Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social: «No descansaré hasta que las listas de espera se ajusten al plazo legal en toda Canarias»

Solo restan unos días para que acabe el año. ¿Ya tiene la mirada puesta en 2026?

De lleno. Esta mañana ya estaba hablando con la Secretaría General Técnica de la Consejería sobre un par de cuestiones que tenemos que resolver a principios de enero. El día 30 suele ser un día muy largo para nosotros, el año pasado salimos de aquí a las doce y media de la noche.

Año nuevo, objetivos nuevos. ¿Qué propósitos se ha marcado?

Para el 2026 lo fundamental es bajar la lista de espera en Discapacidad. Ya la hemos reducido bastante en Dependencia y ahora queremos seguir con esta área. Para lograrlo, hemos abierto dos centros, en Garachico y en Gáldar, para que los vecinos de estas zonas puedan certificar el grado de discapacidad. En enero inauguraremos otros tres más –en Santa Úrsula, San Miguel y Agüimes–, lo que nos permitirá, primero, tener más equipos de valoración y, segundo y más importante, que estén más cerca de la ciudadanía y en concreto de este colectivo tan vulnerable. Así les ahorramos mucho tiempo e inconvenientes.

Este año por lo pronto parece que cierra bien, no solo por la apertura de estas sedes, sino porque se han aprobado más de 1.130 millones para los convenios de Dependencia con los cabildos.

Efectivamente. Esta semana firmamos los convenios de Tenerife y de Lanzarote. Sé que Fuerteventura y Gran Canaria lo aprobaron también estos días y que La Palma está también en ello. En cuanto lo apruebe, nos lo envían y tanto la consejera de Sanidad como yo lo firmaremos de inmediato. Después quedarían El Hierro y La Gomera, que lo llevan esta semana.

Las entidades sociales llevan años denunciando que el precio-plaza es muy inferior a lo que necesitan, ¿cree realmente que la financiación propuesta se ajustará al coste real del servicio?

Sí. Un ejemplo es el servicio de alto requerimiento, que pasa de 95 a 156 euros por plaza. Estamos hablando de una subida muy importante. La ayuda a domicilio también asciende de 14 a 20 euros, un incremento que nos situaría como la comunidad que más paga por este servicio. Lo interesante de este convenio no solo es la subida, sino que hemos implantado unos mecanismos para que no vuelva a quedar desfasado, es decir, que si el año que viene hay una subida del IPC, se actualizarán de manera automática. Las entidades llevaban mucho tiempo solicitándolo porque, en muchos casos, eran ellas las que asumían ese coste real. Con el cambio, no solo mejorará el servicio, sino también la estabilidad del personal y sus salarios.

Cuando anunció la aprobación de estos convenios también habló de un protocolo para atender a pacientes sociosanitarios que, aun con alta médica, ocupan camas en hospitales, ¿cómo pretende regularizar esa cuestión?

Tras la firma de estos convenios tenemos un mes y poco para aprobar ese protocolo que se ejecutará en colaboración con los cabildos y con el Servicio Canario de la Salud (SCS). En estos momentos están haciendo alegaciones a ese documento para perfeccionarlo. No solo servirá para pacientes sociosanitarios, sino que también contemplará las urgencias sociales. Aquí entran las personas mayores sin hogar, una situación que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha denunciado en repetidas ocasiones. La idea es dar prioridad a todos estos casos, tengan o no el grado reconocido.

Solo en hospitales hay unos 500 mayores, ¿la solución para todos será una plaza residencial?

No, por eso los técnicos están analizando cada caso. Hay personas que solo necesitan una adaptación en su vivienda o un servicio de ayuda a domicilio un poquito más amplio. En alguna ocasión, también nos hemos encontrado con que, desgraciadamente, lo que hay detrás es un abandono de esa persona.

¿Qué se hace en esos casos?

Cuando detectamos una situación de ese tipo la llevamos a los tribunales. Estamos en contacto siempre con la Fiscalía de Mayores, que además nos ha felicitado porque ninguna comunidad se ha atrevido a usar esta vía. Son personas que, teniendo ingresos y una vivienda, son abandonadas por su familia y eso no podemos permitirlo. Si el juez lo determina nos haremos responsables de esa persona, pero también de sus bienes e ingresos.

