Sombras en la relación con el Estado y ajustes en la política canaria

El año político que culmina en Canarias se caracteriza por una relación compleja con el Estado, marcada por la dificultad para que se contemplen las especificidades del Archipiélago y la ‘agenda canaria’ pactada para la investidura de Pedro Sánchez, y por una ligera reconfiguración del panorama interno, con el surgimiento de nuevas formaciones y mociones de censura en distintos municipios de las Islas.

Desencuentros con el Estado y financiación autonómica

El primer gran desencuentro de 2025 llegó en enero, con el ‘olvido’ de Canarias en la estrategia del Estado hacia África. El Gobierno central diseñó su hoja de ruta diplomática y económica con el continente vecino sin contar con la participación del Archipiélago, pese a su posición geográfica, sus vínculos históricos y su condición de principal frontera sur de la Unión Europea. Esta exclusión generó malestar en el Ejecutivo autonómico y anticipó el tono que marcaría la relación institucional durante el resto del ejercicio.

Poco después, el foco del debate se trasladó al ámbito financiero con la quita de la deuda autonómica acordada por el Estado tras un pacto con los catalanes de Esquerra Republicana. El Gobierno de Canarias cuestionó la metodología empleada al considerar que penalizaba a las comunidades cumplidoras y suponía una merma de unos 2.200 millones de euros para las Islas.

A lo largo del año, la comparación con los acuerdos alcanzados por el Gobierno central con Junts se convirtió en un elemento recurrente del debate político. Mientras se aceleraban compromisos con la formación catalana para garantizar la gobernabilidad en Madrid, el ‘decreto Canarias’ seguía encallado, reforzando la percepción de un trato desigual.

La relación institucional se judicializó además con un recurso presentado por el Estado ante el Tribunal Constitucional contra distintos artículos de los Presupuestos de Canarias de 2025. En el tramo final del año, el debate sobre la financiación volvió a intensificarse. Tras haber rechazado meses antes que Canarias pudiera destinar su superávit a la reconstrucción de La Palma, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó finalmente ese uso, aunque una semana después amplió la medida al conjunto de las comunidades autónomas en el marco de un acuerdo con Junts.

El episodio reavivó el malestar del Ejecutivo autonómico y coincidió con la controversia abierta sobre la posible integración del Régimen Económico y Fiscal (REF) en el sistema de financiación autonómica. En ese mismo contexto, el Gobierno canario expresó su preocupación por la inacción del Estado ante la negociación del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2028-2034 y la defensa del anclaje de Canarias como región ultraperiférica (RUP).

El cierre del ejercicio volvió a situar a Canarias fuera de una decisión estratégica de primer nivel. El Gobierno central no incluyó a Canarias en la cumbre bilateral entre España y Marruecos, pese a figurar tanto en la ‘agenda canaria’ como en el Estatuto de Autonomía. La exclusión reforzó la idea de un año que terminó de forma similar a como había comenzado en las relaciones de Canarias con el Estado, con el Archipiélago ausente de foros que afectaban directamente a su entorno más inmediato.

Reconfiguración política y tensiones internas

En clave de política interna, el año quebró alianzas, dio lugar a nuevas formaciones y activó mociones de censura. La ruptura de Nueva Canarias desembocó en la creación de Primero Canarias, tras la desconexión de varios alcaldes de Gran Canaria de la formación liderada durante dos décadas por Román Rodríguez, que dejó la presidencia del partido. Primero Canarias celebró su congreso constituyente con Óscar Hernández como primer presidente y comenzó a plantear la necesidad de avanzar hacia la unidad del nacionalismo canario con Coalición Canaria (CC).

Los principales partidos reforzaron sus liderazgos. Fernando Clavijo renovó sin oposición la secretaría general al frente de CC, mientras Ángel Víctor Torres revalidó su cargo al frente del PSOE canario, con el total respaldo de su partido, en un contexto marcado por el ‘caso mascarillas’.

A lo largo del año también se produjeron distintas mociones de censura con pactos de variopinta naturaleza. En Granadilla de Abona, en Tenerife, por ejemplo, CC, PP y Vox se aliaron para desalojar al PSOE de la alcaldía. En Valsequillo, en Gran Canaria, prosperó una moción de censura que apartó al histórico alcalde Francisco Atta, con críticas de Primero Canarias relativas a que detrás se encontraban el PSOE y NC, que negaron su participación.

Todo ello se dio en un contexto en el que Canarias alcanzó un nuevo récord demográfico, superando los 2,26 millones de habitantes, un incremento que añadió presión a los debates sobre vivienda, servicios públicos y ordenación del territorio. La inmigración permaneció como telón de fondo constante del año político.

Y en el plano institucional, en el último tramo del ejercicio, el Gobierno de Canarias impulsó los trámites para actualizar el escudo y modificar la letra del himno autonómico para incorporar a La Graciosa.

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