Amenazas, insultos y faltas de respeto: profesorado canario al límite por el auge de agresiones en las aulas
La macroencuesta del STEC-IC revela un deterioro sostenido del clima educativo en las Islas, con un incremento de la conflictividad, una creciente sensación de desprotección y un desgaste emocional que afecta de forma directa a la labor docente

Un aula de instituto. / Ismael Herrero
María Alfonso Rodríguez
El malestar del profesorado en Canarias ha alcanzado niveles críticos. Así lo reflejan los resultados de la macroencuesta estatal sobre la situación docente elaborada por el STEC-IC, que sitúa a la comunidad en la franja más preocupante a nivel estatal en indicadores como clima en las aulas, carga laboral y apoyo institucional. En Canarias participaron más de 1.600 docentes dentro de una muestra estatal superior a las 13.000.
La portavoz del STEC-IC en Gran Canaria, Haridian Moreno, advierte de que «los datos nos sitúan, como mínimo, en la franja más preocupante» y subraya que el malestar docente «no solo existe, sino que está especialmente acentuado» en las Islas. En el caso de Gran Canaria, añade, «la realidad que vivimos en los centros es exactamente la que reflejan los datos: situaciones complejas y sensación de estar trabajando en condiciones límite».
Clima severamente deteriorado
Más del 82% del profesorado describe el clima en las aulas como conflictivo o complicado. Moreno explica que esta situación tiene una traducción directa en el trabajo diario: «el tiempo para enseñar se reduce porque una parte muy importante de la jornada se dedica a gestionar conflictos, interrupciones constantes y situaciones de tensión con el alumnado y, a veces, con las familias».
El estudio recoge también que más del 87% del profesorado considera que este contexto dificulta enseñar, acompañar y apoyar adecuadamente al alumnado. Para el sindicato, el problema no es puntual ni coyuntural, sino que se ha ido consolidando con el paso de los años.

Alumnos entrando a las aulas de un instituto. / María José López
Agresiones normalizadas
Preguntada por las agresiones, Haridian Moreno es clara: «claramente hablamos de un problema estructural, no de casos aislados». En su respuesta señala que «una parte muy importante del profesorado afirma haber sufrido agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado», una realidad que se manifiesta, según recoge la macroencuesta, en insultos, amenazas, faltas de respeto reiteradas y cuestionamiento constante de la autoridad docente, especialmente en determinadas etapas educativas. Estos comportamientos, advierte el sindicato, se han ido normalizando en el día a día de los centros.
Desde el STEC-IC advierten de que esta conflictividad no se limita al aula. El estudio recoge también episodios de presión por parte de familias, descalificaciones públicas y situaciones de tensión continuada que generan miedo, estrés y desgaste emocional entre el profesorado. La falta de consecuencias claras y de protocolos eficaces, añade el informe, incrementa la sensación de indefensión y contribuye al deterioro progresivo del clima escolar.
Burocracia asfixiante
Otro de los ejes del malestar es la burocracia. La macroencuesta revela que más del 95% del profesorado considera excesiva la carga administrativa. Moreno resume esta percepción al señalar que «la sobrecarga burocrática es uno de los factores que más desgaste genera» y que resta tiempo a la preparación de clases y a la atención directa al alumnado.
El estudio apunta que informes, plataformas digitales y tareas administrativas se han multiplicado sin una reducción paralela de otras funciones, extendiendo la jornada laboral más allá del horario lectivo y dificultando la conciliación personal.
Falta de respaldo
La sensación de desprotección institucional aparece de forma reiterada. Según los datos, cerca del 90% del profesorado considera insuficiente el apoyo de la Administración ante situaciones graves de convivencia. En su respuesta, Moreno señala que «cuando surgen conflictos importantes, muchas veces el profesorado siente que se le cuestiona más de lo que se le apoya».
A ello se suma la percepción de escaso reconocimiento social y profesional, un factor que, según el sindicato, erosiona la motivación y contribuye al abandono progresivo de la profesión.

Alumnos en el aula de un instituto. / Javier Lizón
Desgaste emocional
El estudio también refleja una percepción extendida de soledad profesional. Una parte significativa del profesorado considera que afronta los problemas diarios sin apoyos suficientes dentro de los propios centros, lo que incrementa la sensación de aislamiento y desgaste emocional.
Esta situación se agrava, según recoge la encuesta, en centros con mayor complejidad social, donde la falta de recursos humanos y materiales convierte la gestión cotidiana en un ejercicio de resistencia. El profesorado denuncia que estas realidades no siempre se tienen en cuenta a la hora de diseñar políticas educativas.
Desde el STEC-IC se insiste en que los datos no pueden leerse como una queja coyuntural, sino como una advertencia. Ignorar este diagnóstico, advierten, supone asumir el riesgo de cronificar el malestar y deteriorar aún más el sistema educativo público.
Impacto emocional y futuro
El estudio recoge un aumento de los problemas de salud relacionados con el estrés y el agotamiento emocional. Moreno advierte de que «este nivel de presión sostenida no es sostenible a medio plazo» y que el sistema educativo se mantiene, en gran parte, «gracias al sobreesfuerzo personal del profesorado».
La macroencuesta detecta además un riesgo creciente de abandono de la profesión, con dificultades para cubrir determinadas especialidades, alta rotación y precariedad entre el profesorado interino. Una mayoría considera que la retribución no se corresponde con la responsabilidad ni con las exigencias actuales del puesto.
Entre las principales demandas figuran la reducción de ratios, el refuerzo de plantillas, la simplificación real de la burocracia y la implantación de protocolos eficaces frente a las agresiones. Para el STEC-IC, no se trata de peticiones corporativas, sino de condiciones mínimas para garantizar una educación pública de calidad y proteger la salud del profesorado.
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