La regularización alcanzará a 26.000 inmigrantes en Canarias

El plan para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes en España está en marcha. El Gobierno central inició ayer el trámite de urgencia y aunque todavía se desconocen los pormenores del procedimiento, tanto el Ejecutivo como Podemos han dado a conocer algunas de las claves. Las cifras tampoco son exactas. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estiman que la medida beneficiará a 500.000 personas en situación irregular pero son incapaces de ofrecer datos por comunidades. Tampoco lo hacen las organizaciones y asociaciones de ayuda humanitaria en las Islas. «Es muy difícil o casi imposible de cuantificar», apunta el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Pero aunque no existen registros oficiales sí es posible calcular una estimación gracias a informes especializados en la materia.

¿A cuántas personas beneficiará en Canarias?

El último informe de la Fundación PorCausa, publicado en 2022, calcula en medio millón las personas en situación administrativa irregular en España. Si se aplica a Canarias el peso que tiene el Archipiélago en la población extranjera –el 5,2 % del total nacional–, la cifra de posibles beneficiarios del proceso de regularización se situaría en torno a 30.000 personas. Aunque, según las estimaciones de Podemos Canarias, esta cifra podría llegar incluso a 40.000.

¿A quién se dirige la medida?

La medida se dirige a dos colectivos diferenciados. Por un lado, a las personas solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, con independencia de que esta haya sido finalmente admitida o denegada. Por otro, a los denominados migrantes económicos, siempre que puedan acreditar que residen en España desde al menos el 31 de julio de 2025, lo que supone demostrar una permanencia mínima de cinco meses en el país antes de que finalice el año.

¿Cómo se acredita la permanencia?

Las personas que cumplan con los requisitos pueden acreditar su estancia en el país con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero.

¿Hay alguna excepción?

Uno de los requisitos para entrar en el plan de regularización es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

¿Por qué el Gobierno plantea ahora la regularización?

Con este procedimiento el Ejecutivo retoma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada hasta ahora. Con esta decisión, el Gobierno logra reafirmar el apoyo de Podemos y Sumar, con quienes había tenido roces en otros asuntos políticos.

¿Cuáles son los plazos?

El plazo para solicitar la regularización se abrirá previsiblemente a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de este año. Una vez presentada la solicitud, la Administración dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolverla. No obstante, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite –un paso que, según las previsiones, no debería demorarse más de 15 días desde su presentación–, las personas solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral de forma inmediata.

¿Qué obtienen los migrantes con este proceso?

Les permite conseguir una autorización, de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Asimismo, el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

¿Dónde se realizan los trámites?

Se habilitarán espacios como subdelegaciones de Gobierno, delegaciones de Gobierno, oficinas de la Seguridad Social. Además, el proceso podrá iniciarse por la vía telemática.

¿Cuál es la opinión del Gobierno de Canarias?

El Gobierno de Canarias se ha mostrado favorable a la regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular. El presidente canario, Fernando Clavijo, se pronunció en ese sentido ayer, al considerar que, una vez que estas personas se encuentran en el territorio, no se las puede hacer más vulnerables, y defendió que se les ofrezca la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida digno y de contribuir a la sociedad a través del trabajo y las cotizaciones. No obstante, lamentó que una medida de este alcance no se haya abordado con diálogo político previo y advirtió de que responde al fracaso de las políticas migratorias tanto de España como de la Unión Europea. Asimismo, rechazó el argumento del «efecto llamada», al considerar que el verdadero factor de atracción es la ausencia de una política migratoria eficaz. Una opinión que choca con su socio de Gobierno en Canarias, el PP.

¿La oposición está en contra?

La oposición se muestra mayoritariamente crítica con la medida. Desde el Partido Popular, su portavoz a nivel nacional Ester Muñoz afirmó ayer que se trata de una regularización «ilegal» y «masiva», y defendió que la situación administrativa debe resolverse caso por caso, no de forma generalizada. El PP considera además que la propuesta puede incrementar el efecto llamada, favorecer a las mafias y desbordar los servicios públicos. Vox, por su parte, rechaza frontalmente la regularización y la vincula también al efecto llamada y a un mayor deterioro del control migratorio.

¿Podrán votar?

Los inmigrantes que se beneficien de la regularización no podrán votar en los comicios que se celebren en España. Aunque existen excepciones en elecciones locales y europeas, solo las personas con nacionalidad española pueden ejercer este derecho.

¿Es el primer plan de regularización extraordinario?

No es el primero. En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

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