Canarias multa pero no cobra

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, entidad pública adscrita a la Consejería de Política Territorial, recibe una reprimenda de la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe de fiscalización de las cuentas autonómicas de 2024 por la acumulación de multas sin cobrar de ejercicios pasados. En total la Agencia tiene 14,8 millones de euros de sanciones pendientes de cobro, más de la mitad de ellas correspondientes a ejercicios anteriores a 2018, lo que conlleva el riesgo de que prescriban, según advierte también el organismo fiscalizador de la Comunidad Autónoma. La entidad pública se ha comprometido a acelerar los expedientes de reintegro.

En el análisis que realiza la Audiencia de las entidades públicas autonómicas –además de la agencia medioambiental están el Consejo Económico y Social, Radiotelevisión Canaria y la Agencia Tributaria Canaria– el organismo que vigila la disciplina urbanística es el que se lleva la peor parte. En el informe también se revela que la Intervención General de la Comunidad Autónoma apercibe a la Agencia por «múltiples deficiencias» en diferentes aspectos de su gestión económica y financiera. De las entidades públicas es la peor situada en referencia a los derechos pendientes de cobro que se acumulan en el debe de la Agencia.

En el informe de fiscalización se recoge que de multas anteriores a 2018 hay acumulados 6,6 millones de euros, con lo que hay cuantías de hasta ocho y 10 años de antigüedad en las gavetas de la Agencia sin que se hayan cobrado todavía, con el riesgo de que prescriban. En 2019 y 2020 las cantidades adeudadas no fueron significativas pero ya en 2021 comenzaron a incrementarse, de tal manera que en 2021 fueron 1,1 millones; en 2022 ascendieron a 2,8 millones y en 2023 alcanzan los 14,8 millones de euros pendientes de cobrar. La Audiencia indica en el informe que en realidad el pendiente de cobro que ejercicios cerrados asciende a 17,2 millones, si bien apunta que esta cantidad disminuye en cuatro millones de euros respecto al ejercicio anterior.

En el cuadro que incluye el informe de la Audiencia no solo están las cantidades de las multas, sino también las cantidades que se van acumulando por los recargos sobre apremio, los intereses de demora, los anticipos reintegrables y otros ingresos, por lo que las cuantías se incrementan. En el caso de las sanciones anteriores a 2018 la suma de todos los conceptos alcanza los 8,8 millones de euros.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural es el organismo de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos que están consorciados cuya misión es vigilar e inspeccionar que no se cometan ilegalidades en el territorio de la Comunidad Autónoma, incluyendo el mar. Edificaciones y construcciones ilegales en suelo rústico o protegido, vertederos clandestinos, vertidos en barrancos y en el mar, contaminación y otros aspectos lesivos contra el territorio son sancionados por los inspectores de la Agencia, además de por los cuerpos policiales.

En la reforma de la Ley del Suelo que prepara el Ejecutivo regional se amplía el plazo para que la entidad actúe, pasando de seis meses a nueve para intervenir en las infracciones. Además, se endurecen las sanciones por daños ambientales y las multas leves pasan de 60 euros a 300 euros, mientras que las muy graves pueden llegar hasta los 600.000 euros.

Falta de personal

Uno de los problemas de lo que se ha quejado en las últimas legislaturas la Agencia es la falta de personal y la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT), con el fin de cubrir los puestos y hacer más efectivas tanto las inspecciones sobre el territorio como el seguimiento de las infracciones y la resolución de las mismas.

En relación con las anotaciones de la Intervención General, el informe refleja «múltiples deficiencias procedimentales y contables que han generado anulaciones y cancelaciones improcedentes, así como pagos indebidos a terceros». Asimismo se queja de la «falta de seguimiento del proceso recaudatorio de las liquidaciones contraídas que está dando lugar a prescripciones». También la Intervención advierte que «la situación de las cuentas de mayor que soportan la gestión recaudatoria muestra una imagen deficitaria».

Ante este tipo de salvedades la Intervención ha solicitado a la Agencia un calendario de actuaciones para encauzar estas deficiencias. En este sentido se recoge que en octubre se remitió un oficio de la entidad pública en la que se comprometía a depurar las medidas propuestas en el plazo de dos meses, mientras que en noviembre se remitía un listado de devoluciones indebidamente tramitadas. El compromiso era iniciar los expedientes administrativos de reintegro antes de finalizar el año 2025.

No es la primera vez que la Audiencia de Cuentas pone al descubierto las deficiencias del organismo medioambiental a la hora de cobrar las multas que impone cuando se vulnera la protección del territorio, de hecho las sanciones que se imponen por infracciones urbanísticas o al medio ambiente suelen caer en saco roto. La acumulación de deudas antiguas correspondientes a ejercicios anteriores a 2018 ha sido una constante en los informes anuales que realiza el órgano fiscalizador autonómico de la cuenta general.

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