Canarias estuvo bajo el paraguas de 350 planes de alerta durante 2025
El Cecoes 112 activó menos emergencias que el año anterior pese a enfrentarse a varias dana, inundaciones, caída de las telecomunicaciones y la llegada de las borrascas Claudia y Emilia

Foto de archivo de zonas inundadas en Lanzarote en abril. / L.P. / E.D.

El 31 de marzo de 2002 las oficinas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 en Santa Cruz de Tenerife se inundaron durante la riada que no solo marcó la historia de la capital tinerfeña, sino que evidenció la necesidad de poseer infraestructuras más resilientes para los servicios de emergencia. Aquella pared de agua caída del cielo –129 litros en una hora– provocó inundaciones y daños significativos al edificio del Cecoes, lo que afectó a su operativa habitual, que se desbordó por la magnitud del suceso y requirió traslados de personal y equipos para poder seguir coordinando las incidencias que suscitó el evento meteorológico, tales como la gestión de las miles de llamadas que se recibieron y la coordinación de recursos del servicio de emergencias.
Veinticuatro años después de aquel suceso, el Cecoes tiene más músculo y se consolida como instrumento imprescindible para evitar que las posibles incidencias de los cada vez más frecuentes fenómenos climáticos adversos vayan a mayores y sean tan catastróficas como las del año 2002, como lo demuestra el informe sobre la activación de planes de protección civil, emergencias significativas y simulacros elaborado por el propio servicio del 112.
En total, los servicios autonómicos de Protección Civil y Atención de Emergencias activaron 105 planes especiales, frente a los 123 del año 2024: 75 prealertas, 26 alertas, dos alertas máximas y dos emergencias.

Imagen de archivo de la riada que asoló Santa Cruz de Tenerife el 31 de marzo de 2002. / E.D. / L.P.
Los fenómenos costeros adversos, en el top
A estos planes de carácter regional se suman los 190 planes de emergencia municipales (Pemu) –88 en la provincia oriental 102 en la occidental– y 55 los insulares (Pein), lo que se traduce en que los residentes en el Archipiélago estuvieron alertados durante el pasado año en un total de 350 ocasiones.
En lo más alto del ranking de este ‘alertómetro’ se encuentran los fenómenos costeros adversos (21) los fuertes vientos (17) y las lluvias (10). Por contra, y aunque en el inconsciente colectivo la sequía ocupa un lugar preeminente, lo cierto es que solo se decretaron cinco prealertas por calima y otras cinco por temperaturas máximas.
En la presente legislatura la prevención y la gestión de las emergencias recae en la Consejería de Política Territorial que pilota Manuel Miranda, que hace un análisis positivo de cómo ha funcionado el sistema de protección civil durante 2025: "Los datos reflejan el buen funcionamiento del sistema y la respuesta positiva de la ciudadanía ante las eventualidades que por clima u otras causas se produjeron a lo largo del año".

Imagen de archivo del fuerte oleaje en la costa durante la borrrasca Claudia / Arturo Jiménez
Por supuesto también menciona el "excelente trabajo de los profesionales de las emergencias en Canarias, tanto de carácter autonómico, como municipal e insular, pues son ellos la piedra angular del futuro sistema público de Protección Civil".
No hay que olvidar que 2026 será el año en el que Miranda quiere aprobar la ley del Sistema Público de Protección Civil y la creación de la Agencia Canaria de Emergencias (ACE).
De hecho, el mayor incremento del presupuesto de la Consejería de Miranda para este 2026 se registra en las políticas de emergencias, que incluyen 500.000 euros para crear la ACE y 2,8 millones para el despliegue de unidades de Protección Civil, sin olvidar el inicio de la redacción de la futura ley. A ello hay que sumar los 400.000 euros que el consejero aseguró en el Parlamento que se destinarán a «campañas de sensibilización contra incendios y ahogamientos» y los 229.000 euros al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para "formación, concienciación y vigilancia de los futuros riesgos volcánicos". El objetivo del consejero en este aspecto es claro: "Mejorar la respuesta eficaz ante las emergencias".
Una dana carnavalera
Los episodios más significativos de 2025 que destaca la propia Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias se inician con la dana (depresión aislada en niveles altos) que condicionó los Carnavales desde el 28 de febrero al 6 de marzo y que obligó a activar planes específicos por riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma) debido a lluvias y nevadas.
Precisamente, las llamadas Pefma han sido las alertas más declaradas en las Islas. Sin contar lo que suceda con la borrasca Fermín que inauguró 2026, en abril de 2025 llegaron Nuria (dos días con vientos, fenómenos costeros y fuertes lluvias) y Olivier (dos días de tormentas e inundaciones) y los desbordamientos pluviales que sufrieron el 12 y el 13 de abril varias zonas de Lanzarote, lo que obligó a activar el Peinca específico para esta situación excepcional.

