La ‘comisión covid’ vuelve al trabajo tras meses de prórrogas y sin conclusiones

La comisión del Parlamento de Canarias que investiga las posibles irregularidades en las compras de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia vuelve a reunirse esta semana tras varios meses de parón y una sucesión de prórrogas que han ido aplazando, una y otra vez, la presentación de sus conclusiones definitivas.

La conocida como comisión covid retoma así una investigación que se puso en marcha en mayo de 2024 y que, camino ya de los dos años de recorrido, continúa sin cerrar su informe final. En este tiempo, el calendario inicial se ha ido desdibujando a golpe de ampliaciones de plazo, periodos inhábiles y dificultades para compatibilizar los trabajos de la ponencia con otras prioridades parlamentarias, como el debate presupuestario o la agenda política del último trimestre del año.

La última prórroga, acordada a finales de noviembre, extendió el plazo de la comisión hasta el 31 de marzo y habilitó el mes de enero como periodo hábil para reactivar los trabajos. Un nuevo retraso que se suma a los anteriores, después de que la previsión inicial situara en octubre la entrega del dictamen definitivo sobre una de las investigaciones parlamentarias más largas de la historia reciente de la Cámara regional.

Desde su constitución, la comisión ha escuchado a más de 40 comparecientes entre responsables políticos, altos cargos, técnicos, empresarios y expertos. El foco de la investigación se ha centrado en las contrataciones de emergencia realizadas durante los primeros meses de la pandemia, cuando el Gobierno de Canarias recurrió a procedimientos excepcionales para adquirir material sanitario en un contexto de desabastecimiento global, precios disparados y máxima urgencia.

Cuatro millones

Entre los casos más controvertidos analizados figura el contrato de cuatro millones de euros abonados a la empresa RR7–propiedad de Rayco González– por un millón de mascarillas que nunca llegaron, así como el debate sobre la ausencia de controles previos de solvencia técnica y financiera en algunas adjudicaciones. La comisión también ha examinado el funcionamiento de los comités –científico y técnico– creados durante la crisis sanitaria y el reparto de responsabilidades políticas en la toma de decisiones adoptadas al amparo del procedimiento de emergencia previsto en la ley estatal.

Ese análisis ha ido derivando en un pulso político cada vez más marcado. En el informe preliminar redactado por Raúl Acosta –presidente de la comisión investigadora– se apunta a responsabilidades políticas –no penales– del expresidente canario Ángel Víctor Torres y de los entonces consejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo, lo que desató una fuerte controversia y eclipsó, durante semanas, la segunda vertiente de los trabajos: la propuesta de medidas para reforzar los controles en futuras emergencias.

En ese contexto se produjo uno de los últimos episodios relevantes de la comisión. El pasado 15 de diciembre, el Parlamento rechazó volver a citar a Torres, pese a la insistencia del PP, que vinculó su petición al informe de la Unidad Central Operativa (UCO). La iniciativa solo contó con el respaldo de los populares y Vox, mientras que CC y AHI optaron por la abstención y ASG, PSOE y NC votaron en contra al considerar que no existían hechos nuevos que justificaran otra comparecencia.

Aquella decisión evidenció fisuras internas entre los socios del actual Gobierno autonómico y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el sentido de seguir prolongando una comisión que, para algunos grupos, ya dispone de información suficiente para cerrar un dictamen. Otros, en cambio, han defendido hasta el último momento la necesidad de agotar todas las vías posibles antes de dar por concluida la investigación.

Propuestas

Más allá del cruce de acusaciones, la comisión ha avanzado en una serie de propuestas orientadas a reforzar los mecanismos de control en situaciones excepcionales. Entre ellas figuran la realización de auditorías automáticas en los contratos de emergencia, una mayor transparencia en la publicación de adjudicaciones, la creación de un registro preventivo de empresas solventes o la revisión del marco legal estatal para acotar la excepcionalidad y reforzar la rendición de cuentas.

Ahora, con la reanudación de los trabajos, la comisión entra en una fase decisiva para cerrar una investigación que se ha ido dilatando con el paso de los meses y que acumula retrasos desde el pasado otoño. Un calendario cada vez más ajustado para culminar un informe que se ha hecho esperar tanto que, de seguir este ritmo, corre el riesgo de verse adelantado por el avance de otras causas judiciales vinculadas a la trama de las mascarillas antes incluso de que el Parlamento de Canarias logre poner el punto final a sus conclusiones. A este paso el Tribunal Supremo cierra antes la causa contra Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y figura central en la trama de corrupción.

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