Un primer análisis de la nueva propuesta de financiación autonómica

A finales de diciembre acudí a un interesante desayuno informativo donde la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias presentaba el proyecto de ley de presupuestos para la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2026. En la presentación, la consejera señaló, con buen criterio, que había dos grandes preocupaciones a largo plazo en las finanzas canarias, y una era el futuro modelo de financiación autonómico. Alertaba la consejera de que el posible cupo catalán que se iba a plantear reduciría en unos 4.000 millones de euros los recursos para Canarias. Compensar esta pérdida de recursos sería terrible para nuestra economía, teniendo que adoptar medidas drásticas de subida de impuestos o de bajada de gasto para paliar este drenaje de recursos. Lo planteó como el peor escenario posible, pero a todos los asistentes al acto se les atragantó el desayuno.

Partiendo de este escenario pensé que el anuncio, realizado el pasado 9 de enero por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, de una nueva propuesta de modelo de financiación autonómico que sigue manteniendo a las 15 comunidades autónomas de régimen común dentro sería un alivio. Y aún más saber que Canarias no perdería 4.000 millones de euros anuales, sino que ganaría como mínimo 611 millones de euros al año. Pero la política ya no obedece a relatos coherentes. Los partidos del Gobierno se rasgaron la camisa. Algunos amenazaron incluso con ir a los tribunales. Los analistas imbuidos en este clima de negatividad también consideraban negativa la nueva propuesta.

La principal crítica que se realiza a la propuesta son las ‘cuentas de la vieja’ que explicaba José Carlos Francisco. Si se reparten 21.000 millones de euros nuevos para el año 2027 y a Canarias le corresponden 611 millones de más, entonces tomando la población ajustada de 2023 esto supondrá que mientras que a la media nacional se le asignarían 466 euros más por habitante ajustado a Canarias solo se le asignarían 272 euros. Y qué decir si lo comparamos con los 606 euros que le corresponderían a Cataluña o los 725 euros de Comunidad Valenciana. Ahora bien, nadie destacó que a comunidades como Cantabria o Extremadura les corresponderían 0 euros más; que a La Rioja, 75,5 euros; o Castilla y León, Galicia y Asturias, 105, 202 o 231 euros respectivamente.

Tampoco nadie tuvo en consideración verificar cuál era la lógica de este esquema de reparto de los nuevos fondos. Un simple análisis habría verificado su estrecha correlación con la posición neta de cada CCAA en el modelo actual. Canarias es la principal comunidad autónoma perceptora de recursos por población ajustada del sistema, debido básicamente a que no contribuimos nada en el IVA, pero nos beneficiamos del reparto del 75% que se realiza entre todas las regiones del régimen común. La ausencia de recaudación por IVA es donde radica la principal dificultad de cualquier tipo de modelo de financiación para Canarias, pues aportando cero recursos en un impuesto tan importante en la cesta de la recaudación común, como es el IVA para el sistema, no hay aritmética posible que permita situar a Canarias en una buena posición respecto a la media nacional. Siempre he considerado que el futuro de la financiación canaria debe pasar por una especie de ‘cupo inverso’.

Para mostrar cómo ha actuado históricamente esta limitación, a continuación, represento la evolución durante el periodo 2002-2023, eliminando los recursos del REF que gestiona la Comunidad Autónoma de Canarias. El gráfico anexo muestra un patrón muy claro de infrafinanciación de Canarias respecto a la media nacional desde 2002 hasta la actualidad y en los dos últimos modelos de financiación.

La situación mejoró sensiblemente entre 2014 y 2017 como consecuencia de la negociación entre Canarias y el Estado para la condonación de los 160 millones del IGTE y por la desvinculación de los recursos del REF del cálculo del fondo de competitividad en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2017, que fue progresiva. Estos cambios supusieron que nuestra financiación pasara de un 87% de la media nacional a un 95-96%, que se ha mantenido entre 2017 y 2023, lo que fue un avance importante en los intereses colectivos de Canarias.

Pues bien, si incluyéramos de forma comparativa cómo quedaría la financiación por población ajustada de Canarias respecto a la media nacional al aplicar la nueva propuesta de modelo de financiación (utilizamos para ello los cálculos realizados por Ángel de la Fuente en Sobre la propuesta de reforma de la financiación autonómica: un primer análisis), obtendríamos que la financiación por habitante de Canarias se situaría en un 95% de la media nacional; es decir, se consolida el posicionamiento alcanzado en estos últimos años, lo que supone desde mi perspectiva un punto de partida positivo.

Pero lo que me parece más interesante es que el nuevo modelo de financiación propuesto viene asociado a una reforma paralela del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). De tal forma que, aquellas comunidades autónomas que, como Canarias, queden con este nuevo modelo con una financiación por población ajustada por debajo de la media nacional recibirán una dotación anual extraordinaria del FCI equivalente al importe necesario para situar a esa comunidad autónoma en la media nacional. Teniendo en cuenta las circunstancias de Canarias, que partiría de un 95%, según nuestras estimaciones, esto supondría recibir como mínimo en torno a 500 millones de euros adicionales del FCI.

Es decir, según el nuevo esquema propuesto, Canarias recibiría del nuevo sistema de financiación un 95% de los recursos de la media nacional por población ajustada, consolidando la posición en el modelo actual, a los que se suman otros 500 millones de euros adicionales del FCI, lo que nos colocaría en un 100% de los recursos de la media nacional (tal y como reflejamos en el gráfico) y, además, contaríamos por completo con todos los recursos generados por nuestro REF. El incremento estimado de recursos sería por tanto de 1.111 millones de euros para Canarias con el nuevo modelo, un aumento de 495 euros por población ajustada, superando así la aportación media que hace el nuevo sistema (466 euros).

Por estos hechos objetivos considero que la posición de partida de la propuesta realizada es buena para Canarias. Hay aspectos que se pueden mejorar, por supuesto. Habría que pelear una ponderación de un 0,6% de la insularidad en el cálculo de la población ajustada (manteniendo su nivel actual), defender que la superficie de Canarias se calculara contemplando también nuestro mares interiores (como recoge el Estatuto de Autonomía), que en el fondo climático se incluyera a Canarias en las mismas condiciones que las regiones mediterráneas dadas nuestras objetivas vulnerabilidades al cambio climático, o negociar que los recursos extraordinarios que se proponen del FCI se puedan destinar no solo a gastos de capital sino también a determinados gastos corrientes que influyen claramente sobre nuestro potencial de crecimiento y productividad, como la formación profesional dual, la educación de 0 a 3 años, los programas de I+D+i, la financiación de las universidades públicas…

Valoremos con objetividad las ventajas que aporta esta propuesta de financiación autonómica a Canarias y trabajemos de la mano para defender las cuestiones que desde el Archipiélago entendemos fundamentales, como han sabido hacer otros. Seamos proactivos, tomemos el liderazgo y defendamos los intereses de Canarias, en este asunto merece bastante la pena.

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