Carmelo Ramírez y Noemí Santana intentan volar a El Aaiún para comprobar la situación
La diputada Noemí Santana critica la política del Gobierno sobre el Sáhara, oponiéndose a la propuesta marroquí y denunciando que Canarias está en el punto de mira de Rabat

El consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, la diputada nacional de de Podemos y el presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara. / Laura Bautista
EFE
El consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez (Nueva Canarias), y la diputada de Podemos en el Congreso, Noemí Santana, vuelan este martes a El Aaiún para intentar comprobar sobre el terreno la situación de la población del Sáhara y las violaciones derechos que atribuyen a Marruecos.
En unas declaraciones ofrecidas antes de embarcar en el aeropuerto de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, que preside la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, ha explicado que su objetivo es "conocer de primera mano la situación de los Derechos Humanos y recabar información sobre las violaciones de derechos fundamentales que sufre el pueblo saharaui".
También quieren "mantener encuentros con defensores y defensoras de Derechos Humanos y reafirmar el compromiso institucional y solidario desde Canarias con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación".
Entablar contacto
Ramírez ha detallado que buscan entablar contacto con "las organizaciones saharauis defensoras de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos" a la vez que "denunciar la ocupación ilegal" que Rabat realiza desde hace ya 50 años del Sahara Occidental".
"Es un territorio que no pertenece a Marruecos y en el que viola los derechos humanos, encarcela a los saharauis, expolia los recursos naturales", ha defendido Ramírez, que sostiene además que las demandas de Rabat sobre el espacio aéreo, el territorio y el mar territorial del Sahara Occidental constituyen "un peligro para Canarias", situada a apenas 100 kilómetros.
Además, ha expresado su "apoyo y solidaridad a la lucha del pueblo saharaui y ha exigido "la liberación de los 35 presos saharauis que Marruecos tiene encarcelados desde hace ya muchos años". La misma idea ha subrayado la diputada en el Congreso Noemí Santana, que ha destacado que "ya son 50 años de ocupación marroquí del Sáhara Occidental, con lo que esto conlleva".
"Como representantes públicas tenemos una responsabilidad. Por ello que queremos llegar al territorio ocupado para denunciar esta situación y más en el contexto internacional que se está dando en los últimos meses", ha indicado la también secretaria general de Podemos en Canarias.
La nueva política
Noemí Santana ha calificado además de "vergonzosa" la nueva política del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sahara, que sostiene que la propuesta de Marruecos de convertir ese territorio en parte de su país con un régimen de autonomía ofrece en la actualidad la base "más seria, realista y creíble" para solucionar el conflicto.
"Queremos desligarnos completamente de esas declaraciones, ya que fue una decisión que ni siquiera pasó por el Congreso de los Diputados", ha dicho la diputada. La líder de Podemos en Canarias asegura que se toma como " responsabilidad alzar la voz, hacer esta denuncia y acompañar al pueblo saharaui, que debería ser el soberano en tierras que a día de hoy están ocupadas ilegalmente".
"Ha declarado abiertamente y de forma, incluso, diría yo, transparente, sus intereses respecto a Canarias. Nos tiene en el punto de mira", ha opinado. Asimismo, Noemí Santana juzga "absolutamente bochornoso" que el presidente Fernando Clavijo "priorice los intereses de unos pocos empresarios en Canarias, en un territorio ocupado, frente a los intereses de todos los canarios", con su apoyo a inversiones para el desarrollo del puerto de Dajla.
Podemos opina que "alentar al empresariado canario a que invierta en Dajla" no solo implica favorecer a un futuro competidor de los puertos de las islas, sino que, a su juicio, supone "contribuir a la comisión de un delito", al tratarse de un territorio "en el ámbito de las Naciones Unidas a un proceso de descolonización".
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