El SCE prolonga tres años más la interinidad de 158 técnicos de empleo

La solución del Servicio Canario de Empleo (SCE) para no quedarse sin personal que atienda a los desempleados y a las empresas sigue siendo mantener la interinidad de los técnicos de empleo, que llevan cuatro años adscritos a un programa temporal sin que sus puestos se hayan estabilizado ni ofertado para que formen parte de la estructura laboral de este organismo autónomo del Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico ha creado una unidad administrativa temporal formada por el mismo número de plazas de técnicos que había hasta ahora —158—, con una duración de tres años y un gasto de 26 millones de euros entre 2026 y 2028. El SCE admite que se encuentra con la «necesidad urgente» de nombrar personal funcionario interino en el cuerpo de técnicos de empleo para dar continuidad al trabajo que realizan desde 2022 y que es esencial para la «prestación eficaz» de los servicios en materia de control de subvenciones, atención personalizada, prospección empresarial, inserción laboral, formación profesional para el empleo y tareas de gestión y ejecución de las políticas activas de empleo.

A mediados del año pasado, los 158 técnicos de empleo del SCE lanzaron la voz de alarma ante la incertidumbre que se cernía sobre ellos porque el 31 de diciembre de 2025 se extinguían sus contratos con el organismo autónomo, al cumplirse los cuatro años del programa iniciado en 2022. La escala de Técnicos de Empleo se creó en la ley de presupuestos de 2017, pero no fue hasta después de la pandemia cuando se dotó con fondos para tres años prorrogables por un cuarto, que se cumplió el pasado 31 de diciembre. Se trata de personal de grado medio que trabaja en los servicios de orientación, intermediación y prospección del mercado laboral y que con el paso del tiempo se ha convertido en una pieza esencial del SCE en su labor con los parados y las empresas que buscan trabajadores con perfiles determinados.

Ante la carencia de una relación de puestos de trabajo (RPT) estructural y de una oferta de empleo público (OPE) que consolide estas 158 plazas, el SCE ha alargado la interinidad de los técnicos a través de una unidad administrativa temporal, una fórmula ideada para cubrir carencias urgentes de personal en diferentes ámbitos de la Comunidad Autónoma y que se está convirtiendo en algo cada vez más usual. A través de esta unidad se abre una lista de reserva en la que se inscribirán los interesados y que previsiblemente estará integrada por los técnicos que han finalizado sus contratos el 31 de diciembre. El objetivo es dotar la lista con rapidez para que los 158 técnicos se reincorporen a las oficinas del SCE y no se produzca una interrupción del servicio. No obstante, el BOC del pasado día 31 también contempla la reasignación temporal de efectivos y la adscripción provisional para cubrir las plazas con agilidad ante la urgencia de la situación.

Distribución insular

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias, la distribución de los técnicos de empleo por islas será de 70 en Tenerife, 63 en Gran Canaria, nueve en Lanzarote, ocho en Fuerteventura, cinco en La Palma, dos en El Hierro y uno en La Gomera.

El gasto total de esta unidad administrativa temporal asciende a 26 millones de euros, a razón de 8,6 millones anuales hasta 2028, correspondientes a las remuneraciones y complementos de los 158 puestos. El Ejecutivo no descarta prorrogar la unidad si fuera necesario o incluso extinguirla de forma anticipada en caso de que las plazas se oferten y pasen a ser estructurales, como ocurre en otras comunidades autónomas como Galicia, Madrid o Valencia. El SCE deja claro que estos 158 puestos son coyunturales, «no incorporándose a la relación de puestos de trabajo de forma permanente».

Los técnicos que han trabajado en el SCE durante los últimos cuatro años y que ahora cesan han expresado su malestar por la incertidumbre laboral y han mantenido reuniones con los directivos del SCE y de la Consejería de Turismo y Empleo. Entre sus propuestas figura la creación de una RPT antes de finalizar 2025 y su dotación presupuestaria en 2026 para garantizar la continuidad del servicio. A su juicio, mantener la provisionalidad de los técnicos durante tres años más, en un organismo con alta interinidad, supone perpetuar la inestabilidad laboral que padece el Servicio Canario de Empleo.

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