Los contratos que quedan desiertos paralizan 242 obras por 190 millones

De nada sirve que las administraciones públicas pisen el acelerador y que el nivel de las licitaciones esté alcanzando máximos que no se registraban desde hacía décadas, si después buena parte de los proyectos vinculados a obras quedan en stand by por no tener quien los construya. El volumen de contratos públicos que han quedado desiertos cuando han salido a concurso en el Archipiélago se ha disparado en el último año. Un total de 242 obras se han visto paralizadas debido a que ninguna empresa se ha presentado como candidata para llevarlas a cabo. Un dato que, al mismo tiempo, se traduce en 190,3 millones de euros de inversión pública que han quedado frenados debido a las dificultades que ha tenido la administración para encontrar quien se encargue de ellos.

El problema de los contratos públicos que se quedan desiertos no es nuevo. De hecho, en los últimos cinco años más de 500 millones de euros de inversión pública han quedado paralizados por no poder adjudicarlos. Pero, lejos de solucionarse, la situación se agudiza y las patronales sectoriales de la construcción ya han advertido que va camino de convertirse en algo estructural, si no se pone remedio. Todo comenzó en 2021, cuando la espiral inflacionista que experimentaron los materiales de construcción acabó por dejar desfasados los precios de muchos de los contratos que se estaban licitando en aquel año. Las empresas no se presentaban a los concursos porque no hubieran podido cubrir sus costes, dejando 77 obras desiertas por valor de 24 millones de euros. Aunque, lo cierto, es que en aquel momento lo más grave pasaba por aquellas obras que ya se estaban ejecutando y que, de manera sobrevenida, se encontraban con que el acero, el cemento o la madera incrementaban de forma muy notable su precio.

Los números de contratos desiertos de aquel primer año inflacionario poscovid son bastante limitados si se comparan con los registrados en 2025. El año pasado, el montante de millones que quedaron sin adjudicar duplicó al del año anterior. Pero si se compara con la inversión que quedó desierta en 2021 puede comprobarse como casi se ha multiplicado por ocho en apenas cuatro años.

Pero con el paso del tiempo y una vez la inflación ha pasado a estar controlada, el problema lejos de solucionarse incluso se ha agravado. Las patronales ya no achacan solo a la inflación que cada vez queden más contratos desiertos y apuntan a que los precios de muchas de las licitaciones son demasiado ajustados e incluso fuera de mercado. También el número de empresas que se presentan a los concursos se ha reducido y aquellos contratos que solo reciben una oferta cada vez son más habituales.

Una situación que supone un perjuicio para el tejido empresarial del sector en Canarias, que se ve abocado a perder esa inyección de dinero público que les vendría muy bien para sus resultados anuales. Porque el futuro de muchos de los contratos que quedan desiertos es acabar siendo adjudicados a empresas públicas –como Tragsa o Gesplan– que se encargarán de realizar las obras. Unos autoencargos de la administración a entidades del conglomerado público que restan actividad a las empresas privadas. El modelo ya ha recibido alguna sentencia en contra porque los ayuntamientos no han justificado debidamente la necesidad de recurrir al medio propio tal y como marca la normativa.

Las empresas y profesionales del sector de la construcción son uno de los perjudicados de esta situación, pero no los únicos. Los vecinos que esperan por un nuevo ambulatorio, una nueva oficina de la seguridad social o que están hartos de que su vehículo circule por una carretera repleta de baches también sufren las consecuencias de la ingente cantidad de contratos que quedan desiertos, sobre todo en forma de retrasos.

De hecho, en un escenario de crisis habitacional, en el que la puesta en el mercado de nuevas viviendas públicas se convierte en fundamental para tratar de mitigar la escalada de precios, el proyecto que quedó desierto en 2025 y que con cuenta con el presupuesto más alto es la construcción de 184 viviendas sociales en Puerto del Rosario. Tampoco se pudo adjudicar en primera instancia la renovación de las redes de agua de Lanzarote y La Graciosa, un contrato que contaba con una inversión de 11 millones de euros, ni la construcción de un emisario submarino en Bocabarranco, en el municipio grancanario de Telde.

Pero tampoco han encontrado quien los construya el proyecto para reformar el centro de salud de San Bartolomé, en Lanzarote, o para levantar un edificio de ocho viviendas públicas en Arguayo. Estos son solo algunos ejemplos de los 242 contratos que quedaron sin adjudicar el año pasado entre los que hay obras de peatonalización, repavimentación, canalizaciones, desaladoras o instalaciones de eficiencia energética.

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