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Canarias: la jornada intensiva y sus beneficios educativos frente al debate abierto en Madrid

Mientras Madrid apuesta por la jornada partida, Canarias mantiene la intensiva y trabaja en servicios complementarios, como comedor y actividades extraescolares, para sacar el mayor partido a esta opción

Un aula de Canarias.

Un aula de Canarias. / María Pisaca

Patricia Ginovés

Patricia Ginovés

Santa Cruz de Tenerife

El inicio de 2026 llega con un nuevo debate en el plano de la Educación. La Comunidad de Madrid acaba de aprobar la jornada lectiva partida obligatoria como criterio general para los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. Esta norma se aplicará progresivamente en los nuevos centros y en aquellos que deseen cambiar su modelo. Con esta medida, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende mejorar el rendimiento académico de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias. Este cambio en la capital ha reabierto el debate a nivel nacional y se estudia ahora qué opción garantiza mejor la equidad educativa y el bienestar de los menores. En el lado contrario, Canarias fue una comunidad autónoma pionera en la década de 1990, cuando decidió introducir la jornada intensiva para alumnos y profesores en sus centros educativos públicos.

Con el paso del tiempo, este sistema se ha ido exportando y en la actualidad, además de en el Archipiélago, Extremadura, Baleares, La Rioja y Castilla-La Mancha son las otras regiones en las que esta opción es prácticamente universal en Primaria. En el otro extremo, junto con Madrid, Valencia es otra de las comunidades autónomas que más apuesta por la jornada partida. De hecho, en este último territorio, se mantiene actualmente un sistema de solicitud activa y se acaba de publicar una resolución que regula el procedimiento para que los centros soliciten el cambio a jornada continua para el curso 2026/2027. En Cataluña y País Vasco también predomina la jornada partida.

Apuesta clara

En el caso de Canarias, la falta de colegios necesarios para atender a todo el alumnado fue la razón de este cambio hace ya más de 30 años. Sin embargo, aún existen centros en los niveles de Infantil y Primaria que mantienen la jornada partida, en el caso de colegios concertados o privados. El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, sentencia que, en las Islas, «no nos planteamos modificar la jornada intensiva escolar» puesto que esta «presenta beneficios educativos», entre los que destaca una mayor concentración para el alumnado ya que la energía durante las horas de mañana es superior y se evita de este modo «el desgaste de volver al centro por la tarde». El viceconsejero insiste, además, en que este sistema permite, además, que las familias puedan pasar más tiempo con sus hijos. Asimismo, «ahorra tiempo en transporte y evita interrupciones».

Canarias se convierte de este modo en una importante defensora de este sistema porque permite que el alumnado pueda dedicarle más tiempo al ocio y el deporte, al refuerzo educativo o actividades musicales o culturales en horario de tarde. Es por ello que la Consejería de Educación trabaja para continuar mejorando servicios complementarios como el comedor, las actividades extraescolares y el apoyo escolar y, así, poder sacar el mayor partido a la jornada continua. «Buscamos complementar la actividad escolar de la mañana con actividades personalizadas que se adapten al alumnado y que permitan conciliar la vida familiar según las distintas necesidades», resume José Manuel Cabrera, quien recuerda que «la mayoría de los estudios coinciden en que la jornada partida no mejora el rendimiento y suele asociarse a un mayor cansancio, peor conciliación y productividad igual o inferior a la jornada continua».

Colaboración social

A pesar del debate abierto a raíz del cambio de modelo en Madrid, el Consejo Escolar de Canarias no considera que sea necesario entrar en debate con este tema en las Islas, donde la predilección por la jornada intensiva es clara. La presidenta Natalia Álvarez insiste, no obstante, en la necesidad de «garantizar la conciliación familiar y el apoyo educativo mediante una labor coordinada entre las administraciones con actividades de refuerzo educativo, deportivas o de cualquier otro tipo, así como un compromiso de colaboración social».

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