La idea, entonces, es crear una especie de puente entre el sistema sanitario y el social, ¿no?

Efectivamente. Esa es una de las líneas que queremos incorporar a la estrategia sociosanitaria, que esperamos aprobar entre enero y febrero. Ahí no solo se incluirían los convenios, sino que además se integraría la simplificación de trámites administrativos y los proyectos de digitalización, con herramientas como la robótica y la inteligencia artificial. Ah, y no me puedo olvidar del tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. Nosotros ya hemos puesto sobre la mesa las necesidades detectadas y, de aquí a finales de enero, los cabildos tendrán que hacer sus aportaciones. Primero hay que saber cuántas plazas necesitamos en cada isla, para luego plantar la financiación. La idea es que el año que viene tengamos ya aprobado ese plan sociosanitario.

Desde el Cabildo de Gran Canaria han denunciado que, sin el apoyo del Gobierno, no podrán seguir abriendo residencias, ¿este Plan de Infraestructuras paliará el déficit de camas?

Aquí hablamos de dos cuestiones: una es la creación de nuevas infraestructuras, centros de día o residencias, y otra son las plazas que están terminando los cabildos y que estarán disponibles el año que viene. Estas últimas se incluirán en el convenio, a través de una adenda. No hay que confundir la construcción con la puesta en marcha del servicio. Por eso, el Cabildo de Gran Canaria miente cuando dice que no vamos a poner en marcha ninguna plaza en 2026. Lo que hemos dicho es que no se pagará ahora porque Hacienda, con toda la razón, me dice que no puede incorporar las plazas si no sabe cuándo estarán terminadas. Cuando sepamos cuántas son, las meteremos con la debida financiación y con los precios aprobados ese año.

Al tiempo que se necesitan estas plazas, también hay que cumplir con las exigencias de Europa, que quiere alejarse de las macroresidencias para cuidar en el hogar. ¿Será posible compaginar ambos modelos?

Claro. A veces, cuando hablamos de plazas sociosanitarias, parece que solo existen las residencias y no es así. Hay que empezar a pensar en la estrategia europea de desinstitucionalización, que defiende que tenemos que crear servicios más cercanos al entorno, para no mover a la persona de su hogar. Para lograrlo, tenemos que tirar mucho más del servicio de ayuda a domicilio y de los centros de día, que están más integrados en la vida comunitaria. Las residencias son necesarias, pero tendrán que ser mucho más pequeñas, más bien serán unidades convivenciales, que es el concepto hacia el que avanza Europa y el Ministerio de Derechos Sociales.

Usted ha denunciado en alguna ocasión que la aportación del Ministerio en Dependencia es insuficiente.

Si te pones a revisar las cifras, la aportación conjunta de los cabildos y del Gobierno Canarias está en torno al 78%. El Estado solo está poniendo el 22%, cuando debería ser algo equitativo.

Con la ayuda a domicilio también ha tenido problemas para encontrar empresas, ¿cómo está la situación?

Es muy difícil encontrar una empresa que lleve su personal hasta sitios alejados, como el sur de Fuerteventura o Anaga. Hemos tenido que sacar una licitación en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura para que esa empresa, que finalmente realice el servicio, se desplace a cualquier punto de las Islas, con independencia de su lejanía. Para hacer frente a esos gastos hemos incrementado el precio por hora.

Este año también se han aprobado dos decretos, uno en Discapacidad y otro en Dependencia, ¿qué impacto han tenido en las listas de espera?

El que más tiempo lleva es el de Dependencia y ha supuesto un espaldarazo a la gestión, con los mejores números de todo el país. Los convenios con cabildos también contribuirán a que el sistema tenga una estructura más fuerte. Y, en Discapacidad, vamos a agilizar bastante los expedientes gracias a la incorporación de personal en las nuevas sedes y al convenio con el SCS, para que su personal nos ayude con la emisión de informes. Yo creo que a lo largo del mes de marzo ya habremos logrado que en las islas no capitalinas desaparezca la lista de espera.

