Retroceso democrático antes del vermú

Como nadie ignora, el Parlamento de Canarias es inhábil durante el mes de enero. Tampoco es que sea especialmente hábil el resto del año. Después de aprobados los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, y salvo dos o tres comisiones que se suelen despachar rápidamente, sus señorías emprenden unas largas y reparadoras vacaciones que comienzan con los polvorones y terminan con la llegada de los carnavales. En este ejercicio tampoco se produjo ninguna novedad pero casi inevitablemente la era Astrid dejó su impronta en forma de unas carísimas cestas de Navidad de las que ayer sus señorías no querían ni hablar. La terrible chismografía de la Cámara deslizaba que cada cesta -cargadas de delicadezas gourmet- costó entre setenta y ochenta euros y que la presidenta estaba furiosa intentando averiguar de quién había sido la idea de tan oneroso presente. La ocurrencia, afirman, fue por supuesto de la señora Pérez, pero a la presidenta le ocurre mucho eso de olvidar sus propias órdenes y contraórdenes. Pese a todo, el ambiente del salón de plenos era pacífico y satisfecho, tal vez porque en la cuesta de enero no viene mal una dietita para recomponer la economía doméstica de los diputados, que ya se sabe que sufren mucho. No tanto como Óscar Puente, pero llevan también lo suyo. Sonaba insistentemente el timbre para dar comienzo a la sesión, pero como si nada. Todos seguían contándose los regalos y hasta Nira Fierro pareció humana durante algunos minutos departiendo animadamente con algunos malévolos diputados de Coalición Canaria.

La excepcionalidad de la convocatoria estaba signada por el inicio de la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, es decir, el centro solar del ecosistema mediático, la televisión autonómica y su hermana pobre, la radio. La televisión pública es en estos andurriales el alfa y el omega, la luz y la oscuridad, la verdad de todas las mentiras y la mentira de todas las verdades, la virtud y el pecado, la profesionalidad intachable y el amateurismo cultivado, la modernidad y la modernez, el orden vigilante y el desorden creativo, el qué horror y el y tú más, la condena y la salvación, la más extraña salvaguarda de la identidad y su caricatura. Desde hace años, quizás lustros, a los políticos no les interesan los periodistas. Pero la televisión les continúa hechizando. Es un espejo que les erotiza políticamente. Es el reflejo palcolor de su narcisismo ocupacional. Es una lámpara mágica, y por eso se acusan mutuamente de manipularla. Nada de eso es del todo falso, pero tampoco es verdadero. La cuota de pantalla media de RTVC el pasado mes de diciembre fue de 7,4%. En sus mejores momentos, a lo largo de más de un cuarto de siglo de historia, apenas ha llegado a una media 12% de espectadores. Y se incluyen, por supuesto, transmisiones de partidos de fútbol, de galas de carnaval, de erupciones volcánicas, de exaltaciones marianas y de romerías interminables de mucho vino, mucho sentimiento y mucha bosta de vaca.

El proyecto legislativo fue defendido -sin demasiadas alharacas retóricas- por la consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que justificó el trámite de urgencia como imprescindible para poner fin cuanto antes a la confusión, el incumplimiento y el desorden normativo -porque de todo hay- en la que ha estado condenada a desenvolverse la radiotelevisión pública en los últimos años. Sinceramente, a ratos la consejera parecía estar leyendo el temario de unas oposiciones que tuviera ya aprobadas. Dos grupos de la oposición, Nueva Canarias y el PSOE, habían presentado sendas enmiendas a la totalidad. Si una enmienda a la totalidad gana la votación el proyecto no se comienza a tramitar, sino que regresa al Gobierno. Ayer la oposición de izquierdas caminó entre el debate radical de una propuesta legislativa y el obstruccionismo más o menos calculado. Carmen Hernández, la portavoz de NC, hizo una intervención apocalíptica, de la que se deducía la intención de Clavijo de actuar al margen del parlamento y lobotomizar a los ciudadanos a través de una tele al ruin servicio del presidente y de los coalicioneros. A Hernández le escandalizó mucho que la futura ley autorice al administrador único del ente a contratar producciones por un valor de hasta 1.500.000 euros y convertirse en un directivo omnímodo, no como Francisco Moreno, el administrador único durante el llamado pacto de las flores, que pagaba a las productoras audiovisuales con sellos postales y suspiros de Moya. Ya en julio de 2020 a Moreno le fueron ampliadas sus competencias, incluyendo la contratación de equipos, dispositivos e instalaciones para la producción de programas, y Hernández, por supuesto, votó encantada. Nira Fierro pronunció un discurso igual de cañero, pero más inteligente, insistiendo en la ley Clavijo, en la televisión de Clavijo, en la hipocresía de Clavijo, clavando el nombre de Clavijo como la clave de su teclado sonoro. El proyecto de ley presentado por el Gobierno representa nada menos que «un retroceso democrático», según la escandaliza Fierro. Y la gente andando tan tranquila por la calle.

El problema de los socialistas es que fue la izquierda la que boicoteó en el Parlamento durante la pasada legislatura la aplicación cabal de la ley de la radiotelevisión canaria de 2014, llegando a no votar, por ejemplo, a sus propios candidatos a la Junta de Control de RTVC. El PSOE, Nueva Canarias y Podemos congelaron la aplicación de los aspectos más garantistas y democratizadores de la ley de 2014, precisamente porque lo eran y no por ninguna otra razón. Así disfrutaron de una televisión pública -acoplada administrativamente a la Consejería de Hacienda -que no significó jamás un conflicto y donde Moreno actuó como un señor feudal, bajo la cariñosa férula de Román Rodríguez, sin duda el dirigente político con mayor presencia en las pantallas de la televisión autonómica durante sus cuatro años como vicepresidente y consejero de Hacienda. Como siempre, Torres dejaba hacer y dejaba estar. Una segunda contradicción de las izquierdas derivó de una coincidencia temporal: la publicación anteayer de un informe del comité de servicios informativos de TVE fulminando los infumables programas de opinión política a cargo de profesionales como Jesús Cintora e intelectuales como Sara Santaolalla que cubren toda la programación matinal.

Por supuesto, la tramitación del proyecto de ley siguió adelante con los votos de la mayoría. Después se convalidó el decreto ley de medidas urgentes para modificar la Ley del Suelo, pero ya la gente estaba pensando en el vermú.

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