Fajardo Spínola y la (mutante) política autonómica socialista

En el período democrático que disfruta España desde hace casi medio siglo, uno de los temas mas controvertidos ha sido el de la organización territorial del actual Estado Autonómico (E.A.) y, dentro del mismo, la cuestión de la distribución de los recursos económicos públicos entre las CCAA, esto es, la financiación autonómica. Una cuestión de gran importancia práctica para los ciudadanos porque las CCAA destinan primordialmente esa financiación a los gastos de educación, sanidad y servicios sociales de su competencia.

La importancia del tema se ha acentuado en la presente Legislatura tras los acuerdos que PSOE y PSC firmaron con los partidos independentista catalanes ERC y Junts per Catalunya, para que estos hicieran posible investir a Sánchez como Presidente del Gobierno (2023) y a Illa de la Generalitat catalana (2024). Acuerdos que, de fraguar, alterarían de modo sustantivo la organización de un Estado cuasi federal como el nuestro para mutar en una suerte de confederación, con indebidos privilegios para Cataluña (que se sumarían a los que ya goz Euskadi) en perjuicio de las demás CCAA, lo que pondría en riesgo la entidad de España como Estado nacional.

Quienes se interesen por esta materia pueden hacerlo de la mano del notable jurista, académico y veterano político socialista Luis Fajardo Spínola en su reciente libro Los socialistas y el Estado Autonómico (2025). Este ilustre lanzaroteño fue profesor universitario de Derecho Administrativo hasta su jubilación y -en el ámbito propiamente político-. Diputado al Congreso por Santa Cruz de Tenerife en cinco sucesivas Legislaturas, Diputado al Parlamento de Canarias por su isla natal y Secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (1976-1984); desde 2002 es miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Una brillante ejecutoria profesional y política en el seno del PSOE, donde milita.

El libro de Fajardo es una prolongación de otro suyo anterior ¿Hacia otro modelo de Estado?. Los socialistas y el Estado Autonómico (Civitas-Thomson Reuters, 2009) con cuyo contenido coincide en buena medida, aunque éste incluye unas 100 págs. nuevas sobre la evolución de la política territorial socialista a partir de 2009. Consta de 8 capítulos (Fajardo los denomina «títulos») además de una Presentación del autor y un lúcido prólogo del exministro socialista y exresponsable de la Política Exterior de la UE Josep Borrell.

Primeros balbuceos

En los tres primeros títulos, Fajardo analiza los avatares del E.A. y de la posición (o posiciones sucesivas) de los socialistas al respecto desde el comienzo de la etapa democrática, recorriendo sucesivamente la fase Preautonómica, la elaboración de la Constitución de 1978, los primeros balbuceos de la puesta en marcha del E.A. y los esfuerzos por racionalizar el modelo autonómico global. Modelo que pocos años mas tarde comenzó a sufrir las presiones de Euskadi y Cataluña, insatisfechas con su generalización y siempre deseosas de distinguirse del resto. En el caso catalán, las demandas invocaban los llamados «hechos diferenciales» inicialmente citados por los nacionalistas pero secundados pronto por el socialista (PSC) Maragall, demandas que llevaron al PSOE a tratar de unificar los criterios aplicables a posibles reformas estatutarias futuras; a ello respondió la reunión (2003) de su Consejo Territorial en Santillana del Mar.

Fué entonces cuando surgió oficialmente, en un documento del partido, el novedoso concepto de la «España plural» -ajeno a anteriores planteamientos autonómicos socialistas- que supone la aceptación de la «asimetría» competencial. En lo de la pluralidad abundó luego la propuesta socialista para las elecciones de 2004 donde -lamenta Fajardo- «para nada se habla de lo común»...y donde «la cohesión que se propone es simplemente una suma de pluralidades». El cambio de posición fue subrayado por algunas voces en el PSOE, señalando que un excesivo énfasis en la bilateralidad era incongruente con el espíritu federal del E.A.

