La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias

Canarias lidera el ránking nacional de desapariciones de menores, situándose muy por encima de la media del conjunto del Estado. La Comunidad Autónoma registra 785 casos de menores ausentados de centros de protección, cuya tutela - que tenía el Gobierno canario - ha quedado extinguida, ya sea por haber permanecido desaparecidos durante más de 12 meses o por haber alcanzado la mayoría de edad durante la fuga. El escenario no es esperanzador y pone en evidencia las limitaciones de la red de protección de las Islas. Gran parte de este elevado número de casos se explica por el considerable flujo de menores migrantes no acompañados que dependen de los centros de acogida del Archipiélago. Mientras Canarias denuncia una sobreocupación de sus recursos, cientos de niños desaparecen de ellos, con consecuencias graves: paradero desconocido, incertidumbre sobre su destino y, en algunos casos, riesgo de ser víctimas de redes de explotación, incluida la trata con fines sexuales, tanto dentro de las Islas como en la Península u otros países.

Solo en 2024, la Comunidad Autónoma registró 3.767 denuncias de menores –no solo migrantes– desaparecidos. Dentro de este escenario, Las Palmas sobresale como la provincia con el mayor porcentaje de desapariciones de menores del país: el 87,1% de las denuncias registradas corresponden a personas menores de 18 años. Lejos de tratarse de un fenómeno puntual, los datos apuntan a una realidad estructural: el liderazgo de Canarias en estas estadísticas está estrechamente vinculado a la presión asistencial derivada de la acogida de menores migrantes.

Así lo constata el Informe Anual de Personas Desaparecidas 2025, elaborado por el Ministerio del Interior, cuyos datos dibujan un escenario de clara saturación del sistema de protección. Desde el Gobierno de Canarias se ha alertado en numerosas ocasiones de la presión que soporta la red de acogida, motivada por el continuo flujo de pateras y cayucos que arriban a las costas del Archipiélago con menores que viajan solos, sin la compañía de un adulto familiar. La gravedad de esta situación no ha pasado desapercibida y se ha traducido en cierres de centros por presuntos malos tratos, hacinamiento en los recursos de protección y una sobreocupación persistente que acaba desembocando en realidades como esta: chicos y chicas que abandonan los centros de acogida y no vuelven.

Las cifras

En la actualidad, el Archipiélago atiende a cerca de 4.500 menores. Una cifra que duplica el volumen recomendado y que, en la práctica, triplica la capacidad estructural prevista del sistema. La sobresaturación ha llevado a que Canarias se encuentre formalmente declarada en contingencia migratoria, con unos recursos desbordados y sometidos a una presión constante.

Los números refuerzan este diagnóstico. El perfil de los menores ausentados es claro. Casi el 60% de las desapariciones corresponde a jóvenes de nacionalidad marroquí, lo que vuelve a poner de relieve el peso del fenómeno migratorio en esta situación. Algo falla en el sistema de acogida. Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que los centros de protección no funcionan como espacios de internamiento ni como cárceles, sino como recursos abiertos en los que los adolescentes no están privados de libertad. Los menores pueden salir de los centros por decisión propia y, en muchos casos, abandonan los hogares sin autorización y no regresan, o lo hacen varios días después. Los protocolos obligan a los profesionales de los centros a interponer una denuncia cada vez que un menor se ausenta, y aunque posteriormente regrese, en muchos casos esas denuncias no se retiran, lo que podría contribuir a engrosar las estadísticas de desapariciones.

Casos

La situación ya se ha reflejado en varios casos recientes. En noviembre, la Policía Nacional desmanteló una red internacional compuesta por once detenidos, presuntamente dedicada al tráfico de menores desde Canarias hacia Francia, utilizando rutas que pasaban por Marruecos y Costa de Marfil, y aprovechando centros tutelados del Archipiélago como puntos de tránsito. La investigación se inició tras la desaparición de 13 menores de un centro de Arrecife - Lanzarote -y de uno más del centro de San Bartolomé de Tirajana - Gran Canaria - entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

La denominada ‘Operación Tritón’ confirmó que el grupo criminal empleaba rutas y contactos en Marruecos, Costa de Marfil y España para trasladar a los menores y documentarlos fraudulentamente, con destino final en Francia. En mayo de 2025, los agentes interceptaron en el aeropuerto de Lanzarote a tres menores acompañados por un adulto de origen mauritano, que intentaba embarcarlos rumbo a Madrid. Tras las gestiones iniciales, se comprobó que los menores estaban bajo tutela de un centro de acogida y que su traslado se realizaba sin autorización ni documentación válida. Este caso refleja de manera explícita un patrón: menores que salen de los centros de Canarias y no regresan.

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