Canarias reclama "lealtad institucional" mientras el conflicto con el Estado retrasa la reubicación de menores

Una nueva disputa entre el Estado y el Gobierno de Canarias en torno a la gestión de los menores migrantes no acompañados pone de manifiesto que no se cumplirán los plazos previstos para ejecutar las derivaciones de los chicos que se encontraban en las Islas antes de la declaración de contingencia migratoria, cuyo vencimiento está fijado para el próximo 19 de marzo, tal y como establece el real decreto. Al término de la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España - celebrado este martes -, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acusó al Ejecutivo canario de no haber remitido a tiempo los expedientes de los menores, mientras que el Gobierno autonómico le reclamó “lealtad institucional” ante lo que considera un señalamiento injustificado.

Según el ministro, la falta de envío de los expedientes por parte de Canarias ha provocado la ralentización del proceso y el consiguiente incumplimiento de los plazos. “Para cumplir el calendario y lograr que todos los niños estén reubicados en marzo de 2026, las comunidades autónomas tendrían que haber enviado la totalidad de los expedientes en noviembre. Sin embargo, en el caso de Canarias —el territorio con mayor número de menores—, donde hay aproximadamente 1.700 chicos, solo han llegado hasta ahora 536 expedientes”, reprochó Torres. Pero desde que se declaró la contingencia migratoria en las Islas, el pasado 29 de agosto, tras triplicarse la capacidad de acogida, las costas canarias han registrado 521 nuevas llegadas de menores migrantes no acompañados. La cifra contrasta de forma significativa con las 551 salidas producidas, tanto a través del mecanismo habilitado para los solicitantes de asilo como mediante la vía ordinaria. El balance pone de relieve la escasa eficacia del sistema para aliviar la presión migratoria que las Islas soportan desde hace años.

Mientras las llegadas por la ruta atlántica continúan, las discrepancias entre ambas administraciones se intensifican. "No entiende que se ponga en cuestión a Canarias”, reprochó la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien además instó al Ministerio de Política Territorial a implicarse activamente en las conversaciones con las comunidades autónomas de destino para la creación de nuevas plazas de acogida. Las comunidades, explicó, alegan no disponer de plazas suficientes y necesitar tiempo para habilitarlas, además de no haber recibido financiación estatal para sufragar dichos recursos.

Los expedientes

La situación dista de ser alentadora. Canarias sostiene que solo se han resuelto 200 expedientes: de ellos, 106 menores ya se encuentran en la Península y en 62 casos se están gestionando los traslados, previstos para las próximas semanas. “Se han enviado 560 expedientes, de los cuales solo se han resuelto 269, por lo que las subdelegaciones cuentan con expedientes suficientes para avanzar”, criticó Delgado, quien añadió que todavía quedan 300 expedientes pendientes de resolución por parte de las subdelegaciones del Gobierno.

La consejera responsabilizó directamente a las subdelegaciones de la lentitud. Mientras en la provincia de Las Palmas los expedientes de nuevas llegadas se paralizan hasta obtener las pruebas de determinación de la edad de los menores con casos dudosos, en Santa Cruz de Tenerife los trámites continúan sin interrupciones. “Quiero recordarle al ministro que detrás de esos números hay personas, cada una con su propia opinión que debe ser escuchada. Hay casos de menores con resolución de traslado que, el día previsto, deciden no irse. Es su derecho permanecer en Canarias, porque por encima de todo está su interés superior”, concluyó Delgado.

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