Entonces, va más allá del plazo máximo de seis meses establecido en la ley y se atreve incluso a decir que no habrá espera.

Exacto, no existirá la lista de espera.

¿En qué islas se han acumulado más solicitudes?

En esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife. Aunque es cierto que las islas no capitalinas, al no tener equipos suficientes, son las que más se iban retrasando. Ahora tendremos plantillas más estables en Lanzarote y Fuerteventura, por lo que ahí podremos reducir muchísimo la espera, hasta llegar incluso a cubrir toda la demanda. En El Hierro creo que con la siguiente visita, que están yendo cada 15 días, ya acabaríamos con las solicitudes pendientes. En La Palma nos va a costar más, pero calculo que en los próximos meses estará resuelto.

¿El incremento de la plantilla será suficiente para ajustarse por fin a los tiempos de la ley en todo el territorio?

Sí. La idea es estabilizar la plantilla en los próximos años. El tapón de solicitudes se produjo con la pandemia y con el cambio normativo posterior del Baremo de la Discapacidad. Todo esto hizo que entre 2020 y 2023 no hubiera casi ninguna resolución de grado porque todas eran presenciales, una exigencia que por fin se ha eliminado. A muchas personas ni siquiera tendremos que verlas para valorarlas porque el informe médico es tan tajante –si, por ejemplo, se le amputa una pierna– que no hace falta que acuda presencialmente. Antes también tardábamos hasta un año en registrar la solicitud, mientras que ahora está disponible en unas horas. Es un tema que hemos agilizado bastante; es la primera vez en muchísimos años que se resuelven más peticiones de las que entran.

Este año se acaban los fondos europeos y, por eso, el presupuesto destinado a Juventud es algo inferior. ¿Qué supondrá este recorte para los jóvenes? ¿En qué aspectos lo notarán más?

La financiación europea destinada al área de Juventud era una línea muy pequeñita, unos 400.000 euros, por lo que vamos a poder cubrir ese bajón que ha dado la Dirección General. Lo solventaremos con dinero de la comunidad y con otras líneas del Fondo Social Europeo. Estamos buscando en Bruselas todos esos recursos que el Estado no nos ha dado.

Otro de los asuntos más polémicos de este año han sido los proyectos que dependían de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, ¿están ejecutándose ya?

No solo están en marcha, sino que hemos logrado llegar a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad para utilizar el dinero que no se ha ejecutado este año en remanentes para el año que viene y con proyectos de este ejercicio. Hace unos días hicimos la tercera orden de reparto, por lo que las entidades tendrán el dinero y lo podrán utilizar en 2026. Así no se pierde financiación. Muchas de las iniciativas se desarrollan en el ámbito académico, por lo que les viene mejor emplearlo durante el curso escolar, en lugar de usarlo en un año natural.

Con el descanso navideño llegan las primeras notas, ¿le daría el aprobado raspado a algún área de la Consejería?

Creo que hemos aprobado y que además lo hemos hecho con nota. En Dependencia, los números hablan por sí solos, por mucho que intenten distorsionarlos. También hemos mejorado otras cuestiones como la Renta Canaria de Ciudadanía y hemos avanzado hacia la digitalización. Evidentemente, hay que seguir trabajando. Nosotros no descansaremos hasta que la lista de espera se reduzca, como mínimo, hasta lo que establece la ley. Hemos dado un salto cualitativo importante y hemos crecido en presupuesto. Además, la creación de una Dirección de Mayores ha evitado que las políticas dirigidas a ellos se diluyan en el sistema. Creo que no llegamos al notable todavía, pero sí que nos pondría un bien alto.

Repasado ya este año de legislatura, ¿recuerda cómo se encontró todo cuando se incorporó al puesto?

Cuando llegué había que ir apagando fuegos, había muchas cuestiones en el aire. Con una falta de personal que, pese a que se ha ido supliendo con planes de choque, seguimos arrastrando hoy en día. Y lo que también faltaba era una estructura fuerte, tanto en lo que respecta a la plantilla como al ámbito normativo.

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