Diez años de residencia en Canarias para poder acceder a viviendas públicas

Un nuevo paso del Gobierno de Canarias para restringir el acceso a la vivienda a extranjeros no residentes en el Archipiélago con el fin de paliar la emergencia habitacional. Tal y como se concibe en el proyecto de decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, no podrán solicitar una casa del parque público aquellas personas que no acrediten de forma oficial que llevan al menos 10 años residiendo en el Archipiélago o 15 años de forma discontinua.

El proyecto de nuevo decreto aprobado en la última reunión de este año del gabinete que preside Fernando Clavijo –que será remitido al Consejo Consultivo para que emita el informe preceptivo–incluye criterios de "arraigo y residencia" a la hora de adjudicar la vivienda pública que "priorizan a los residentes", como aseguró el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez.

"Exigir la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción garantiza que el parque público de vivienda atiende prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio", defendió Rodríguez.

La idea que late en el fondo es "reforzar" los requisitos de arraigo y residencia en Canarias "como elemento clave del acceso a la vivienda pública", en la línea que defiende el Ejecutivo regional desde hace dos años y medio para restringir la compra de casas por extranjeros. Una batalla que Canarias libra en varios frentes: el Gobierno de España –que ya propuso a la Comisión Europea (CE) que analice "soluciones específicas singulares en materia de limitación de acceso a la vivienda"–, la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas (RUP), el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la comisión especial sobre la crisis de la vivienda creada en el propio Parlamento Europeo (PE).

Adiós al sorteo

La segunda gran decisión del proyecto de decreto es que dice adiós a la lotería para conseguir una vivienda pública en Canarias, pues el sistema de adjudicación de nuevos hogares del parque público de vivienda sustituye el tradicional sorteo de entrega de llaves por "una baremación objetiva basada en circunstancias sociales, económicas y familiares".

Rodríguez defendió que estas modificaciones «priorizan a los residentes y a los colectivos más vulnerables ante la emergencia habitacional» que vive el Archipiélago, ya que se aumentan los cupos de acceso para los jóvenes –del 5% al 20%– mayores de 65 años –del 5% al 10%–, personas con limitaciones funcionales –del 5% al 10%– y las víctimas de violencia de género -del 5% al 8%- que, además, deben usar los inmuebles adquiridos"como domicilio habitual y permanente".

Asimismo, el proyecto normativo define y regula como nuevos modelos constructivos aptos para vivienda pública las prefabricadas y modulares, ya que Rodríguez rechazó que sean "infraviviendas, sino casas modernas, dignas y adaptadas a nuestro territorio".

Requisitos detallados

El texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.

Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.

Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

Tal y como reconoció el consejero, con este proyecto de decreto Canarias da "un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan".

Plan de Igualdad

Además del decreto para intentar dar una nueva solución a la emergencia habitacional, la última reunión del gabinete celebrada este año dio un respaldo a los primeros planes de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma elaborados por la Consejería de Presidencia que pilota Nieves Lady Barreto, donde se establecen los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidades y de resultado en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su consecución para el personal al servicio de la Administración General y de la Administración de Justicia. Ambos planes abarcan a un total de 11.500 empleados públicos, de los que 8.600 forman parte de la plantilla de la Administración General y 2.900 de la de Justicia.

En los seis primeros meses del año 2026, las Direcciones Generales de Función Pública y de Relaciones con la Administración de Justicia, respectivamente, promoverán las actuaciones necesarias, incluidas las normativas y organizativas, que permitan la correcta aplicación del plan.

El Plan de Igualdad tiene un plazo de ejecución de 4 años, desde 2026 a 2029, pudiendo prorrogarse hasta la elaboración y aprobación de uno que lo modifique.

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