Clavijo cifra en 5.000 millones los fondos RUP que no debe tocar Moncloa

Las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (Canarias, Guayana, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, Azores y Madeira) necesitan aproximadamente 5.000 millones de euros para mantener su estatus RUP en el futuro marco financiero plurianual 2028-2034, según los datos que maneja el Gobierno que preside Fernando Clavijo. Una ficha financiera que, además, no puede estar al albur de cada uno de los estados (España, Francia y Portugal) y que debe ir de forma directa a los territorios alejados del continente europeo.

Estos son los dos parámetros básicos en los que se basa la comunicación del Gobierno que el viernes defenderá Clavijo en un pleno parlamentario extraordinario para lograr la unanimidad de las fuerzas políticas de la Cámara regional en todo lo que tiene que ver con el encaje socioeconómico del Archipiélago en la UE.

En la comunicación que defenderá Clavijo se recuerda que Canarias, junto al resto de las RUP, defiende "la duplicación de la dotación financiera" para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para "tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde 2013": la cifra concreta solicitada es de 3.752 millones de euros para el periodo de 7 años.

Aumento poblacional

Por lo que respecta a los fondos específicos para la política de cohesión, "Canarias solicita la actualización de la cifra de 40 euros por habitante utilizada como base de cálculo para el periodo anterior" 2021-2027 vigente: "entendemos que hay que aplicar el deflactor anual fijo del 2%, lo que daría una cifra actualizada de 46 euros por habitante, dando como resultado la cifra de 773 millones de euros como petición inicial para las dotaciones adicionales" del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que es el principal instrumento de la UE para promover el empleo, la inclusión social, la educación y la capacitación.

De hecho, en 2021 la población de Canarias se situó en  2,18 millones de habitantes y cuatro años después superó los 2,25 millones de habitantes. Según las proyecciones de crecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tendencia de crecimiento está en torno al 1% anual, por lo que en 2034 los residentes en el Archipiélago rozarán los 2,5 millones. Este aumento poblacional es, precisamente, el que Clavijo esgrimirá el viernes en el pleno extraordinario.

Más fondos para cooperación y pesca

Además, y por lo que respecta a la dotación adicional del programa de compensación de sobrecostes del sector pesquero, que para el periodo 2021-2027 tiene una cifra de 88 millones de euros, el Archipiélago pide, "al menos ampliarlo a 101 millones de euros para tener en cuenta los incrementos de sobrecostes producidos con el mismo criterio de las dotaciones adicionales de la política de cohesión".

Y, por último, también es necesario elevar la dotación presupuestaria para el programa Interreg MAC 2021-2027 (Madeira, Azores y Canarias), que es de casi 170 millones de euros del Feder, a lo que se suma la financiación nacional de España y Portugal, que incrementa el total a unos 200 millones de euros. SIn embargo, solo en la tercera convocatoria, que se cerró el 31 de diciembre, se presentaron 118 proyectos por más de 272 millones, superando con claridad la insuficiente disponibilidad inicial. 

Acervo RUP

Como recuerda la comunicación gubernamental, el estatus RUP "no se limita a las dotaciones financieras" -que Canarias calcula en más de 5.000 millones-, sino que comprende "un conjunto de adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en contextos ultraperiféricos".

No obstante, la propuesta financiera de la Comisión Europea (CE) "no garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni ofrece salvaguardas suficientes" para asegurar que las medidas específicas reconocidas hasta ahora se definan por parte de la UE en su conjunto, "sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral" entre el Estado miembro y las autoridades de Bruselas, "lo que no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento" (TFUE).

Para el Gobierno, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia "debe darse desde la unidad de todas las instituciones", pues ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y , como ya dijo Clavijo en su momento, "supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE".

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