclamó a la Administración del Estado "un poco más de diligencia".

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