Imagen de satélite del paso de la borrasca Emilia por Canarias en diciembre. / E.D. / L. P.
Claudia y Emilia
Y en noviembre, el Archipiélago se enfrentó a Claudia (siete días que se saldaron con 14 alertas para todo tipo de situaciones) y Emilia (24 alertas desde el 11 al 26 de diciembre). Estas dos borrascas fueron las únicas que fueron calificadas como de ‘alerta máxima’ y las que más incidencias produjeron: el Cecoes 112 gestionó 345 durante el paso de Claudia y el récord estuvo en las 2.225 incidencias durante los primeros tres días de Emilia.
Aunque los fenómenos vinculados a la lluvia y el viento cobraron protagonismo en las últimas décadas en Canarias debido a la riada santacrucera de 2002 y la tormenta tropical Delta de noviembre de 2005 – provocó la muerte de siete personas, dejó sin luz a 200.000 tinerfeños y causó la caída del monumento natural del Dedo de Dios en Agaete (Gran Canaria )–, lo cierto es que los desastres más habituales a los que se enfrentan y temen más los canarios son los incendios forestales.
Durante 2025, y a pesar de las alertas por calima y altas temperaturas, han sido pocas las veces que se activó el Infoca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales) y el primer episodio significativo fue el conato de incendio declarado en la zona de Los Partidos de Franquis, entre los municipios de El Tanque y Santiago del Teide (Tenerife) el 28 de julio. La superficie afectada fue de aproximadamente de 81 hectáreas del terreno, compuesto de matorral y retamas. Además, debido a evolución desfavorable del incendio se desalojó el núcleo de población del Valle de Arriba, en Santiago del Teide. El dispositivo trabajó en la extinción del incendio, pese a las desfavorables condiciones meteorológicas.

La pantalla de un teléfono móvil durante el tiempo en que duró la caída de las operadoras de telecomuicaciones en abril. / María José López / EP
Sin telecomunicaciones
Un mes después, el 23 de agosto, dos conatos de incendio se declararon de forma simultánea en la masa forestal de la isla de El Hierro. Uno de ellos afectó a la zona de Las Asomadas, próxima a la carretera de La Cumbre, mientras que el segundo se localizó en las laderas cercanas al Mirador de Las Playas. Ante esta situación, el Cabildo y el Gobierno de Canarias activaron un amplio dispositivo de emergencias para lograr la extinción de ambos focos. Dos semanas después en el Complejo Medioambiental (PIRS) de Arico fue declarado en la noche del 10 de septiembre. Las llamas afectaron aproximadamente a 200 metros cuadrados de materiales reciclados. La extinción fue compleja debido a la compresión del material, por lo que se optó por dejar que ardiera de forma controlada durante dos días y no dañó instalaciones críticas.
El episodio de alerta más sorprendente ocurrió el 28 de abril como consecuencia del gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a la Península y Portugal. Aunque Canarias no se quedó sin luz –el sistema eléctrico canario es una estructura independiente que no está conectada a la red eléctrica peninsular–, si tuvo un efecto colateral a partir de media tarde: cayeron las comunicaciones telefónicas y se tuvo que decretar la emergencia a través del Plateca (Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil).
Los diferentes planes especiales
El Pefma es el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, que establece cómo actuar ante lluvias fuertes, tormentas, nevadas u otros eventos climáticos extremos para proteger a la población y minimizar daños, activando protocolos y recursos según las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet ).
El Infoca es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias más conocido. Se activa por incendios forestales para prevenir, controlar y extinguir grandes fuegos, coordinando medios y recursos entre administraciones (gobierno, cabildos, ayuntamientos) y movilizando efectivos (brigadas, helicópteros) y alertas a la población para proteger el territorio en temporadas secas de temperaturas consideradas extremas.
El Pevolca o Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico adquirió popularidad en 2011 –volcán submarino Tagoro en El Hierro– y en 2021 con el Tajogaite en La Palma. Es el plan de actuación coordinado para gestionar crisis volcánicas, asegurando una respuesta ágil y eficaz de todas las administraciones, desde la alerta temprana (con el semáforo volcánico) hasta la gestión de la emergencia, involucrando a expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Aemet, las universidades y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para proteger a la población de erupciones tanto subaéreas como submarinas.
El Plateca es el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil que coordina la respuesta ante emergencias que afectan a varias islas o a la región en su conjunto, como catástrofes naturales (incendios, erupciones), contaminación marina o fallos generalizados en infraestructuras, como la caída de las telecomunicaciones durante la tarde/nohe del apagón que dejó sin luz a la Península el pasado 28 de abril.
El Peinca es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en el archipiélago, un documento clave para organizar la respuesta ante este tipo de desastres naturales, estableciendo protocolos y recursos para proteger a la población y bienes frente a inundaciones, funcionando como marco para otros planes insulares y específicos de la región.
El Pemerca es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera que establece los procedimientos y la coordinación para prevenir, controlar y responder ante emergencias graves causadas por accidentes con materiales peligros en las vías del Archipiélago, integrando a los servicios de emergencia para proteger a la población y el medio ambiente.
El Pein es el Plan Territorial Insular de Emergencias que organiza todos los recursos y medios (públicos y privados) para gestionar emergencias en cada isla y define la estructura organizativa, los procedimientos de movilización y coordinación para proteger personas, bienes y el medio ambiente, y se activa según la situación de riesgo.
El Pemu o Plan de Emergencias Municipal, es un documento clave donde cada ayuntamiento planifica cómo proteger a sus ciudadanos y bienes, ya que identifica los riesgos específicos de cada municipio, establece la estructura, responsabilidades y recursos (humanos y materiales) necesarios para actuar, detalla los pasos a seguir por autoridades, servicios de emergencia y ciudadanos durante una emergencia y busca la articulación entre los medios municipales y los de otras administraciones, como el cabildo o el propio Gobierno de Canarias.
El Risqcan es el Plan Especial de Emergencia menos conocido. Se activa por ante el riesgo de accidentes graves con sustancias peligrosas y es clave al establecer cómo responder a incidentes serios con químicos peligrosos en la Comunidad Autónoma, definiendo el marco de actuación para proteger a la población y el medio ambiente frente a accidentes en establecimientos industriales o de transporte que manejen estas sustancias.
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