Un total de 89 entidades de Canarias sientan las bases de la futura ley del tercer sector

Un total de 89 entidades de Canarias se han aliado con un propósito común: sentar las bases de la futura ley autonómica del tercer sector, una norma demandada durante años por las asociaciones. A través de nueve mesas insulares –en las que han participado unas 116 personas– la plataforma que reúne a estos colectivos recogió varias propuestas que, más que sugerencias, son condición sine qua non para que este texto se ajuste a su realidad. Contar con una financiación estable y transparente, tener ventajas fiscales de donación y actividades sociales y diseñar un marco diferenciado para las islas no capitalinas son las tres principales reivindicaciones que compartieron ayer con la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado.

En estos momentos, el Tercer Sector de Acción Social del Archipiélago se rige en exclusiva por una norma nacional, ya que no existe ninguna ley autonómica que regule ni su organización, ni sus derechos, ni sus obligaciones; es decir, que ampare su papel como pieza clave en la atención a situaciones de vulnerabilidad.

Para solventar esta carencia, las asociaciones han diseñado el informe Tejiendo redes para el futuro del tercer sector. Este documento, que entregaron ayer a la consejera, no es un texto legal cerrado, pero sí servirá de base «estructurada y fundamentada» para la redacción del anteproyecto de ley. «Hay que ajustar ese texto estatal a cada territorio, sobre todo en una zona tan fragmentada como Canarias», destacó la responsable del área.

Marco jurídico propio

El informe es el resultado de un amplio proceso participativo desarrollado entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 en el que también estuvieron presentes las universidades y otros agentes del sector empresarial. La intención detrás de todo esto es lograr que las entidades cuenten por fin con un marco jurídico propio, estable y adaptado a la realidad canaria. Por este motivo, exigieron que se tengan en cuenta las singularidades –y los obstáculos– que enfrentan las islas no capitalinas, «algo de lo que se habla mucho, pero que siempre se olvida».

Como ellos mismos resaltaron, entre los representantes de cada colectivo hay personas que, por su responsabilidad, tienen una visión jurídica, pero también hay otras que tiran más por la preocupación económica o que se centran en las relaciones entre personas. Por este motivo, las propuestas se diseñaron a través de mesas participativas, para que ninguna de estas perspectivas se quedara fuera. «Esta metodología, que involucró a entidades muy diversas, es un reflejo de la riqueza increíble que tiene la sociedad», apuntó el patrono de la Fundación Ecca Social, Josep Buades.

Cuatro capítulos

En el estudio también plantearon que la futura ley estuviera estructurada en cuatro capítulos: disposiciones generales; entidades del tercer sector; participación social y diálogo civil; y medidas de fomento del sector. El documento plantea además una definición amplia y funcional del tercer sector, basada en su finalidad social y en la defensa de derechos, y propone criterios claros para el reconocimiento de las entidades, respetando su diversidad organizativa y territorial.

Con la tarea hecha y entregada, lo que esperan ahora es que no vuelva a quedarse a las puertas del Parlamento como ocurrió con el anterior borrador. «Sabemos que los procesos son largos, pero no queremos que vuelva a caducar», defendió la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector, María Eugenia de León.

El camino a seguir

El siguiente paso queda, por tanto, en manos de la Consejería, que tendrá que darle forma de texto jurídico para después presentarla al Consejo General de Servicios Sociales, validarla por el Consejo de Gobierno y, en última instancia, elevarlo al Parlamento autonómico para su tramitación. En este sentido, la idea es que la participación de las entidades no se quede en este informe, sino que la redacción de la norma sea un diálogo permanente –que vaya más allá de lo consultivo y que sea vinculante– entre las administraciones y los colectivos

Las fundaciones y asociaciones que componen el tercer sector cuidan de los colectivos más vulnerables de las islas, desde personas con discapacidad, hasta mayores o niños con escasos recursos. Tanto para la sociedad como para las administraciones públicas son un actor estratégico en la lucha contra las desigualdades. Lo son de manera especial en el Archipiélago, donde uno de cada diez isleños está en pobreza extrema y tres de cada diez están al borde de esta situación. El Ejecutivo no solo valora a estas entidades como prestadores de servicios, sino que además considera que son «agentes de transformación social, participación ciudadana y construcción democrática».

Una lucha de años

Las asociaciones, conscientes de su importancia y ante el gran volumen de trabajo que suelen enfrentar, emprendieron una lucha para mejorar sus condiciones, sobre todo, en lo que respecta al ámbito económico. Hace unos meses, por ejemplo, consiguieron que el Gobierno regional actualizara el precio plaza de los servicios relacionados con la atención a la discapacidad y a la dependencia. Sin embargo, no consideran que estos avances sean suficientes, pues aún les falta la pieza más importante: un marco normativo que regule su actividad y que les asegure cierta estabilidad.

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