La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF

El debate sobre cómo extender los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) a toda la población residente en las Islas encalla. La propuesta de bonificar el IRPF a las rentas del trabajo de forma progresiva y por tramos no ha encontrado el consenso del que hizo gala el Parlamento en diciembre cuando se aprobó el dictamen sobre la revisión del REF por amplia mayoría –solo votó en contra Vox–, por lo que en la negociación que quiere abrir el Gobierno canario con el Estado para asumir la gestión de los incentivos del fuero no estará esta iniciativa que defiende el comisionado del REF, José Ramón Barrera, en nombre del Ejecutivo pero que no ha logrado la aceptación de los principales grupos de la oposición, PSOE y NC, que desconfían del beneficio real para toda la población de una medida de este tipo.

La propuesta del Ejecutivo establece una deducción del 60% del impuesto sobre la renta cuando la parte de la base liquidable general sometida a gravamen no exceda de 45.500 euros anuales. Este porcentaje se va reduciendo en función de los ingresos hasta llegar al 20% de bonificación cuando se exceda de 105.500 euros. Según esta tesis se mejoraría la renta disponible de los canarios y su capacidad de ahorro, de tal forma que para un salario bruto de 22.100 euros anuales el salario neto pasaría de 17.993,82 euros sin deducción a 19.631,39 euros si se aplica una bonificación de este tipo, es decir, 1.637,57 euros más disponibles. Con esta propuesta, la capacidad de ahorro subiría de 490 euros –un 2%– a 2.100 euros –un 10%–.

Análisis académico

Un análisis teórico realizado por investigadores y docentes de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria cifran la reducción de la recaudación del IRPF si se aplicara esta medida en unos 300 millones de euros. Se trataría de una iniciativa similar a la que tienen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos residentes cuentan con una deducción del 60% de la cuota íntegra estatal y autonómica del impuesto sobre la renta.

Actualmente, lo que se está aplicando es la medida coyuntural que tiene La Palma del 60% de reducción del IRPF para ayudar a la reconstrucción de la isla bonita tras la erupción volcánica de 2021. En este sentido, el pacto CC–PP propone también en el denominado ‘decreto Canarias’ que esta deducción se extienda a los residentes de las islas de La Gomera y El Hierro, si bien desde el Gobierno central ya se han manifestado ciertas dudas porque se trata de una propuesta que no está en la agenda canaria firmada en 2023.

El debate sobre los beneficios fiscales del REF para toda la población no es nuevo, se trata de un asunto recurrente que aparece y desaparece de la agenda política desde hace años. Aunque ahora el PSOE muestra sus reticencias a esta medida, hace unos años no era así, ya que en otras etapas anteriores direcciones socialistas fueron favorables al planteamiento de que los beneficios fiscales del REF llegaran a los autónomos y los trabajadores y no solo a los empresarios. Pero no solo los socialistas, también dirigentes del PP se han mostrado en anteriores etapas favorables a este tipo de medidas. En los años 90 el que fuera presidente del PP regional, diputado y presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, propuso una bonificación en Canarias del IRPF similar a la de Ceuta y Melilla. En 2013 el que fuera secretario de Organización de los socialistas canarios, Julio Cruz, se mostró favorable a que las rentas del trabajo hasta los 33.000 euros tuviesen deducciones fiscales, una iniciativa también propuesta por las patronales pero que nunca ha cuajado en las sucesivas reformas del fuero canario.

Desde su llegada al Gobierno, el comisionado del REF, José Ramón Barrera, ha reiterado en diferentes ocasiones esta medida con una serie de determinaciones que, sin embargo, no convencen a los partidos de la oposición en la Cámara. De hecho, el dictamen aprobado por el Parlamento para la revisión del REF en diciembre dejó fuera del acuerdo la bonificación del IRPF, aunque sí se incluyo en el texto para dejar constancia pero sin efecto alguno. Tanto el PSOE como NC advierten que una medida de este tipo rompería la justicia tributaria porque una generalización de la misma beneficiaría más a las rentas altas.

Desde el inicio de la legislatura el grupo parlamentario Socialista ha mostrado sus reparos a esta propuesta al considerar que no hay equidad fiscal porque las rentas bajas y medias se beneficiarían menos que las altas, mientras que se reducirían los ingresos recaudatorios y afectaría a la prestación de los servicios públicos. Por su parte, Fermín Delgado, exviceconsejero de Hacienda y asesor económico de NC, recuerda que el IRPF es un impuesto progresivo que grava las rentas por lo que « si tienes mucho gravas mucho y si no tienes nada no contribuyes», además de que la situación de Ceuta y Melilla no tiene punto de comparación con Canarias en cuanto a población, actividad económica, bienestar, etcétera. «Toda la población se beneficia de un IGIC que es del 7% pero los productos alimentarios no tienen gravamen y eso está en el REF», recuerda.

Alternativas

Por su parte, el secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Orlando Luján, ve «viable e interesante» implementar un mecanismo compensador frente a los sobrecostes de la vida en las Islas en el IRPF que facilite una mayor renta disponible a todos los residentes. Luján se inclina «por incrementar los mínimos personales y familiares hoy vigentes introduciendo un mínimo personal y familiar RUP, basado en el sobrecoste de vivir en Canarias que estaría exento de tributación», frente a la alternativa lanzada por el Ejecutivo de establecer una bonificación o una deducción en cuota en el IRPF sobre las rentas del trabajo y actividades económicas, de carácter progresivo y decreciente según el nivel de rentas.

El vicepresidente ejecutivo de la patronal de Las Palmas, José Cristóbal García, no se opone a priori a una medida de estas características, si bien la condiciona a que no suponga un menoscabo para los incentivos a la inversión productiva, ya que el sistema que plantea el Gobierno va por la vía del gasto. «Si se planteara en la negociación del REF, no nos vamos a oponer aunque el efecto multiplicador de los incentivos a la inversión es mucho mayor que las deducciones en las renta del trabajo», añade.

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