Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros

Marruecos y Mauritania concentran casi tres cuartas partes de las ayudas pesqueras que la Unión Europea (UE) ha destinado a países fuera de su territorio desde 1979. En términos económicos, ambos han recibido 3.500 millones de euros de un total de 4.800 millones asignados —es decir, el 73,3%— en más de cuatro décadas, según el estudio El impacto de los acuerdos pesqueros de la UE en los países del Sur durante 45 años, publicado en la revista Nature.

A pesar de estas cifras, el impacto de los acuerdos en el suministro europeo de pescado es limitado: apenas aportan entre el 4% y el 8% del total consumido en Europa. La mayor parte del pescado procede de otras fuentes, y los beneficios se concentran en un número reducido de buques industriales, lo que sugiere que los recursos invertidos por la UE garantizan más el acceso a las aguas que el abastecimiento del mercado europeo. La lectura es clara: existe un desequilibrio entre la inversión económica realizada y los resultados en términos de consumo.

Esta situación se ve agravada por la irregularidad y la disminución en el número de acuerdos a lo largo del tiempo. Tras el primero firmado con Senegal en 1979, la UE llegó a suscribir hasta 22 acuerdos activos; sin embargo, en enero de 2025 solo permanecían nueve, ya sea porque algunos fueron denunciados por los países socios o porque otros simplemente expiraron. Pese a estas dificultades, el alcance geográfico de los acuerdos se ha expandido de forma constante, abarcando numerosas Zonas Económicas Exclusivas, especialmente en África, y centrando actualmente sus esfuerzos en grandes especies pelágicas, como el atún. Mauritania constituye la principal excepción: su acuerdo se enfoca en especies pequeñas pelágicas, incluyendo sardinas, caballas, calamares y anchoas.

Los acuerdos

La paradoja central es que, mientras el dinero público destinado a estos acuerdos sigue aumentando, solo un reducido número de barcos opera y se beneficia de los fondos. De hecho, apenas entre el 0,1% y el 0,4% de la flota total europea ha participado en pesca en aguas extranjeras. Una minoría que, sin embargo, ha recibido importantes sumas desde 1979. Si se desglosan los datos, Mauritania emerge como el principal beneficiario, con el 40,9% del total asignado. Marruecos concentra el 32,4%.

El estudio advierte además que existe una relación clara, aunque no cuantificada, entre la degradación de los recursos pesqueros y el empobrecimiento de los pescadores artesanales, un fenómeno que no ocurre de manera aislada, sino que se traduce en un aumento de la migración irregular, con Canarias como principal puerta de entrada a Europa. La escasez de recursos ha empujado a pescadores y jóvenes costeros a emprender la ruta atlántica —considerada la más peligrosa y letal del mundo— en busca de alternativas para sobrevivir. La situación afecta especialmente a países como Senegal, donde la pesca constituye uno de los principales motores económicos y se ha visto mermada por la actividad de grandes buques, en muchos casos europeos.

A esta compleja realidad se suman los conflictos legales derivados de los acuerdos pesqueros, muchos de los cuales han generado controversias en torno a la soberanía. El caso de Marruecos resulta relevante: en 2024, el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal uno de los acuerdos firmados, al considerar que vulneraba el principio de autodeterminación del pueblo saharaui. Según el estudio, estas disputas no solo generan tensiones políticas, sino que también afectan la relación entre las flotas industriales extranjeras y las comunidades locales, lo que fomenta los conflictos sobre el acceso y la explotación de los recursos pesqueros.

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