El PSOE presenta una enmienda a la totalidad a la nueva ley de Radiotelevisión Canaria

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la Cámara regional una enmienda a la totalidad contra el Proyecto de Ley de Ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias -la futura Ley de Comunicación Audiovisual de Canarias- al entender que el texto promovido por el Gobierno regional «dinamita» los contrapesos institucionales, profesionales y parlamentarios que han garantizado hasta ahora el pluralismo social y político en Radiotelevisión Canaria (RTVC). El PSOE solicita la devolución del proyecto al Ejecutivo autonómico.

El PSOE sostiene que el texto no responde a la necesidad de actualizar la Ley 13/2014 ni de superar la parálisis del ente, sino que habilita un modelo de control gubernamental que «debilita de forma grave» la independencia editorial y la función de servicio público.

Pluralismo político

La enmienda subraya que la regulación estatal y autonómica de la radio y la televisión públicas se sustenta históricamente en un principio clave, como es el pluralismo político y social recogido en el artículo 20.3 de la Constitución.

Ese principio se ha traducido en mayorías parlamentarias reforzadas, mandatos alejados del ciclo político, órganos de control profesional y mecanismos sólidos de rendición de cuentas ante el Parlamento de Canarias.

Consejos informativos

Según el Grupo Socialista, el proyecto de ley rompe ese equilibrio y elimina los consejos informativos, órganos internos destinados a velar por la independencia, veracidad y buenas prácticas periodísticas. En lugar de reforzarlos -como ocurre en RTVE y otros modelos europeos, argumenta el PSOE-, el nuevo texto suprime esta figura y deja su eventual creación en manos de los órganos de gobierno, privándola además de funciones reales.

El PSOE advierte también de que se vinculan los mandatos de la Junta de Control y de la Dirección General al ciclo parlamentario, lo que supone abandonar el esquema de estabilidad institucional fijado en 2014 y entrar en contradicción con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Recuerda asimismo que el Consejo Consultivo de Canarias ya ha advertido sobre posibles incompatibilidades con el derecho europeo y sobre el riesgo de comprometer la independencia funcional del ente.

Concentración de poder

Otra de las objeciones destacadas es la «concentración excesiva de poder» en la Dirección General, que podría nombrar libremente alta dirección sin concurrencia pública, autorizar la mayor parte del gasto del ente y asumir delegaciones amplias y permanentes de funciones esenciales.

El PSOE sostiene que esta arquitectura reduce el control parlamentario y abre la puerta a un modelo de gobernanza poco transparente y susceptible de injerencias políticas.

Externalización encubierta

Igualmente, los socialistas alertan de que el texto deja espacio para una posible externalización encubierta de los servicios informativos al no definir con claridad los conceptos de producción y edición, pese a la jurisprudencia existente y a los riesgos que implica para la prestación directa del servicio público.

El Grupo Socialista califica además de «alarmante» la falta de consenso que acompaña al proyecto. Denuncia que el Gobierno no ha buscado diálogo real con los grupos parlamentarios ni con los profesionales o sindicatos del sector, y que el trámite de información pública se ha limitado al mínimo legal, sin participación efectiva.

Devolución del texto al Gobierno

Por todo ello, la enmienda plantea la devolución del texto al Gobierno autonómico, no para mantener la situación actual, sino para abrir una negociación que permita actualizar la normativa audiovisual respetando los estándares constitucionales y europeos sobre independencia, pluralismo y servicio público.

El Grupo Socialista reitera su disposición a trabajar en una nueva ley que garantice eficacia, pero también pluralismo, independencia editorial y respeto a los principios democráticos.