Canarias activa renovar el AIEM en Bruselas con una ‘guerra’ en las Islas

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha los trámites para renovar el AIEM a partir del 1 de enero de 2028, un proceso que vuelve a situar el tributo en el centro del conflicto entre productores e importadores y que, en esta ocasión, se dirimirá tanto en Bruselas como en las Islas. Para la industria, el arbitrio actúa como protección frente a la competencia exterior; para importadores y pymes, el problema no reside en proteger a la producción local, con lo que están de acuerdo, sino que el mecanismo actual encarece lo que entra en las islas y se traslada al consumo.

El Consejo de Gobierno del pasado 23 de diciembre acordó iniciar el procedimiento de renovación del tributo y solicitar al Gobierno de España que comunique formalmente a la Dirección General de Fiscalidad y Aduanas de la Comisión Europea la intención de prorrogar el gravamen. La comunicación estatal resulta necesaria al ser el Estado el interlocutor ante las instituciones comunitarias.

Trámites y calendario europeo

A propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Ejecutivo autonómico mandató al departamento para iniciar los trámites con la Secretaría de Estado de Hacienda con el fin de canalizar la solicitud hacia Bruselas y garantizar la continuidad del arbitrio en el próximo periodo.

El AIEM es un impuesto estatal que se aplica en Canarias, de naturaleza indirecta, que grava en fase única determinados bienes importados para proteger a la producción local. Los tipos aplicables son del 5%, 10% y 15%, y el listado de productos afectados se revisa periódicamente.

Un debate económico de fondo

La renovación deberá estar autorizada por la Comisión Europea antes de su entrada en vigor el 1 de enero de 2028. Mientras tanto, la Consejería de Hacienda abrirá una fase de consultas con los sectores implicados y con las áreas del Gobierno vinculadas al arbitrio para recabar aportaciones de cara al nuevo listado de productos a gravar.

El proceso de renovación reabre un debate que lleva años instalado en la economía canaria. Desde hace casi un cuarto de siglo, importadores, distribuidores, comercio e industria discrepan sobre la función del AIEM, el alcance de la protección a la producción local y el impacto que el gravamen pueda tener sobre la cesta de la compra. En las últimas revisiones, el ajuste del listado de productos ya provocó fricciones entre los sectores, con posturas enfrentadas sobre si el arbitrio cumple con su objetivo o si, por el contrario, encarece el consumo en un territorio con fuertes condicionantes logísticos.

Críticas y oposición empresarial

El expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios e importador, Sebastián Grisaleña, ha reactivado la ofensiva contra el AIEM. Define el arbitrio como una figura «sin sentido» que «castiga injustamente» al consumidor y denuncia falta de transparencia en su gestión. El expresidente empresarial cuestiona que el AIEM proteja realmente a la industria y lo define como un tributo con «afán recaudatorio» que solo sirve para alimentar las arcas públicas canarias. Según sus cálculos, el último ejercicio cerró con una recaudación de 305 millones de euros, cifra que podría superar los 315 o 320 millones en 2026, recursos que se reparten entre el Gobierno, ayuntamientos y cabildos.

Grisaleña sostiene que el recargo puede elevar el precio final de algunos productos entre un 30% y un 40% y cuestiona el supuesto diferencial fiscal de las islas al asegurar que, en numerosos casos, la suma del IGIC y el AIEM supera al IVA peninsular. Como ejemplo cita el yogur, que tributa en la Península al 4% y soporta en Canarias un AIEM del 15% pese a tener un IGIC cero.

Distribución y comercio

La Asociación de Grandes Distribuidores de Canarias (Asodiscan) también reclama ajustes profundos. Su secretario general, Alfredo Medina, considera que el AIEM es «excesivo» y no se adapta a la estructura económica del Archipiélago. Sostiene que el arbitrio puede provocar un «efecto inflacionista» cuando el producto importado se encarece y el local eleva su precio hasta justo por debajo. Asodiscan reclama retirar del listado los productos sin fabricación local –como la gasolina, por ejemplo, tras el cierre de la refinería en 2014– y propone un estudio técnico producto a producto para el periodo que comenzará en 2028.

La Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco) considera que el AIEM está «totalmente obsoleto» tras casi 25 años sin una revisión en profundidad. Su presidente, Raju Daswani, indica que en algunos sectores la producción local solo cubre alrededor del 30% de la demanda y que el 70% restante depende del producto importado, por lo que considera injusto cargar el impuesto sobre el consumo. Fedeco respalda la protección industrial, pero aboga por una reducción drástica del listado y una actualización de los códigos arancelarios para limitar el arbitrio a los artículos que compiten con la producción local.

La industria defiende el arbitrio

Todo tiene su cara y su cruz. La Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) defiende la renovación del AIEM como instrumento necesario para compensar los sobrecostes estructurales de producir en el Archipiélago. Su presidente, Virgilio Correa, sitúa esos costes adicionales en el 29% de la facturación y recuerda que las ayudas al funcionamiento –incluido el AIEM– solo compensan entre el 8% y el 14%.

Rechaza que el arbitrio tenga repercusión relevante en la cesta de la compra y sostiene que la incidencia es «cero o casi cero» en las grandes cadenas nacionales, invitando a comparar precios de productos de marca blanca entre Madrid y Canarias. Asinca advierte de que sectores como el tostado de café o la elaboración de chocolate dependen directamente del arbitrio y muestra disposición a revisar el listado para retirar productos sin fabricación local, siempre que se haga sin comprometer actividades industriales en las islas. También desvincula el aumento de recaudación del tributo en sí y lo atribuye al encarecimiento de la cesta de la compra.

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