Las demandas del ‘decreto Canarias’ suman cerca de 3.000 millones

El texto del ‘decreto Canarias’ que negocia el Gobierno regional con los grupos políticos, y que ahora amplía a corporaciones locales y agentes económicos y sociales, recoge demandas de financiación al Estado que suman cerca de 3.000 millones de euros, la mayoría de ellas para este año y 2027. Buena parte del articulado del decreto recoge los diferentes fondos que se solicitan y que abarcan un extenso espectro de políticas, convenios, sobrecostes y planes, algunos ya recurrentes como carreteras, obras hidráulicas, pobreza, empleo o costas y otros más novedosos en materia de dependencia, sanidad, vivienda, investigación y desarrollo o energía.

La iniciativa legislativa del pacto CC-PP plantea ampliar al menos hasta 2027 la financiación del transporte gratuito en las Islas con una partida anual de 160 millones de euros, pero también una cantidad adicional para estos dos años de 47,5 millones con el fin de cubrir el déficit del sistema de transporte público colectivo terrestre en Canarias. El empleo forma uno de los principales vectores sobre los que gira el decreto con diferentes partidas, una específica para La Palma y otra para el plan cuatrienal de empleo juvenil, además del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y el convenio de infraestructuras educativas. En total, la cantidad que se demanda para empleo se eleva a 318 millones de euros en dos años.

En materia educativa, el Ejecutivo da prioridad a la implantación de la formación profesional dual, con 40 millones anuales para subvencionar la formación y contratación de personal de apoyo del tejido productivo canario, y otros 28 millones en dos años para financiar una oferta suficiente de plazas gratuitas en centros públicos para el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años de edad.

Las bonificaciones para las empresas se piden para las ‘islas verdes’ y para las contrataciones.

En las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables hay dos novedades que introduce el decreto ante la infrafinanciación que sufren políticas como la atención a la dependencia y el sobrecoste de la sanidad pública por la insularidad. De esta forma, el texto que propone la Comunidad Autónoma demanda una cofinanciación de 120 millones de euros de forma permanente a partir del primer trimestre de 2026 para prestaciones e inversiones en plazas sociosanitarias en las Islas. Asimismo demanda 40 millones anuales con destino a la compensación del sobrecoste sanitario como consecuencia de la insularidad y la condición de Canarias como región ultraperiférica.

La vivienda también forma parte de las peticiones que recoge el ‘decreto Canarias’. El texto establece que durante los años 2026 y 2027 se aportará a la Comunidad Autónoma una dotación económica de 105 millones de euros anuales para la construcción de viviendas protegidas. De forma complementaria a esta financiación se pide al Gobierno central, a través de un convenio entre los dos Gobiernos, que el Estado ceda suelo público en las Islas, tanto de titularidad de la Administración General del Estado como de cualquiera de las entidades que forman el sector público estatal, que sea susceptible de ser habilitado para la construcción de viviendas protegidas.

Una de las demandas más llamativas del decreto es la recogida en el artículo 31 del borrador que se está negociando, en el que se solicita para los años 2026 a 2030 una partida extraordinaria de 204 millones de euros anuales para el cumplimiento de las determinaciones contenidas en el convenio entre Canarias y el Estado en materia de carreteras. El actual convenio ha sido prorrogado hasta el 2030 tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo regional.

El Gobierno canario reclama una cofinanciación al Estado para dependencia de 120 millones anuales

Junto a estas cantidades, también se especifica que tanto para este año como para 2027 se mantengan dotados en los Presupuestos Generales del Estado dos Fondos de Compensación Interterritorial destinados a las Islas por una cuantía conjunta de hasta 432,43 millones de euros, y que están recogidos en las cuentas de 2023, las últimas aprobadas por el Gobierno central.

Además de las partidas y financiaciones que recoge el decreto, también hay diferentes demandas de bonificaciones fiscales tanto de ámbito territorial como social que suponen fondos que se quedan en las Islas y que no recauda el Estado. En este caso no solo se solicita ampliar hasta 2028 la deducción del 60% del IRPF en La Palma, sino que esta medida también se extienda a El Hierro y La Gomera, además de la deducción del 50% de la cuota de la Seguridad Social para las tres ‘islas verdes’ para incentivar la contratación. Asimismo se demandan bonificaciones empresariales para los tripulantes de buques y para las empresas que contraten por encima del nivel salarial medio de los convenios colectivos sectoriales.

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