Un centenar de menores rechaza el asilo por las carencias en los centros estatales

La pugna política entre el Gobierno de Canarias y el Estado en torno a las derivaciones a la Península de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo ha tenido consecuencias directas. Decenas de jóvenes han decidido renunciar a su derecho a solicitar protección internacional, con todo lo que ello implica: la pérdida de la posibilidad de obtener protección y refugio en España, así como el acceso a derechos básicos como la residencia legal, el trabajo, la sanidad o la educación. Según cifras del Ejecutivo autonómico, son 99 los menores que han desistido ya de su solicitud de asilo.

Uno de los principales motivos, denuncia el Gobierno de Canarias, es que los centros de acogida habilitados por el Estado para atender a los jóvenes en su tránsito previo a la Península no reúnen las condiciones adecuadas. La situación no es nueva. Desde la Administración autonómica se han denunciado en reiteradas ocasiones las deficiencias de los centros de titularidad estatal, especialmente las del macrocentro Canarias 50, un antiguo cuartel ubicado en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde también se alojan adultos migrantes.

«Los chicos no entienden por qué tienen que pasar por un centro de tránsito en su propia isla o en otra –en el caso de quienes se encuentran en Tenerife, La Palma, Lanzarote o Fuerteventura– para, posteriormente, ser trasladados a otra región de la Península», explica la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, quien añade además que la situación es especialmente crítica en Tenerife: «Llevamos tiempo solicitando que el Estado abra centros estables tanto en Gran Canaria como en Tenerife». En este momento, en Tenerife no hay ningún recurso estatal y el Gobieno autonónimo asegura que el Estado aún no ha comunicado cuándo tienen previsto abrirlos, «pese a que ya hay menores con la protección internacional que permanecen a la espera de ser derivados a recursos de la red estatal».

El vaivén entre centros

Ante este escenario y con el objetivo de evitar los continuos traslados entre centros, así como la incertidumbre que rodea al procedimiento, muchos jóvenes optan por retirar la petición de protección internacional. La mayoría procede de países con condiciones laborales precarias o alega situaciones de vulnerabilidad asociadas a la pobreza, como es el caso de los jóvenes de Marruecos o Senegal. En este contexto, el Gobierno de Canarias ha solicitado en reiteradas ocasiones que los menores sean evaluados en los recursos de acogida en los que ya se encuentran instalados.

Con ello se pretende, además, evitar su derivación al macrocentro Canarias 50, especialmente cuando su intención es permanecer en las islas –en Gran Canaria o Tenerife– por motivos de arraigo. Aunque el tiempo de estancia en este recurso no debería superar las dos semanas, según lo acordado entre las distintas administraciones, en numerosos casos se ha prolongado durante más de un mes. Incluso, trabajadores sociales han denunciado que algunos menores llegaron a dormir en carpas y carecían de productos básicos de higiene.

El panorama resulta aún más grave si se tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de los menores que llegan a las costas canarias sin la compañía de un adulto responsable. Muchos de ellos —especialmente los procedentes de Mali— huyen de conflictos armados y de graves crisis de seguridad y estabilidad política, por lo que su derecho a solicitar asilo está prácticamente garantizado.

El 'no' de los chicos

Desde el inicio de las derivaciones, el pasado mes de agosto, muchos menores solicitantes de asilo se han negado a abandonar Canarias, desanimados por la lentitud del proceso. Según el Ejecutivo regional, esta demora ha generado desconfianza e incertidumbre entre los jóvenes. El escenario resulta poco alentador para la Comunidad Autónoma: los centros de acogida triplican ya su capacidad y, mientras las derivaciones avanzan a cuentagotas, continúan llegando a las Islas menores no acompañados que requieren atención inmediata.

En los primeros días de 2026, varios cayucos han alcanzado las costas del Archipiélago con cerca de un centenar de menores a bordo. De acuerdo con lo previsto en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, los jóvenes que lleguen sin la compañía de un familiar adulto deberán ser trasladados fuera de las Islas en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, hasta la fecha estos plazos no se han cumplido y, en algunos casos, se han superado incluso los dos meses.

Suscríbete para seguir leyendo