Sanidad
Casi la mitad de los canarios con trastornos mentales está en exclusión social: "Es un factor de empobrecimiento"
Un informe elaborado por colectivos sanitarios vincula el modelo económico del Archipiélago a una «emergencia invisible» de salud mental

La planta de psiquiatría del HUC / Andrés Gutiérrez
Casi la mitad (43,3%) de los canarios con una enfermedad o trastorno mental diagnosticado está en situación de exclusión social, según un informe elaborado por Intersindical y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. En este documento, detallan que se trata de un dato que «evidencia que los problemas relacionados con la salud mental son, en sí mismos, un factor de empobrecimiento extremo en las Islas». Además, durante la presentación de este estudio, celebrada ayer en el Parlamento autonómico, los representantes de ambos colectivos advirtieron que, en el ámbito del bienestar emocional, el Archipiélago atraviesa una situación de «emergencia invisible» que es consecuencia directa de su modelo económico.
En esta línea, explicaron que los bajos salarios, las altas tasas de pobreza y la «peor» crisis habitacional del país han provocado que se dispare el malestar psicológico. En Canarias, dos de cada diez personas padecen algún tipo de trastorno mental. No solo eso, en los últimos cinco años, la demanda asistencial ha aumentado entre un 25 y un 30%, sobre todo, en lo que respecta a cuadros de ansiedad y depresión. Los datos además reflejan que, mientras en otras comunidades los episodios de ansiedad suelen ser reactivos y temporales, en el territorio insular se observa una cronicidad superior, atribuida a la falta de intervención psicoterapéutica temprana en la red pública.
Esta situación, destaca en el informe, afecta en mayor medida a las mujeres, que presentan tasas de prevalencia casi el doble de altas que las de los hombres en trastornos como la ansiedad y la depresión. «Son dos problemas muy vinculados a la precariedad laboral femenina, a la brecha salarial y a la sobrecarga de los cuidados familiares», apuntó durante su intervención la coordinadora general de la Federación de Salud de Intersindical, Cathy Darias.
El código postal influye
El género no es el único factor que aumenta el riesgo de padecer estos problemas, el código postal también influye en el bienestar emocional de los canarios. Según alertaron, en barrios como Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), se ha «desocupado» a los vecinos, aumentando su vulnerabilidad. Asimismo, insistieron en que el aumento demográfico que ha experimentado el territorio –94.000 personas en los últimos cinco años– no ha ido en paralelo a la mejora de los servicios públicos.
En este documento, que evalúa el abordaje de los problemas de salud mental en las Islas, también hicieron referencia a un aviso del Ministerio: «En contextos de altos niveles de desempleo y baja renta per cápita –como ocurre en Canarias– la probabilidad de que un trastorno mental común derive en una patología grave se multiplica por tres».
Problemas que se cronifican
Al respecto, el profesor de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Rodríguez subrayó que los isleños están «al límite», precisamente, porque se han topado con «un futuro muy difuminado» como consecuencia de esta incertidumbre socioeconómica. Los jóvenes, añadió, son los que peor parados salen, pues la mayoría de estos trastornos aparecen antes de los 24 años. «Estudios recientes realizados en Las Palmas han constatado que un alto porcentaje de las personas que terminan suicidándose mantuvieron contacto con los servicios de salud mental en los meses previos, lo que evidencia fallos críticos en la detección del riesgo, la continuidad de los cuidados y la capacidad de respuesta de un sistema saturado que no logra realizar un seguimiento preventivo eficaz», alertaron en el informe.
Tanto la asociación como la organización sindical defendieron que el Protocolo de Prevención e Intervención ante el Riesgo Suicida de los centros educativos cargaba a los docentes con tareas propias de profesionales sanitarios para las que no tenían ni formación ni recursos. Por ello, reclamaron que, cada vez que Educación detecte una situación de este tipo, sea Sanidad la que asuma el seguimiento.
Atención infanto-juvenil
El Archipiélago cuenta con dos nodos especializados –y «saturados»– en atención infanto-juvenil, uno en cada isla capitalina. Mientras, las otras islas disponen de atención parcial, con derivaciones frecuentes y dependencia del lugar de residencia.
En este sentido, afeó a la Consejería de Sanidad la falta de transparencia con los datos, «que no son fiables ni están actualizados», por lo que no se puede medir el impacto de los programas llevados a cabo. Así, criticó que el presupuesto sanitario que Canarias destina al cuidado de la salud mental es «insuficiente», ya que solo representa el 5% de la partida total, es decir, la mitad de lo recomendado (10%) por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Déficit de profesionales
El informe también remarca que persiste un déficit de profesionales: las ratios por cada 100.000 habitantes son de 8,2 psiquiatras, 40 % por debajo del estándar de la OMS; 6,1 psicólogos clínicos (66 % de déficit); 5,4 enfermeras especialistas (70 % de déficit) y 2,8 trabajadores sociales (72 % de déficit). Además, según recopilaron, la saturación de las Unidades de Salud Mental (USM) es notable, especialmente en las islas orientales, con alta dependencia de derivaciones interinsulares, lo que limita el seguimiento de los pacientes.
La distribución de plazas sociosanitarias concentra el 80 % de los recursos en Gran Canaria y Tenerife, mientras que Lanzarote, FuerteventuraLa Gomera y El Hierro disponen de recursos limitados o simbólicos.
El documento concluye que la situación requiere un cambio hacia un modelo comunitario, integral y basado en derechos humanos, que integre la prevención, los cuidados domiciliarios y los determinantes sociales, como vivienda y empleo. Recomienda, además, aumentar la inversión, reforzar las unidades periféricas, integrar las redes de salud mental y adicciones y garantizar la atención prioritaria a menores con ideación suicida.
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