Las incesantes demandas de ampliación de competencias en varias CCAA empezaron a concretarse con los trabajos efectuados en Cataluña en pro de un nuevo Estatuto y con la propuesta en Euskadi del Plan Ibarretxe; este último, marcadamente anticonstitucional, fue discutido y rechazado en las Cortes Generales. El largo proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña en el período 2003-2005 tuvo lugar primero en el ámbito del Parlamento catalán y luego en el de las Cortes. Allí, dice Fajardo, las enmiendas de los socialistas y la firmeza del Gobierno respecto a ciertas propuestas de orientación soberanista o confederal «propiciaron la eliminación de muchas de las tachas de inconstitucionalidad advertidas; pero otras quedaron», como aclaró el Tribunal Constitucional en su Sentencia STC 31/2010 de 28 de junio.

La Sentencia del Estatuto declaró inconstitucionales 14 artículos de un total de 223 y estimó acordes con la CE otros 25 pero interpretándolos siguiendo las indicaciones del TC. Pese a esta mesura del Tribunal, la Sentencia indignó a los nacionalistas catalanes y al PSC que organizaron una gran manifestación de rechazo (2010) a la que asistieron los ex presidentes de la Generalitat Pujol y Maragall así como el presidente de entonces y exministro del Gobierno de España el socialista Montilla, quien llegó a calificar el TC como «el tribunal con menos visión de Estado que ha tenido la democracia española».

Desde entonces, los nacionalistas catalanes esgrimieron el fallo del TC como justificación para intensificar su deriva secesionista, culminada en octubre de 2017 con una declaración unilateral de independencia que obligó al Gobierno, previa aprobación del Senado, a aplicar el art 155 de la Constitución. Pero esa interpretación interesada es un mero pretexto: fue una Sentencia congruente con el E.A. y una muestra de normalidad constitucional. La Sentencia convenció al PSOE de la necesidad de diseñar una más clara política territorial y, al efecto, su secretario seneral Rubalcaba convocó (2013) una reunión del Consejo Territorial del partido en Granada uno de cuyos objetivos primordiales era alcanzar un acuerdo con el PSC, apegado a ciertos postulados nacionalistas que pugnaban con el esquema socialista del E.A. El PSOE reafirmó dicho esquema autonómico reforzándolo con reformas de naturaleza federal enumeradas en una Declaración de 13 puntos, lo que supuso «la gran enmienda a la totalidad de Rubalcaba a la política de hechos consumados del período anterior» (pp. 276-284).

Fajardo es un convencido federalista preocupado porque ciertas reformas del E.A. empujadas por el PSC hayan hecho «crecer en el árbol autonómico ramas de un árbol distinto» -con rasgos confederales- que liquidarían el modelo federal del PSOE. Siguiendo con la analogía botánica, Fajardo las llama «ramas torcidas», siendo: 1) la doctrina de la España plural, que carece del esencial reconocimiento de que a España también la caracteriza lo que es común a todas sus partes; 2) la plurinacionalidad, que postula que el Estado español se institucionaliza y conforma desde sus «naciones» componentes, una muy cuestionable idea no contenida ni en la Declaración de Granada ni en las resoluciones de los últimos Congresos federales del PSOE; 3) la financiación singular, defendida por los nacionalistas catalanes desde la discusiones del primer Estatuto de Autonomía de Cataluña y que 45 años después siguen reclamando, ahora con el beneplácito del PSC e, incluso, del actual Gobierno; y 4) los excesos en la bilateralidad en las relaciones específicas Gobierno-determinadas CCAA, discriminatorias para las demás.

Pero pese a la antedicha Declaración de Granada, la «torsión» no cesa. Últimamente el PSOE sigue regando el árbol autonómico atento sobre todo a satisfacer las inagotables demandas de los nacionalistas (y los socialistas) catalanes, como muestran los recientes compromisos del Presidente del Gobierno con el líder de ERC, traducidos en nuevos privilegios económicos para Cataluña. Es, pues, de temer que esas «ramas torcidas» que con razón tanto disgustan a Fajardo, sigan medrando a despecho del interés general del conjunto de España.

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