El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general

El fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano, avanzó ayer en la primera sesión del juicio por la pieza separada número uno del caso Mediador que investiga por un presunto delito de cohecho al empresario Antonio Bautista, al general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y a Marco Antonio Navarro Tacoronte [el mediador] que «los propios acusados hablaban en sus conversaciones telefónicas de haber sobornado al general».

El representante del Ministerio Fiscal presentó de esta manera el caso a los miembros del Tribunal del Jurado. «El delito de cohecho es un término jurídico con el que pueden estar familiarizados o no. Así que hablemos de soborno, porque son los propios investigados los que hablan así», añadió.

El fiscal sostiene que esta causa investiga «actos corruptos incompatibles con un Estado de Derecho». «Se utilizó la influencia de un alto funcionario, un general de la Guardia Civil, para que un empresario de la Península, dedicado a la instalación de placas fotovoltáicas, conectara con personas influyentes en las Islas que le facilitaran ampliar su negocio en Canarias». Para el fiscal, los acusados cometieron cohecho por lo que pide que cada uno de ellos sea condenado a un año de prisión.

Las defensas ejercidas por los abogados José Manuel Niederleytner (Bautista), Antonio Domingo Tapia (Espinosa) y José Antonio Domínguez (Tacoronte) rechazaron las acusaciones del fiscal y explicaron a los miembros del jurado que «para que haya un delito de cohecho tiene que estar implicado un cargo público o funcionario que hubiera recibido dinero, regalías o dádivas en el ejercicio de sus funciones». Los tres letrados defienden que las relaciones que emprendieron los tres acusados «se celebraron en el ámbito de su agenda privada».

Cuatro elementos que sostienen el cohecho

El fiscal sostuvo ante los miembros del jurado que el cohecho se sostiene por cuatro elementos: «Hubo entregas de dinero, hubo regalos, viajes y estancias en hoteles; se acordó contratar a la esposa del general como comercial en la empresa de Bautista con un salario de 3.000 euros y, cuando Espinosa dejara su actividad en la Guardia Civil, también sería contratado por Bautista para expandir el negocio.

Serrano indicó que aunque no se formalizó ningún contrato por parte de Bautista por mediación de Navarro Tacoronte y Espinosa, argumentó que «la mera acción de intentar corromper a un cargo público aunque este no acepte, es delito».

Serrano argumentó además que hay registros de pagos de cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros entre Bautista y el mediador, o el pago de billetes de avión, alquiler de coches y estancias en un hotel de cuatro estrellas en Fuerteventura para Espinosa y su mujer, al igual que los 61.000 euros hallados en su casa, un dinero de difícil justificación, acreditan el cohecho».

La defensa de Bautista, que ayer ejerció un compañero de despacho de Niederleytner, destacó que «de lo único que se le puede acusar al empresario es de ser un ingenuo». «Este juicio no va de cohecho o de compra de funcionarios. Este juicio va de un empresario que cometió el error de confiar en la gente equivocada, sea por negligencia, ingenuidad o estupidez». Ese error, dijo, «lo paga desde entonces» porque «se marchó de España para poder trabajar» tras aparecer relacionado en este caso tan mediático.

Bautista confió en Navarro Tacoronte y el general Espinosa, quienes le «vendieron» su capacidad de mediación en la firma de contratos con empresas o entidades para instalar placas fotovoltáicas, unos acuerdos que nunca llegaron a materializarse. «Fueron meras expectativas, vendieron humo porque sus gestiones tuvieron el mismo recorrido que si él mismo hubiera entregado sus propuestas a los potenciales clientes directamente, por correo electrónico o por fax» .

El abogado de Espinosa aseveró que los delitos que se atribuyen a su cliente son «muy graves» y criticó que «lo que pretende el fiscal es criminalizar una actividad privada» porque «ponerse en contacto dos amigos no es delito». Abundó en que «ni hay funcionarios ni cargos públicos» implicados, pues los hechos ocurrieron de mediados a finales de 2020, cuando Espinosa llevaba tres años en situación de «servicios especiales», es decir, que «ni era guardia civil, ni funcionario; había entregado su placa, su arma y su uniforme, y trabajaba por cuenta ajena en una fundación».

El letrado quiso llamar la atención de los miembros del jurado porque aunque «el fiscal hace especial énfasis en palabras como corrupción, sobornos y general de la Guardia Civil, no deben distraerles de las pruebas y, si creen que son dudosas, no pueden condenar».

Tapia apuntó que «los informes hechos por los guardias civiles están plagados de medias verdades, lo que es más peligroso que una mentira que, por cierto, también hay mentiras completas en sus investigaciones».

El abogado Domínguez Hernández redundó en el «carácter privado» de las actividades hechas por Navarro Tacoronte y los otros coacusados. Explicó que su cliente siempre se dedicó a «poner en contacto a personas, a mediar» y ese «tipo de vida puede ser objeto de críticas o no, pero no es delictivo». «En la causa se documentan hechos sobre los que no hay pruebas para calificarlos como delito».

De hecho incidió en que «ninguno de los negocios que pretendió cerrar el empresario Antonio Bautista se cerró, ninguno fructificó» y eso puede deberse también a que lo que ofrecía el empresario no reunía unas condiciones atractivas para que salieran adelante», abundó el letrado quien a la vez respondió así a la defensa de Bautista para aclararle que «Navarro Tacoronte no pretendió engañarle, cumplió con lo acordado aunque los negocios se frustraran, los pagos que le realizó no se produjeron en el marco de actividades profesionales, no hizo nada más que poner en contacto unas personas con otras», concluyó.

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