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Cataluña avanza en gestión aérea y Canarias exige un trato igualitario

Madrid no ha recibido ninguna solicitud del Gobierno autonómico para convocar la mesa Canarias-Estado en la que tratar este y otros asuntos

Viajeros en la zona de facturación del aeropuerto de Gran Canaria.

Viajeros en la zona de facturación del aeropuerto de Gran Canaria. / J. PÉREZ CURBELO

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

Las Islas miran con envidia a Cataluña, que el miércoles decidió impulsar la creación de su propia Autoridad Aeroportuaria. El Gobierno del Archipiélago esgrime este paso al frente catalán como la demostración de que resulta posible dar carta de naturaleza al Estatuto de Autonomía de Canarias y tener voz y voto cuando el consejo de administración de Aena trata asuntos que afectan a las Islas. Madrid está a la espera de que se les inste a sentarse para dialogar.

El Govern catalán adoptó la decisión precisamente el mismo día en que el consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, anunció más subidas de tasas –la que ya se conocía, del 6,4%, entra en vigor en marzo– para el periodo 2027-2031. Lo uno no es consecuencia de lo otro, sino mera coincidencia, ya que la creación del mencionado organismo está incluida en el pacto PSOE-ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

El Estatuto lo contempla

Canarias no cuenta con una base como esa sobre la que asentar sus demandas, pero sí cuenta con el Estatuto de Autonomía, que tiene rango de ley orgánica. La portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, destacó la necesidad de contar con «voz propia» más allá de Aena, con lo que la convergencia con la posición del Gobierno de Fernando Clavijo es total.

Claro que para caminar en este sentido, el Ejecutivo regional tiene que solicitar a Madrid la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para tratar este y cuantos asuntos estime oportunos en materia de transferencia de competencias. Las últimas que pasaron del Gobierno central al autonómico fueron las referentes al litoral. Fue el final de un proceso iniciado en la anterior legislatura.

Sin noticias en Madrid

En los días previos a las fechas navideñas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señaló que no le ha llegado ninguna solicitud para convocar esa mesa de diálogo. Con la salvedad de la remitida por el secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, el pasado verano y que precisamente incluía la cogestión aeroportuaria entre los asuntos a tratar. Torres explicó entonces que los partidos políticos no están facultados para solicitar el encuentro entre ambas administraciones.

En cualquier caso, la mera convocatoria de la mesa no significa que la entrada de Canarias en el corazón de Aena vaya a producirse. Tampoco lo contrario, quedará en manos de los servicios jurídicos estatales estimar la pertinencia de la solicitud; en caso de negativa, tendrán que argumentar qué impide aplicar una ley orgánica.

Diez años congeladas

Para el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la iniciativa que ha anunciado el Gobierno de Cataluña «pone de manifiesto que otras comunidades están avanzando en dotarse de voz propia y capacidad real de decisión». Una cuestión que en el caso del Archipiélago responde a una absoluta dependencia «del avión para garantizar la movilidad de los ciudadanos, la cohesión territorial y el desarrollo económico» de Canarias.

Las patronales turísticas de las Islas han alertado de la pérdida de competitividad que supone para el destino el encarecimiento de los costes aéreos. Además, la marcha de aerolíneas disconformes con la política que desarrolla Aena –las tasas han estado congeladas los diez últimos años por ley– supone una retracción de la oferta que deriva en un incremento de precios.

«No tiene sentido»

«No tiene sentido que decisiones claves sobre tasas, conectividad o planificación aeroportuaria se sigan tomando sin la participación del territorio al que afectan directamente», subrayó ayer Pablo Rodríguez. Además, con el respaldo del Estatuto, cuyo «texto prevé el desarrollo de una ley estatal específica que permita la participación efectiva de la comunidad autónoma en las decisiones que afectan a los aeropuertos del Archipiélago», completó el consejero.

En su opinión, hasta la fecha «no ha existido la voluntad política necesaria por parte del Estado. Canarias sigue esperando que se dé el paso que permita pasar de los discursos al reconocimiento real de nuestra singularidad como territorio insular y ultraperiférico», insistió Pablo Rodríguez. El ejemplo de Cataluña «demuestra que es posible avanzar hacia modelos en los que las comunidades tengan capacidad para definir políticas propias, con una visión integral y de largo plazo, más allá de Aena. Canarias no pide privilegios, pide equidad y herramientas para defender su conectividad», añadió.

"No es una cuestión identitaria ni competencial, sino una necesidad práctica"

Pablo Rodríguez

— Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

La entrada del Archipiélago en la cogestión «no es una cuestión identitaria ni competencial, sino una necesidad práctica», razonó, por lo que «si otras comunidades están dando pasos para reforzar su capacidad de planificación aeroportuaria, Canarias no puede quedarse atrás. Pero para que eso sea una realidad hace falta voluntad política, compromiso del Estado y respeto al Estatuto de Autonomía. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo decisiones unilaterales», lamentó.

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