Canarias reclama al Estado que pague 1.400 efectivos de la Policía Canaria

El contenido del ‘decreto Canarias’ va más allá de reclamar fondos y partidas al Estado, ya que entra también en cuestiones que suponen un incremento sustancial del autogobierno y de la capacidad de decisión de la Comunidad Autónoma en materias hasta ahora vetadas como aeropuertos, costas, energía, investigación, seguridad o política exterior. El Ejecutivo se escuda en que es necesario profundizar en el contenido del Estatuto de Autonomía y por ello, pese a la inestabilidad de la política estatal, se recogen peticiones de calado al margen de que ya se ha solicitado la convocatoria de la negociación bilateral para asumir nuevas competencias.

El Gobierno regional concreta en el decreto la financiación que pretende del Estado para el incremento de efectivos de la policía autonómica, con el fin de garantizar la suficiencia de medios del cuerpo y su presencia en todas las islas, las funciones de policía judicial y su papel complementario con las fuerzas y cuerpos de Seguridad estatales. El Ejecutivo solicita al Estado que financie el coste de 1.400 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria como ha ocurrido en la financiación de los Mossos en Cataluña o la Ertzaina en el País Vasco. La determinación del coste efectivo de los efectivos y su progresiva implantación se tendrán que negociar en la comisión bilateral Canarias-Estado.

Junto a la petición de entrar en la gestión de los aeropuertos, con presencia tanto en Enaire como en Aena, el Ejecutivo CC-PP quiere corregir la transferencia de costas negociada en la legislatura pasada y que no satisface al actual Gabinete, que incluso ha planteado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El decreto recoge la petición al Estado de traspasar a la Comunidad Autónoma las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo- terrestre en el Archipiélago, lo que supone ir más allá de lo transferido actualmente.

Varios de los puntos del decreto buscan ampliar el control de Canarias en diferentes áreas y ámbitos hasta ahora en manos exclusivas del Estado. Es el caso de distintas instituciones científicas como el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Plocan o el futuro Centro de Vulcanología. También el Ejecutivo quiere tener voz y voto en la designación, separación y confirmación de altos cargos de órganos estatales en las Islas como la Zona Especial Canaria, las zonas francas, RTVE, los aeropuertos, Casa África, los paradores y la Agencia Efe. También reclama más autonomía en la planificación territorial de las carreteras, más capacidad ejecutiva en vivienda y en otro tipo de infraestructuras.

Un asunto también demandado en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda es contar con la capacidad de utilizar el remanente de tesorería para realizar inversiones en inmuebles y equipamientos vinculados a fines de interés social, considerando como tales la educación, sanidad, el bienestar social, y la vivienda.

Vinculado al Régimen Económico y Fiscal (REF) Canarias reclama la transferencia de la gestión del Registro Especial de Buques de Canarias, un ámbito central del sector marítimo con competencias en navegación, fiscalidad marítima y actividad portuaria.

En política exterior Canarias insiste no solo en tener presencia en las negociaciones que se entablen con Marruecos, sino también en las negociaciones con terceros Estados, especialmente cuando se trate de asuntos relacionados con el control de movimientos migratorios en la fachada atlántica.

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