Consenso ‘in extremis’ de los grupos del Parlamento de Canarias para blindar los fondos RUP frente a los Estados

El tradicional consenso del Parlamento de Canarias en la defensa del encaje del Archipiélago en la Unión Europea (UE) se mantiene. El acuerdo entre los grupos que apoyan al Gobierno que preside Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI) y los de la oposición de izquierdas (PSOE y NC) se logró apenas a 16 horas del inicio del pleno extraordinario que se celebra este viernes para definir el mandato de la Cámara regional al Ejecutivo canario para que traslade a Moncloa lo que España debe negociar con Bruselas cuando, en unos meses, se debata la propuesta del marco financiero plurianual europeo 2028-2034.

Durante tres días estuvo a punto de naufragar el acuerdo debido a la intención de los grupos del cuatripartito de incluir el tratado comercial suscrito el pasado 9 de enero por la UE con los países que integran Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) como una de las amenazas que afectan a la financiación de los fondos específicos destinados a las regiones ultraperiféricas (RUP), una pretensión que rechazaron de plano PSOE y NC.

Este 'arrecife' amenazó con hundir la nave del consenso sobre la propuesta de texto conjunto que negoció David Toledo, secretario de Organización de CC y presidente del grupo nacionalista, con el socialista Gustavo Matos y la 'canarista' Esther González para elaborar una resolución sobre los objetivos y prioridades de Canarias y salvo con Vox –grupo con el que no se mantuvieron contactos por su ideario antieuropeista–, ya existía unidad de acción previa respecto a oponerse a la nueva estructura financiera propuesta por la Comisión Europea (CE) en julio y que plantea un único fondo para la cohesión económica, social y territorial, agricultura, pesca, prosperidad y seguridad.

Aglutinar un solo fondo

De esta manera, la UE pretende aglutinar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la Política Agraria Comunitaria (PAC) y la Política Pesquera y Marítima, entre otros. Una situación de la que reniega no solo el Gobierno de Canarias sino los grupos parlamentarios. También hay acuerdo entre 67 de los 70 diputados del arco parlamentario en no dejar en manos de los Estados miembros –en este caso España, Francia y Portugal– el reparto de prioridades en acciones que fomenten la cohesión y líneas presupuestarias específicas que compensan los costes adicionales en políticas clave para las RUP, como el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei).

Esta oposición a la renacionalización de los fondos europeos –que supondría una reducción de la capacidad de gestión regional y la desaparición de programas específicos– cimentó el acuerdo de exigir al Gobierno central de Pedro Sánchez, "protección del estatus de Canarias como RUP de la UE, la defensa del acervo RUP y la preservación de los instrumentos específicos que garantizan la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago", además de impulsar la celebración en marzo de una cumbre entre España, Francia y Portugal "con el objetivo de blindar la financiación directa" de los fondos.

La discrepancia, por tanto, apareció con la propuesta elaborada por los grupos gubernamentales en lo que la oposición de izquierdas consideró que era "un claro intento de hacer un guiño" a las asociaciones profesionales agrarias y agrupaciones de productores de las Islas, que manifestaron su rechazo unánime al acuerdo con Mercosur y que estarán presentes en la tribuna de invitados del Parlamento para asistir al debate.

Evaluación de impacto

Como recuerda el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, "ni siquiera aparece mención alguna sobre Mercosur en la comunicación del Gobierno que se remitió a la Cámara y que es el objeto del pleno extraordinario", a menos que el propio Clavijo lo saque a colación durante el debate.

En concreto, desde los grupos de gobierno se buscaba pedir al Gobierno central "exigir a la UE una evaluación sobre el impacto de dicho acuerdo en el sector agrario de las RUP" y "establecer, si fuera necesario, nuevas medidas compensatorias a las explotaciones agrarias de Canarias añadidas a las ya establecidas".

Además, el ‘cuatripartito’ exigía garantías de que "los productos que proceden de las importaciones cumplen rigurosamente con los estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria europea, exigiendo a las explotaciones de los países con los que se tomen acuerdos preferenciales la misma normativa fitosanitaria y zoosanitaria alimentaria que ya cumplen los productores europeos", continuar con el impulso, en el seno de la UE, de la "inclusión de ‘cláusulas espejo’ en los acuerdos comerciales que garantice la reciprocidad en el cumplimiento de la normativa europea de calidad" y, por último, "compensar a los productores isleños por las regulaciones ambientales y territoriales, promoviendo el cambio desde una política que reconozca y recompense el papel de los agricultores en nuestros agrosistemas y ecosistemas".

Asunto vital

"El marco plurianual es un asunto vital para Canarias e introducir otro debate que no tiene nada que ver rompe la plena sintonía que existe sobre la necesidad de defender los fondos específicos para compensar la ultraperificidad", argumentó Franquis.

Máxime, como recuerdan tanto desde el PSOE como desde NC, cuando la propuesta de los grupos de gobierno llega después de que el Parlamento Europeo (PE) votara el miércoles a favor de una moción para remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para valorar algunos de sus aspectos, una decisión que aunque no supone la suspensión automática del acuerdo, sí puede frenar su aplicación.

"¿Qué prisa hay? Estamos encantados de que se debata de forma aislada en otro pleno", insistió el socialista.

Al final, los grupos de gobierno asumieron que el tratado de Mercosur tiene importancia en sí mismo para que se aborde en otra sesión plenaria «de forma específica» y no solventarlo con un punto más de una resolución que versa sobre el marco financiero de la UE.

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